Más vale pájaro en mano que ciento volando y, aunque sea pequeño, si se tiene uno siempre se podrá cambiar después por otro de mayor tamaño. Eso ha debido pensar más de uno entre la quincena de diputados y senadores del PSOE que ya se han recolocado como altos cargos autonómicos y municipales, sin que el proceso pueda darse por terminado ya que todavía está pendiente la investidura de Javier Fernández en Asturias. Y esto sin contar que aún quedan por hacer muchos nombramientos en segundos y terceros niveles de los siete gobiernos regionales que el PSOE contabilizará gracias a los pactos poselectorales, además de los otros dos –Canarias y Cantabria– en los que participa como segunda fuerza de ejecutivos de coalición.
Esta fuga de parlamentarios nacionales es interpretada por muchos –socialistas incluidos– como un claro movimiento de reubicación ante la posibilidad de tocar poder que abrieron las elecciones del 24-M y el incierto resultado de las próximas elecciones generales, en las que todos los pronósticos apuntan a que el PSOE verá mermada la representación de 110 diputados que cosechó en 2011. El PSOE podrá resistir en las circunscripciones pequeñas, en las que el esquema de reparto 2-1 ó 3-2 favorece el bipartidismo, pero la irrupción de Podemos y Ciudadanos se hará notar con fuerza en las de mayor tamaño, como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.
Además, entre quienes confían en que Pedro Sánchez alcance la presidencia del Gobierno, no falta quien ha visto en las consejerías autonómicas una oportunidad de rodaje y plataforma de proyección para convertirse en ministrable con vistas a un hipotético Ejecutivo presidido por los socialistas.
La previsión de una mengua en la representación parlamentaria tras las próximas elecciones generales explica el retorno a los territorios
Desde Ferraz se sostiene que este retorno de dirigentes nacionales a la política regional y local obedece, además de a la voluntad de los respectivos líderes territoriales, al propósito de dar la mayor “solidez y solvencia” posible a los nuevos gobiernos autonómicos y municipales. “Aunque hay muy poco tiempo por delante, lo que hagamos en estos meses en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos va a ser clave para el resultado que obtengamos en las elecciones generales. La gestión autonómica y municipal va a ser el escaparate de nuestro proyecto”, se subraya desde la Ejecutiva.
Este planteamiento viene precedido de una conclusión postelectoral: al PSOE le fue mejor en las elecciones de mayo en los territorios donde ya gobernaba o donde logró marcar con nitidez un perfil propio, allí “donde estaba claro lo que representamos, tanto en relación con el PP como con Podemos”. De ahí el empeño de Sánchez en que los nuevos gobiernos socialistas coordinen al máximo sus políticas y, sobre todo, las primeras iniciativas. Este proceso de coordinación arrancó con la cumbre de barones celebrada el día 13 en Sevilla y el sábado empezó a descender a lo sectorial con una reunión de consejeros de Educación y portavoces parlamentarios para coordinar las iniciativas que se quieren poner en marcha con el propósito de frenar la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
La federal subraya que Sánchez quiere que la gestión regional y municipal de los socialistas sirva como escaparate de su proyecto para gobernar España
En la composición de los nuevos gobiernos autonómicos se aprecia un claro predominio de representantes de los aparatos del partido, lo que, a pesar de la doctrina oficial, no es sinónimo de solvencia, aunque sí del propósito de conferirles “peso político”. El poder de los aparatos, que son –junto con los militantes de base– los que han mantenido en pie el partido en los peores momentos, se ha hecho notar incluso frente a los secretarios regionales que han conseguido auparse a presidencias autonómicas –un fenómeno al que no han sido impermeables las nuevas formaciones que participan en esos gabinetes, como ha ocurrido en el caso de Compromís en la Comunidad Valenciana–.
El propósito de más de uno de los nuevos presidentes era abrir la composición de sus gobiernos a miembros relevantes de la llamada “sociedad civil”, pero a la postre la incorporación de independientes, aunque nominalmente hay más, ha quedado reducida a la condición de guinda del pastel: es el caso de Gabriela Bravo, exportavoz del Consejo del Poder Judicial, fichada como consejera de Justicia valenciana; Joaquín Olona, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, nombrado consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en la Diputación General aragonesa; o Patricia Franco Jiménez, directora de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, que asume la consejería de Economía y Empleo en Castilla-La Mancha.
El reparto de la ‘tocata y fuga’
Además del nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y dePatricia Hernández, vicepresidenta del gobierno que preside Coalición Canaria en el archipiélago, otros siete diputados han sido designados para cargos de responsabilidad autonómica, cuatro de ellos en calidad de consejeros: Rosa Aguilar, consejera de Cultura en Andalucía –era portavoz de Justicia–;Carmen Montón, consejera de Sanidad en la Comunidad Valenciana –era portavoz de Igualdad, área de la que continúa como responsable en la Ejecutiva federal–; el turolense Vicente Guillén, consejero de Presidencia de Aragón; y la zaragozana Pilar Alegría, consejera de Innovación, Investigación y Universidad también en Aragón –era portavoz en la Comisión de Peticiones y fue mano derecha de Leire Pajín en la secretaría federal de Organización–.
Dos presidentes autonómicos, una vicepresidenta, cuatro consejeros, tres alcaldes y la presidenta de una Diputación encabezan el éxodo parlamentario
El mayor retorno de diputados se registra en la Comunidad Valenciana, donde a Puig y Montón hay que añadir los nombramientos de Antoni Such, que deja de ser portavoz en la Comisión de Justicia para desempeñar la dirección general de Justicia; y Federico Buyolo, que pasa de la portavocía en la Comisión de Cooperación Internacional a asumir la dirección general de Cooperación en el gobierno de coalición formado con Compromís. La representación valenciana en el Congreso es la que ha sufrido el mayor cambio, que ha afectado a más de la mitad de los diputados que comenzaron la legislatura si se contabiliza la marcha previa de Inmaculada Rodríguez Piñero al Parlamento Europeo.
Entre los senadores, hasta la fecha el cambio mayor se ha producido en Castilla-La Mancha, con tres bajas. A la del nuevo presidente, Emiliano García Page, se suman dos de los nombramientos que ya ha hecho: el conquenseJosé María Toledo deja el escaño para ser director general de Relaciones con el Parlamento autonómico y Pedro Antonio Ruiz Santos lo hace para convertirse en el delegado de la Junta en Albacete.
Aunque en este caso para liderar la oposición en Navarra, también ha dejado la Cámara Alta María Chivite, sustituida como portavoz por Óscar López, secretario federal de Organización con Rubalcaba.
En el ámbito de la política local destaca la marcha de Carmela Silva, que deja la secretaría segunda de la Mesa del Congreso para presidir la Diputación de Pontevedra. Otros tres diputados han renunciado a sus escaños para ser alcaldes: Gabriel Echávarri (Alicante), Mamen Sánchez (Jerez de la Frontera) yMariví Monteseirín (Avilés).
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