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Un estudio demuestra que alargar el periodo de cálculo de las pensiones arruinaría la Seguridad Social

@Carlos Sánchez.- 20/07/2009 Deja tu comentario (24)


“Es un hecho aceptado y conocido que el sistema público de pensiones en España colapsará después del año 2020”. De esta forma tan contundente comienza el último premio Unicaja de Investigaciones Económicas, uno de los más prestigiosos del país. (Ver el estudio)

La tesis central del trabajo, sin embargo, no tiene nada de catastrofista. Todo lo contrario. Es revolucionaria y choca frontalmente con la literatura económica tradicional, que sostiene que la salud del sistema de pensiones mejorará si se aumenta el número de años que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de las pensiones, actualmente 15. Pues bien, según los autores del estudio, los investigadores Javier Díaz-Giménez y Julián Díaz-Saavedra, en caso de que se amplíe el periodo de cálculo a 30 años o, incluso, a toda la vida laboral, el sistema público de pensiones entrará en déficit mucho antes de lo previsto. O dicho según sus propias palabras, “el primer déficit aparece en 2012 y el Fondo de Reserva se agotaría en el año 2026”.

Los autores del estudio reconocen que un alargamiento del periodo de cálculo tiene un efecto inmediato a la baja sobre la cuantía de las pensiones de jubilación, y, por lo tanto, se reduce el gasto de la Seguridad Social. Sin embargo, ese ahorro es lento, toda vez que ninguna reforma modificaría la cuantía las pensiones previamente existentes (las más numerosas). La reforma, por lo tanto, sólo afectaría a aquellas pensiones de jubilación generadas a partir de 2010. Y aquí está el quid de la cuestión. Demuestran a través de un modelo estadístico que “pensiones de jubilación más bajas implican que un mayor número de trabajadores, especialmente los de menor cualificación, pasarían a recibir la pensión mínima de jubilación cuando decidan jubilarse”.

A corto plazo sucedería, por lo tanto, justo lo contrario de lo que se pretendería con la reforma, ya que muchos trabajadores no habrían cotizado lo suficiente para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones que fija anualmente el Gobierno en la Ley de Presupuestos, por lo que tendrían derecho a cobrar un complemento de mínimos a cargo de la Seguridad Social para llegar a ese nivel garantizado. En concreto, y según sus cálculos, en 2050 el número de hogares jubilados que percibiría este mínimo garantizado crecería en 17 puntos en caso de que se aumentara a 30 años el periodo de cálculo. Y a 26 puntos si se tiene en cuenta toda la vida laboral.

Pensiones mínimas y jubilaciones anticipadas

Los autores del estudio avalan sus tesis a partir de una consideración. Dado que la pensión mínima de jubilación garantizada por el Estado “incentiva a decidirse por la jubilación anticipada”, después de la reforma un mayor número de trabajadores se jubilaría anticipadamente en comparación con la situación actual.

A consecuencia de ello, las tasas de participación de los trabajadores de entre 60 y 64 años caería, lo cual produciría un descenso en la edad media de jubilación, y un incremento en el ratio de dependencia (la relación entre activos y pasivos). Es decir, que se produciría un incremento del gasto en pensiones.

A largo plazo, las cosas tampoco cambiarían mucho. Sin reformas, el actual sistema de pensiones tendría un déficit del 6,8% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2050, y la deuda generada por la secuencia continuada de déficits sería del 115% del PIB, ese mismo año. Sin embargo, sostienen los autores del estudio, si la pensión de jubilación se calculara en función de las rentas salariales de los últimos 30 años anteriores a la jubilación, el déficit del sistema sería 5,5% del PIB, y la deuda sería del 97% del PIB, también en el año 2050. En el caso de que se tuviera en cuenta toda la vida laboral, el déficit sería del 4,8% y la deuda equivalente al 88% del PIB.

La conclusión que extraen es que el alargar el periodo de cálculo induce a los trabajadores menos cualificados a jubilarse anticipadamente O en otras palabras, “reduce la tasa de participación de los trabajadores con edad en el grupo de 60-64 años”. Y esto se debe, aseguran, a que estas reformas inducen, sobre todo a los trabajadores menos educados a la jubilación anticipada, a través del mecanismo de la pensión mínima de jubilación proporcionada por el sistema público de pensiones.

Los autores del estudio extraen una triple evidencia. En primer lugar, estiman que alargar el periodo de cálculo aumenta los gastos del sistema de pensiones en el corto plazo, por lo que adelantan la aparición del primer déficit del sistema de pensiones y el agotamiento del Fondo de Reserva.

Aseguran, en segundo lugar, que la reducción de las pensiones “es una mala idea si queremos simultáneamente aumentar las tasas de empleo de los trabajadores de más edad, cuando el sistema de pensiones proporciona algún tipo de cantidad mínima garantizada, independientemente de la edad de jubilación”.

En tercer lugar, hacen una propuesta. Aseguran que la mejor manera de hacer frente a este efecto adverso sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, es aplicar penalizaciones por jubilación anticipada a la pensión mínima de jubilación. En este caso, ambas reformas demoran el primer déficit de pensiones hasta el 2026 y el agotamiento del fondo de pensiones hasta 2041. “Quizá, entonces, aseguran, deberíamos empezar a considerar estas mismas reformas de las pensiones junto con reformas sobre la pensión mínima de jubilación”.