Los cambios necesarios de la política económica europea
Mónica Melle Hernández (@monicamelle), Profesora Titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de Economistas Frente a la Crisis
La Unión Europea, gobernada por mayoría conservadora, ante la crisis que empieza a sufrir la zona euro en 2010, derivada de una crisis del sistema financiero global y que afectó gravemente a las deudas soberanas, decidió imponer su ideología neoliberal cambiando el modelo de convivencia social que ha estado siempre implícito en el proyecto europeo. Con el argumento de la consolidación fiscal, impuso a los países periféricos una política fiscal restrictiva, que ha resultado enormemente contractiva, al perjudicar el crecimiento y agravar la crisis. Grecia, Portugal y España están sufriendo la espiral del “austericidio”, con graves consecuencias en su estado del bienestar, en los derechos de los trabajadores, en cifras insoportables de desempleo y en un aumento dramático de las desigualdades.
En la crisis actual se ha antepuesto la economía a la política, los mercados financieros han ocupado el espacio que la política les ha permitido, y su codicia, vía especulación, se demostrado insaciable. Urge que la política recupere la gobernanza económica europea, para poder avanzar desde la unión monetaria hacia una verdadera unión económica, y para poder restablecer los principios y valores de la Europa social, poniendo el acento en la recuperación de un estado del bienestar sólido, la creación de empleo estable y de calidad, la lucha contra la exclusión social y la reducción de la pobreza. En definitiva, retomar el objetivo de avanzar hacia la Europa de los ciudadanos.
La crisis puede ser una gran oportunidad para llegar a un New Deal que implique un gobierno económico europeo de naturaleza supranacional, y no intergubernamental. Superar así la lógica del tratado de Maastricht, responsable en cierto sentido de esta crisis, ya que se ha preocupado por el control de determinadas variables financieras, como la inflación, el déficit y la deuda pública, olvidándose de los endeudamientos privados (que en España alcanzó el 227% del PIB en 2010), de los desequilibrios de las balanzas de pagos y especialmente, de la convergencia en las variables reales, como el empleo, el crecimiento del PIB y el PIB per cápita, fundamentales para evaluar y avanzar en la cohesión social y la reducción de las desigualdades. Para lograrlo, el nuevo gobierno económico debe poner en marcha, al menos, el siguiente decálogo de políticas:
1) Propiciar una estrategia de crecimiento, para generar empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ello pasa por ampliar el mandato del Banco Central Europeo, que no sólo ha de preocuparse por la estabilidad de los precios, sino también ha de tener un papel activo en relación con el crecimiento económico y la generación del empleo. Esta es la mejor estrategia para reducir el endeudamiento, y no la política de austeridad, que ha propiciado un aumento descontrolado de la deuda pública en un muy breve periodo de tiempo (en España, de representar tan sólo un 36,2% del PIB a mediados de 2007, llegará a superar el 100% en 2014).
La política económica ha de tener como principal objetivo el pleno empleo, impulsando para lograrlo una política de reactivación económica y de reconstrucción del tejido industrial, apostando por un modelo de crecimiento sostenido y ecológicamente sostenible. El sector público debe desempeñar un papel inversor clave, apoyado por una reforma fiscal progresista y contando con la financiación del Banco Europeo de Inversiones o con la emisión de deuda finalista, como son los projectbonds. Así se podrá financiar un plan de infraestructuras supranacionales en transportes, telecomunicaciones y energía, y apoyar a sectores de media y alta intensidad tecnológica, como son las energías renovables, la valorización de residuos, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el diseño, el sector aeronáutico y aeroespacial y la construcción naval, entre otros.
Se trata también de apoyar la I+D+i y de apostar por la educación y formación, facilitando al mismo tiempo la reinserción al mercado de trabajo de los desempleados, sobre todo los de larga duración que ya suponen más del 50% en nuestro país. Buscar la competitividad basada en factores de mayor calidad o aportación de valor de los productos exportados, y no en la continua reducción de los costes laborales unitarios. Ya que en un mundo global la competitividad vía precios no tiene sentido para los países de la Unión Europea, a menos de liquidar su estado del bienestar.
2) Evitar la asimetría que existe entre los países de la zona euro en la corrección de los desequilibrios de las balanzas de pagos. A pesar de compartir una Unión monetaria, se han mantenido e incluso agudizado las distintas especializaciones productivas en el centro y la periferia de la UE. Los países del centro tienen un mayor contenido tecnológico, lo que les hace más resistentes a los ciclos económicos, y les facilita superávits en sus balanzas de pagos. Mientras que las economías periféricas son más vulnerables a las crisis por tener una dotación tecnológica más baja, estar más desindustrializados y competir vía precios; generando déficits externos.
Los estados con excedentes de sus balanzas de pago, como Alemania que cuenta con un excedente comercial superior al 6% del PIB, deben estimular su demanda interna mediante incrementos salariales e inversiones públicas. Y contribuir así a reducir los déficits comerciales de los países del Sur, corrigiendo las divergencias en los costes laborales unitarios producidos desde la introducción del euro. Porque las ganancias de competitividad que se están produciendo en estos países vía reducción de salarios y empleo llegan a un punto en que dejan de ser económicamente factibles y, sobre todo, socialmente aceptables.
3) Introducir los eurobonos para financiar parcialmente los déficits públicos y crear una Agencia Europea de la Deuda. En una Unión Monetaria, no tiene sentido que los países altamente endeudados de la periferia tengan dificultades de acceso a los mercados que les exigen altos tipos de interés. Todos los países de la zona euro deberían mostrar su mutua solidaridad en el momento de enfrentarse a los mercados de bonos, mutualizando sus deudas públicas soberanas. Sin embargo, aún existen resistencias de algunos países, principalmente los del norte que carecen de dificultad de acceso a los mercados y que temen que la mutualización de la deuda encarezca su financiación y alimente comportamientos irresponsables de algunos países a costa de otros.
Este problema de riesgo moral puede neutralizarse con las garantías que daría un gobierno económico europeo que controlase las políticas fiscales nacionales.
La solidaridad es uno de los pilares básicos del proyecto europeo. Los intereses nacionales deben dejar paso a la búsqueda de una mayor cohesión social, porque la situación fiscal de un país de la zona euro depende también de su entorno económico, de su balanza de pagos y de su acceso a los mercados financieros. Y porque es imposible que todos los países tengan a la vez superávit, ya que las importaciones de unos constituyen en su mayor parte las exportaciones de los otros.
4) Regular los mercados financieros, con una supervisión bancaria a escala europea y una armonización de las normas de supervisión (Basilea III). Ello posibilitará establecer un fondo único de garantía de los depósitos y un mecanismo europeo de prevención y resolución de las crisis bancarias, que permita recapitalizar de forma directa a la banca. Son reformas institucionales que están en marcha, aunque con ciertas resistencias de algunos países, sobre todo respecto a la mutualización del riesgo y a la implementación del mecanismo único de resolución de crisis. Todo ello debe conducir a una completa unión bancaria europea. La fragmentación financiera dificulta la transmisión de la política monetaria acomodaticia actual del Banco Central Europeo a través del canal de crédito institucional, ya que posibilita que en los países del Sur se mantengan tipos de interés muy elevados y la financiación no termine de llegar a las pymes y a las familias.
El sistema financiero es un sector de interés general, que debe cumplir su función básica: financiar la economía real. Sin embargo, a pesar de los rescates de los sistemas financieros con recursos públicos, el crédito sigue sin fluir a las familias y a las empresas, impidiendo un crecimiento y generación de empleo sostenidos. De ahí la necesidad de regular un sector clave en la economía, para tratar de evitar que cometa los excesos producidos en el pasado. El sistema financiero ha crecido de forma desorbitada, llegando a una hipertrofia del crédito, auspiciado también por el propio Banco Central Europeo que reducía los tipos de interés. Precisamente esta burbuja financiera permitió generar la burbuja inmobiliaria en nuestro país, cuyo estallido ha provocado una grave crisis económica y social que sufren especialmente los trabajadores y las clases medias.
El poder político ha de controlar por tanto al poder financiero, buscando siempre que el interés general prevalezca sobre los intereses particulares, porque la codicia financiera, vía especulación, se ha mostrado insaciable.
5) Coordinar las políticas sociales a escala europea para evitar el dumping social, es decir que en el seno de la UE algunos países ganen competitividad respecto de otros rebajando artificialmente salarios o reduciendo la protección social. La coordinación pasa por lograr una mayor convergencia salarial, para lo que resulta fundamental establecer un Salario Mínimo Europeo.
Retomar el proyecto social europeo, que debe fundamentar la construcción de la UE, pasa por establecer una regulación laboral protectora a nivel europeo, que refuerce la negociación colectiva y la intervención de los trabajadores en la gestión empresarial.
Asimismo, debe implementarse un sistema europeo de protección del desempleo, ya que no parece razonable que un ciudadano europeo que reparta su vida laboral entre varios países no devengue el derecho a una pensión de los sistemas públicos o pueda perder la prestación por desempleo si decide buscar trabajo fuera del país donde generó tal derecho.
6) Llevar a cabo la armonización fiscal, para evitar el dumping fiscal, que posibilita ganancias de competitividad en el seno de la UE de forma artificial bajando impuestos. Para sostener la eurozona será precisa una verdadera unión fiscal. En esta materia no se ha avanzado prácticamente nada, ya que para lograr esa coordinación fiscal los Estados miembros tienen que estar dispuestos a ceder soberanía nacional en materia fiscal, y hasta la fecha los países han querido preservar su autonomía en esa política.
Y por supuesto dicha armonización implica la eliminación de los paraísos fiscales que aún existen en la UE, como Chipre, Luxemburgo, islas Vírgenes Británicas e Islas Seychelles.
7) Aumentar el presupuesto comunitario es vital para poder emprender las estrategias de reactivación de la economía y las necesarias políticas activas de empleo que pongan fin al drama del desempleo. Dicho presupuesto europeo, sin embargo, ha ido mermando sus recursos y en la actualidad no alcanza ni tan siquiera el 1% del PIB de los Estados miembros. Debería representar al menos el 5% del PIB, y financiarse con verdaderos recursos propios de la Unión. Entre otros, podrían introducirse un impuesto sobre las emisiones de carbono y una tasa sobre las transacciones financieras, que además de frenar los movimientos especulativos de capitales que tan sólo buscan beneficios cortoplacistas, permitiría recaudar un gran volumen de recursos (con una tasa de tan sólo un 1% sobre todas las transacciones a nivel mundial, se recaudaría lo suficiente para acabar con el hambre en el mundo).
8) Crear un estado del bienestar europeo, para mejorar la cohesión social en el seno de la UE. Para lograrlo se deben producir transferencias de recursos entre los Estados. Esa mayor solidaridad es necesaria para lograr una mejor redistribución de la riqueza, así como la reducción de las desigualdades.
Europa resurgió de las cenizas de la segunda guerra mundial como un nuevo modelo de convivencia social, y el estado del bienestar ha sido y es la propuesta de Europa a los europeos y al mundo.
Las políticas actuales de austeridad y recortes del gasto público en educación, sanidad, servicios y prestaciones sociales, pensiones, etc., además de agudizar la crisis, suponen una grave agresión al modelo social europeo. La UE debe, sin embargo, defender un estado del bienestar europeo sólido que resulta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos europeos.
9) Reducir la obsesión por el crecimiento y empezar a preocuparnos más por la mejora del Indicador de Desarrollo Humano (ONU, 1990), que incorpora la reducción de las desigualdades (acrecentadas en esta crisis), la preservación del medioambiente, la salud (medida mediante la esperanza de vida) y la educación. En definitiva, pasar de una economía financiera basada en el interés cortoplacista de los inversores, a una economía social y participativa, en el que se consideren los intereses de todos los agentes.
El proyecto europeo debe ser un proyecto de los ciudadanos de la UE, y tener como prioridad perseguir mejorar la vida de los europeos. El hecho de crecer no necesariamente logra ese objetivo. Depende de qué tipo de crecimiento, y de cómo se repartan los resultdos de ese crecimiento. En ese sentido, debe apostar por un modelo de crecimiento sostenido y sostenible medioambientalmente que considere el cambio climático y que incorpore la conciencia global. Y desarrollar políticas que permitan la redistribución de la riqueza y la eliminación de las desigualdades.
10) Finalmente, lo más importante, para poner en marcha esta alternativa económica, se requiere una dimensión política, una Unión Política plena. En la construcción de la UE se empezó la casa por el tejado, al poner en marcha la unión monetaria sin disponer de un gobierno económico y social único. La crisis puede servir de oportunidad para establecer un gobierno supranacional democráticamente elegido, con competencias necesarias para encuadrar las políticas presupuestarias y fiscales que den estabilidad macroeconómica a la zona euro, e implementar estrategias de empleo y mutualización de deudas soberanas.
Un Gobierno federal europeo de este tipo requiere transferencias de soberanías nacionales, que han de producirse subsanando el “déficit democrático” actual de la UE. La mayor democratización de las instituciones europeas pasa por revisar la composición del Parlamento europeo, dando igual voto a todos los ciudadanos europeos, y por la elección directa del Presidente de la Comisión Europea, que debe evolucionar hacia un gobierno europeo elegido por el Parlamento Europeo.
Se trata de un proyecto ambicioso, pero no saldremos de esta crisis sin profundos cambios políticos e institucionales. Sólo una unión política, y por lo tanto también fiscal, puede legitimar la interdependencia que ya existe entre los Estados miembros del euro y la solidaridad que la Unión Monetaria requiere.
Ambicioso, pero posible. En 1789, el entonces Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Alexander Hamilton, propuso un sistema de Gobierno federal fuerte que asumiera las deudas contraídas por el Estado en la revolución y garantizara unos ingresos futuros constantes, con una mayor integración de la política fiscal pero conservando un grado considerable de soberanía local en los asuntos no federales. Ese fue el primer paso del proceso para hacer de Estados Unidos una potencia continental y mundial.
Ahora es el momento de Europa, que debe aprovechar esta crisis como una gran oportunidad para poner en marcha ese New Deal que alumbre una unión política, con un gobierno económico europeo supranacional; para convertir al continente en referente de desarrollo económico, y fundamentalmente social, del siglo XXI. Es el momento de dejar de seguir dando pasitos que solo sirven para debilitar el euro e intensificar la crisis; y de afrontar ese reto. Los dirigentes europeos y sus ciudadanos han de comprometerse con esta transformación que permita volver a establecer las bases de la Europa social, y sus principios de igual dignidad, equidad, solidaridad y fraternidad.
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