FacebookMeneameWhatsAppTelegramEmailLinkedInCopy LinkCompartir
Cynthia Duque Ordoñez
Desde hace varias semanas hemos visto como las promesas de establecer una renta básica universal y complementaria con las ya existentes e incluso compatible con salarios por debajo del salario mínimo, vuelven al candelero mediático. Sin embargo, el tiempo pasa, la medida quiere implantarse lo antes posible y todavía quedan muchos cabos sueltos.
Los Papas que ha habido en los últimos 100 años
Primero, debemos decir que de momento sabemos que, en principio, se implantaría en junio, a pesar de no disponer de una partida de gasto aprobada capaz de costearlo, por lo que será interesante ver cómo se articula en los próximos presupuestos generales y sobre todo cómo se mantiene a perpetuidad. Sería compatible con los subsidios que otorgan las Comunidades Autónomas y podrían solicitarlas los hogares, o lo que es lo mismo, los núcleos familiares y no los individuos. Esto último arrojaría dudas sobre posibles vicios de ilicitud, ya que si su naturaleza es la misma que el subsidio extraordinario por desempleo o el subsidio para mayores de 55 años se otorgan a la persona y no al núcleo familiar. Posiblemente y como habitualmente ocurre entre las promesas y el resultado técnico existan más que sutiles diferencias. Tampoco está claro que el otorgamiento fuese inmediato, a lo cual habría que sumar los habituales plazos entre la solicitud y la concesión.
Tendrán derecho a solicitar la renta mínima vital los mayores de 23 años españoles y extranjeros residentes al menos un año en España, que hayan vivido de manera independiente durante los tres años anteriores a la solicitud, a menos que tuvieran menores a su cargo. Los solicitantes, por otra parte, no deberán haber tenido unas rentas mensuales promedio superiores a la cantidad solicitada en el último año que oscilarán entre los 462 a los 1.015 euros y cuya vivienda habitual no podrá superar los 100.000 euros de valor.
Uno de los titánicos argumentos en favor de estas rentas es que beneficiarían a familias monoparentales, principalmente madres con hijos a su cargo, drogodependientes y todo tipo de trabajadores con sueldos intermitentes y escasos. E incluso se ha hablado de que las mujeres explotadas sexualmente podrían beneficiarse de ellas. ¿Qué hay de propaganda y qué de realidad?
Empezando por las mujeres esclavizadas. La esclavitud sexual y domestica son en la actualidad las principales formas de esclavitud existentes. Las mujeres víctimas de esclavitud no suelen conocer el idioma, pues habitualmente son víctimas de trata, no cuentan con sus pasaportes, porque sus proxenetas o “amos” se los retienen, sufren malos tratos físicos y emocionales, tienen miedo de la policía y de la Administración, son encerradas, no tienen forma de comunicarse con sus familias, no tienen amigos en el lugar en el que residen, etc. Sin documentación es técnicamente imposible que ellas solas se abran una cuenta bancaria y soliciten el mínimo vital. Es más todos sabemos que no es fácil realizar la mayoría de estos trámites sin la ayuda de un gestor que conozca el proceso, lo cual se convierte en imposible cuando añadimos un desconocimiento del idioma. Por consiguiente, materialmente ellas no van a solicitarlo. Quizás lo hagan de la mano de sus proxenetas a cuyas cuentas se vinculen el cobro de las rentas.
Además, y de acuerdo con las políticas necesarias y demandadas contra la esclavitud sexual, las feministas exigimos al Gobierno una ley abolicionista de la prostitución, en la que se castiguen duramente a puteros y proxenetas, pero que ofrezcan ayuda laboral, psicológica, alojamiento y manutención a las mujeres víctimas del sistema prostituyente.
Por otro lado, muchos inmigrantes son mano de obra ilegal en mercados de trabajo donde el hermetismo en el que trabajan impide a las autoridades laborales descubrir la precarias condiciones en las que muchos inmigrantes son contratados, salvo que ellos mismos, junto con los sindicatos, den la voz de alarma. La introducción de una renta universal compaginable con salarios muy reducidos que permitan enmascarar contratos en los cuales figuren menos horas de las trabajadas y menores salarios puede suponer una consolidación de la economía sumergida, ya que los trabajadores no tendrán alicientes para denunciar su situación irregular ni tampoco las autoridades cuentan con fondos ni personal suficientes a día de hoy para combatir la economía sumergida y los fraudes patronales a la seguridad social y a los trabajadores.
En segundo lugar, a corto plazo pueden parecernos medidas progresistas, pero sin darnos cuenta enmascaran la gangrena del mercado de trabajo a causa de la IV Revolución Industrial, que costará en los países de la CEOE el 56% de su tejido laboral (según un estudio de la universidad de Oxford), y la quiebra de miles de pequeñas y medianas empresas por el cierre durante meses de su actividad a causa del estado de alarma. El trabajo es un derecho, pero también es un deber constitucional, ¿cómo piensa el Estado garantizarlo? Se da por hecho que más de la mitad de los trabajadores serán expulsados del mundo laboral y en vez de realizar políticas para generar empleo creativo, como aconsejan los expertos que están estudiando la actual revolución tecnológica, se cierran las bocas de los posibles insurgentes con rentan mínimas de supervivencia. Con miedo a perder el único sustento posible difícilmente emprendes el camino revolucionario para derrocar el modelo económico capitalista, único causante de que el 10% de personas más ricas de España tengan el 53.8% más de riqueza que el 90% restante.  
España, como otros muchos Estados occidentales europeos, tiene carencias tecnológicas e industriales importantes, que nos hacen dependientes de los países emergentes, que nos convierten en explotadores de países en desarrollo, pero que también nos hacen débiles a su auge económico y político. Empero, contamos con un sector agrícola que a pesar de las políticas de la Unión para su desamortización sigue existiendo para nuestra ventaja táctica, sin embargo necesita grandes reformas para ser útil a la mayoría social y permitir la redistribución de la riqueza, que principalmente aglutino en tres ideas:
  1. Una reforma agraria que pasaría por volver a modelos minifundistas apoyados o sostenidos por grandes cooperativas estatales que ofrezcan a cada agricultor la maquinaria más moderna del mercado y que permitan su uso comunal. Extensas regiones no son cultivadas por sus propietarios, conformando un nicho de riqueza improductiva que el país necesita y que puede y debe nacionalizar o arrendar a largo plazo para generar empleo. ¿Cómo? Subarrendando a pequeños agricultores parcelas no superiores a unas dimensiones concretas de acuerdo al destino de la tierra junto con ayudas financieras y materiales para su cultivo o explotación, a cambio del abono de parte de las rentas obtenidas al Estado. No sólo genera riqueza y crea puestos de trabajo de calidad, sino que mejora las condiciones de vida de los jornaleros que por fin dejaran de estar alienados y trabajarán para su crecimiento personal y sostenibilidad económica.
  2. La segunda medida versa sobre la industrialización de productos de alto valor añadido en la España vaciada con una mejora de la red de transportes, de esta forma se impediría el abandono de los pueblos, se mejoraría la calidad de vida fuera de las grandes aglomeraciones urbanas, reduciríamos el riesgo de contagio de posibles epidemias, mejoraríamos el abastecimiento de las urbes y frenaríamos la desertificación del campo.
  3. En tercer lugar, debemos dar un paso y revertir las políticas de privatización de empresas públicas de servicios básicos para la vida como agua, luz, gas o telefonía. ¿Quién mejor que el Estado para ofrecerlos a precios iguales para todos con independencia del lugar en el que vivas y con la misma calidad? Los beneficios de las grandes multinacionales energéticas o telefónicas serían para las arcas públicas, lo que permitiría una importante rebaja impositiva a las capas obreras.
Por último, ocultando de la ecuación la ineficacia y las motivaciones de control social, ¿es sostenible económicamente de acuerdo al modelo impositivo actual la implantación del ingreso mínimo vital? ¿Es una fórmula de redistribución de la riqueza óptima justo en pleno auge de los partidos fascistas en todos los continentes?
Todo apunta a que el ingreso mínimo vital será económicamente sostenido por un aumento de la carga impositiva, pero ¿a quiénes afectará? Lo ideal sería que fuera sufragado por una mejor ingeniería fiscal que afectase a las grandes fortunas y empresas tecnológicas o bancos que hoy con la legislación actual encuentran la forma de burlar al fisco con sus obligaciones. Para ello se necesitarían reformas materiales en la ley de fundaciones, para que grandes patrimonios o bancos no se constituyan en fundaciones cuya carga impositiva es del 1% de sus ingresos, y la reforma de aquellas lagunas legales o simplemente fallos del sistema, utilizados para reducir grosera o puerilmente su carga fiscal.
El problema no son los tipos impositivos, sino la carencia de instrumentos que permitan su funcionamiento armónico, medios materiales y humanos para poder vigilar su cumplimiento, como deja patente la descomunal desigualdad entre carga fiscal y la capacidad económica en los PGE, donde las mayores cifras son recaudadas del ahorro y salarios de las familias (47%) y de los impuestos directos (30.9%) del total de ingresos estatales.
Una reforma de los tramos del IRPF o del IVA, impuesto que afecta exponencialmente a las capas con menos poder adquisitivo, no hará más progresivo el sistema fiscal, sino que empobrecerá a las capas medias, a las familias de los trabajadores que durante la crisis económica e industrial mantengan el empleo, lo cual nos arrojaría a una inmensa crisis social y quien sabe si a una revolución, que a mi pesar y en vista de la escasa organización, implicación y penetración del movimiento obrero en las barriadas obreras siento tener que dudar de la motivación ideológica de tal revolución.
De modo que las formulas que el Gobierno utilizará para la financiación del mínimo vital son irreales o descansan sobre el aumento de los impuestos a las clases medias y el recorte en servicios públicos como nos anuncia la UE en un clima económico improductivo, dependiente del turismo, y subordinado a la emisión de deuda pública en los mercados financieros, es decir, altamente endeudado y sin futuro de repunte a falta de liderazgo tecnológico.
Por consiguiente, la aprobación de un mínimo vital supone un torniquete que frena momentáneamente la naturaleza de la estructura económica del capitalismo, es decir, una medida keynesiana, pero no elimina el problema estructural, porque las crisis económicas son para el capitalismo la forma de redistribuir la riqueza tras años de bonanza en los que las capas medias y bajas se hayan beneficiado levemente aglutinando la riqueza de nuevo en las capas altas. El capitalismo no es reformable, como diría Julio Anguita “pedir más democracia dentro del capitalismo es como pedirle a un tigre que se haga vegetariano”. ¿Cómo va a ser reformable si es controlado por fondos de capital riesgo que compran cada servicio público que ofrecemos y la deuda pública que emitimos, no por caridad, sino para obtener un beneficio? Ante un impago o perdida de la rentabilidad esperada no dudarán en ejecutar sus créditos o cerrar los negocios poco rentables.
Empero, seguimos estando a tiempo de organizar la rabia de manera constructiva y continuar la lucha de clases en el camino que nunca debió abandonarse: el camino que derroca la dictadura burguesa o del Capital con metas decididas, tales como una revolución agraria frente a los latifundios y tierras no cultivadas de propiedad pública o privada, creación de cooperativas que sumen valor añadido a la materia prima, eliminación de intermediarios y empresas especuladoras de productos alimenticios o de primera necesidad, nacionalización de los servicios esenciales de la comunidad, aumento el parque de viviendas públicas y regulación de los precios del alquiler o alimentos básicos. En otras palabras: luchar, luchar por una vida digna en la cual podamos desarrollarnos como personas, tener un trabajo que nos permita crecer y al mismo tiempo satisfacer nuestras necesidades y las de nuestra familia.  
Las personas han sido y serán siempre, atontadas víctimas del engaño y del autoengaño en política, mientras no aprendan a distinguir detrás de las frases, detrás de las promesas y de las declaraciones sociales, religiosas o políticas, los intereses de clase de los que las divulgan.