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En el punto 261 del programa de Unidas Podemos, en el apartado de
Garantías de Justicia Fiscal, se explicaba la creación de un impuesto a los que más tienen para recaudar un 1% del PIB de patrimonios superiores a un millón de euros, y de forma progresiva.
De acuerdo con los cálculos del banco suizo, España cuenta con 979.000 personas con un patrimonio de más de un millón de dólares (897.000 euros al cambio). Nuestro país figura en octava posición de los países que más han crecido en riqueza media por adulto (50.000 dólares) este año respecto a 2018, y en el puesto 16 entre los países con mayor número de ultrarricos, es decir, personas cuyo patrimonio supera los 50 millones de dólares. A nivel global, el estudio registra 46,8 millones de millonarios en 2019, de los que un 2% son españoles.
«Se trata de un impuesto similar al que se está proponiendo para la UE y Estados Unidos. Tendrá un mínimo exento por primera vivienda de 400 000 euros y gravará con un 2 % los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5 % los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3 % los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5 % los patrimonios de más de 100 millones de euros, de forma que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los mil patrimonios más altos del país. Este impuesto sustituirá al actual impuesto sobre el patrimonio, que es inoperativo, y no podrá bonificarse por parte de las comunidades autónomas», se exponía en el programa.
Ahora, en un momento en el que la crisis sanitaria ha sacudido los cimientos económicos de nuestro país, parece que este impuesto es más necesario que nunca. Unidas Podemos anuncia que será planteado en la comisión de reconstrucción económica y social y pretende recaudar un 1% del PIB (11.000 millones de euros).
Para que la ciudadanía perciba como propias las políticas públicas desarrolladas por el Estado y les conceda plena legitimidad, es imprescindible que se cumpla un principio básico de justicia: que contribuya más quien más tiene. En este escenario de expansión de la desigualdad (desde la crisis, España es el segundo país de la UE donde más ha crecido la desigualdad, hasta veinte veces más que la media europea), aumenta una clase de superricos: un 1 % que, en 2016, ya acaparaba una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20 % más pobre solo posee el 0,1 % de la riqueza.
Se espera que el Gobierno desarrolle una serie de propuestas más a lo largo de la legislatura para garantizar esa Justicia Fiscal: recuperar la recaudación del impuesto sobre sociedades, perdida desde el inicio de la crisis por las ventajas concedidas a las grandes empresas; mejorar la progresividad fiscal del IRPF, igualando la tributación del trabajo y del capital; establecer impuestos sobre las transacciones financieras y de la banca, y dedicar una atención especial a los grandes defraudadores fiscales.