TRAS PEDIR UNA NUEVA SUBVENCIÓN AL ESTADO
Florentino le echa un
pulso a Rajoy y pide el
preconcurso de acreedores del AVE a París
TP Ferro, la empresa propiedad de ACS y de Eiffage, ha solicitado a un tribunal de Girona el preconcurso de acreedores ante la incapacidad de hacer frente a una deuda de 428 millones
Florentino Pérez ha decidido tensar la cuerda con el Gobierno. Antes incluso de que llegase la fecha del vencimiento de la deuda, ACS (ver cotización) e Eiffage, las dos compañías que gestionan el AVE entre Barcelona y París, han decidido pedir el preconcurso de acreedores para TP Ferro, la empresa a la que el PP y el PSOE le dieron la concesión entre 2003 y 2004.
Según han confirmado fuentes oficiales, ACS y su socio francés, dueños al 50% de TP Ferro, han pedido al Tribunal de Girona que les admita el preconcurso de acreedores dada la incapacidad para hacer frente a los 428 millones de eurosque deberían pagar el próximo 31 de marzo.
Las negociaciones de TP Ferro con los bancos y fondos acreedores no han prosperado, como tampoco la petición del grupo presidido por Florentino Pérez al Gobierno español para que le diera una subvención de 100 millones a fondo perdido con la que reequilibrar las pérdidas. Esta fue la última propuesta de la concesionaria a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que se ha negado hasta el momento a aportar dinero público para sacar de un apuro a una empresa privada.
Tras el escándalo del almacén de gas del Castor, que tuvo que ser rescatado por el Estado con un agujero de 1.350 millones, Pastor ha decidido no volver a recurrir a los fondos de los contribuyentes para ayudar de nuevo a Florentino Pérez. A su vez, el también presidente del Real Madrid ha comunicado a los acreedores, a los que les pidió 19 años más para amortizar la deuda, que no va a aportar más capital a la concesión debido a que el escaso número de trenes que circulan y la baja ocupación hacen inviable TP Ferro.
Actualmente, entre Barcelona y París, con sus paradas en Figueras y Perpignan apenas salen diez convoyes de pasajeros y 24 de mercancías a la semana, muy lejos de los ochenta proyectados cuando la concesión entró en funcionamiento en 2012 con una inauguración por todo lo alto, a la que asistieron el rey Felipe VI, Mariano Rajoy, Artur Mas y Ana Pastor.
Debido al primer retraso en la puesta en marcha de la conexión ferroviaria Barcelona-París, el Estado ya compensó a TP Ferro con un préstamo participativo de 54,77 millones y una aportación de 54,10 millones más, además de la extensión de la concesión por tres años, hasta 2057. Pero ni ese dinero ni esas ayudas han sido suficientes para que la compañía genere elcash flow suficiente para afrontar la deuda.
La tensión entre ACS y el Gobierno no es nueva, porque la constructora de Florentino Pérez ya demandó al Estado español en un tribunal de arbitraje en dos ocasiones. Una para exigir más fondos públicos para el reequilibrio económico de la concesión y otra para reclamarle 350 millones adicionales por sobrecostes. El tribunal de Suiza todavía no se ha pronunciado sobre el primer asunto, pero sí sobre el segundo, denegando la petición de la empresa.
A partir de ahora, la cuenta atrás se pone en marcha porque la legislación española da cuatro meses a las partes para intentar llega a un acuerdo. De no alcanzarlo, TP Ferro entrará definitivamente en concurso de acreedores y los bancos y fondos podrán exigir la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Es decir, como ocurre con las autopistas de peaje, el Estado tendrá que hacerse cargo del agujero dejado por ACS. Hasta ese momento, a finales de julio, los trenes seguirán circulando con el riesgo de quedar varados.
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