Genbeta-En los últimos dos años, ha aumentado el número de españoles, sobre todo entre el público más joven, que no elige los bancos más tradicionales para guardar su dinero y tramitar sus pagos; prefiere apostar, en muchos casos, por entidades que le ofrezcan unos determinados servicios, aunque poder entrar en una sucursal no sea una de ellas.
Son lo que acostumbramos a llamar 'neobancos': nuevas entidades financieras que trabajan íntegramente a través de canales digitales; si bien la AEFI (Asociación Española de Fintech e Insurtech) reserva dicha denominación a aquellos servicios de banco móvil que trabajan cooperando con bancos tradicionales (como BNEXT o SIMPLE), prefiriendo denominar 'challenger banks' a aquellos que poseen su propia licencia bancaria (N26, Monzo, Revolut, Atom Bank...).
N26, el 'challenger bank' líder en España (donde cuenta actualmente con 400.000 clientes, casi una décima parte de su total global), era noticia hace dos días por haber conseguido ampliar su ronda de financiación de la serie D de 523 millones de euros, unos fondos que, según aseguraba Francisco Sierra, director general de N26 para España, pretendía que le ayudasen a conseguir su objetivo de sumar un millón de clientes en nuestro país en 2021.
Ahora, sin embargo, la noticia es mucho menos positiva para N26: todos aquellos clientes españoles de la entidad que estaban esperando ingresar el dinero de los miles de ERTEs aprobados a raíz de la actual crisis del coronavirus se están encontrando, de pronto, con que no pueden cobrar la prestación en sus cuentas.
Esto, según está respondiendo la cuenta de atención al cliente de la entidad a todos los tuiteros que se interesan por la situación, se debe a que
"Por ahora el SEPE no puede realizar pagos en nuestras cuentas. Todavía estamos pendientes de que nos considere entidad colaboradora de la Seguridad Social y no depende de nosotros una solución en el corto plazo".
El propio Francisco Sierra ha tenido que recurrir al blog corporativo de N26 para explicar que este problema (que no afecta sólo al dinero de los ERTEs, sino a cualquier trámite relacionado con ayudas públicas, por lo que "afecta con frecuencia a los autónomos") lleva identificado desde hace tiempo, y que el banco
"Lleva meses trabajando con las autoridades y organismos pertinentes (Hacienda, Seguridad Social y entidades privadas) para encontrar una solución".
Sierra critica los requisitos que la Seguridad Social exige en este caso, y que incluyen:
- El uso de IBAN español: N26 ofrece cuentas con IBAN español desde hace un año (antes sólo las ofrecía con IBAN alemán), y muchos de sus clientes llegaron a raíz de ese cambio, así que este requisito sí se cumple. Sin embargo, queda en evidencia que la Seguridad Social española está violando la legislación europea que desde 2016 (Artículo 9 del Reglamento No. 260/2012) prohíbe discriminar el IBAN de otros estados miembros del Espacio Económico Europeo.
- Utilizar determinados intermediarios: "Otro de los requisitos es colaborar con organizaciones privadas y utilizar herramientas (software) privadas, que funcionan como intermediario. Esto, desde nuestro punto de vista, no fomenta ni la innovación ni la competencia dentro del sector".
Pero el problema no se limitaría a N26: si consultamos el listado oficial de "entidades financieras colaboradoras con el sistema de la Seguridad Social", que el Ministerio del ramo tiene publicado online (PDF) nos encontramos con que ninguno de los "challenger banks" antes citados aparece en dicho listado, ya sea porque están sufriendo los mismos contratiempos que N26, o porque no han iniciado siquiera el correspondiente proceso.
Pero ¿de quién es la culpa?
Nos encontramos aquí ante una tormenta perfecta en la que el gran perdedor es el cliente de las nuevas soluciones financieras. Por un lado, la publicidad de N26 y el resto de entidades similares hace hincapié en que las cuentas que abramos con ellas ofrecen las mismas ventajas que la de cualquier otro banco, y quizá muchos de sus clientes no lo hubieran sido de haber conocido previamente esta excepción.
Los clientes también echan en cara a la entidad que no estén informando de este problema más que después de que ellos mismos hayan empezado a interesarse y a preguntar por los pagos no realizados.
Por otro lado, la Administración española no está ni mucho menos libre de culpa: parece estar exigiendo requisitos técnicos ajenos a los estándares de los países de nuestro entorno (donde N26 no ha tenido problema alguno operando con la Administración), amén de otros normativamente cuestionables.
Y, para agravar aún más la situación, a raíz de la avalancha de ERTEs de los últimos dos meses, la Tesorería General de la Seguridad Social decidió desactivar la comprobación de las cuentas proporcionadas por los trabajadores para cobrar la prestación, lo cual impide rechazar automáticamente las cuentas de entidades no compatibles.
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