Taxistas, mineros…periodistas, ¿son posibles las transiciones justas?
Los taxistas reclaman un fondo de compensación para suavizar los efectos de la transición tecnológica que penaliza sus inversiones en licencias. La idea, a la que se acaba de sumar el PP, cuenta con el apoyo de Cabify, que se compromete a aportar cinco céntimos de euro por kilómetro que recorrieran sus VTC, de modo que, en un año, podrían alcanzarse 400 millones de euros (y 1000 mill si al plan se sumaran el resto de plataformas). Ese fondo se destinaría a recomprar licencias del taxi para suavizar su deterioro. Según Cabify la idea no cuenta con el apoyo del ministerio de Fomento.
Hace 12 años, los medios escritos, asociados a AEDE, solicitaron crear una “tasa Google” para compensarles de las pérdidas en difusión que les generaba la plataforma Geogle News. La respuesta de la tecnológica fue cerrar esa plataforma en España pero, poco después, en 2015, puso en marcha una iniciativa para Europa que denomina DNI (Digital News Iniciative) con el propósito de “fomentar la innovación y el periodismo digital de calidad” que, en España, se concreta en una aportación de 50 mill de € anuales. Google ofrece ayudas a la innovación con los impuestos que no paga en España.
Para equilibrar esta situación el gobierno del PSOE acaba de aprobar en Consejo de Ministros otra “tasa Google” que grava el 3% de las ventas de los servicios de publicidad y de intermediación online y la comercialización de datos de los usuarios. No se trata de una compensación a cambio de una reconversión sectorial, sino una iniciativa, auspiciada desde Bruselas, que intenta compensar a la sociedad por las prácticas generalizadas de elusión fiscal de las tecnológicas.
Para completar este rápido repaso de las llamadas “transiciones justas” el PSOE propuso en 2017, desde la oposición, “crear un Fondo para la transición ecológica”, para compensar a los sectores y comarcas que queden descolgados del proceso de descarbonización de la economía que ahora, desde el gobierno, está obligado a concretar en una ley de Cambio Climático que encuentra dificultades por la oposición de Industria y Economía.
¿Cómo enfocar estas compensaciones que pretenden “hacer justicia” en las transiciones por cambios de paradigmas sociales y tecnológicos?
Cuatro tsunamis y solo una “gran transición” para las próximas dos décadas
La digitalización (precariedad, uberización) y la descarbonización (cambio climático, fin de los combustibles fósiles) movilizan y reclaman el desarrollo de nuevas fuerzas productivas. Al tiempo, la crisis demográfica (inmigración, envejecimiento) y la presión desde la igualdad de genero (crisis de los cuidados) son fenómenos interconectados que reclaman nuevas relaciones sociales y de producción imprescindibles para liberar y movilizar los recursos humanos que necesita el desarrollo económico.
¿Es posible en ese contexto afrontar separadamente cada una de las transiciones en curso o su profunda imbricación obliga a hacerlo conjuntamente a través de un amplio programa de transformación? Todo indica que hay encontrar una síntesis, un camino que hilvane las soluciones a los diversos retos que esas transiciones nos empujan. La pregunta es cómo conseguimos una adaptación, lo más rápida y simultánea posible, en las transiciones digital y medioambiental mientras aumentamos la tasa de ocupación y mejoramos la calidad del empleo, facilitamos la integración de inmigrantes y la igualdad de género, activamos los nuevos y viejos saberes y resolvemos la crisis de envejecimiento/pensiones.
Son retos, todos ellos, muy potentes y provocan efectos desiguales y desacompasados. Hasta ahora, los perdedores de la transición tecnológica llevan “ventaja” a los de la transición energética. En España, desde el 2005 ha puesto en la calle, silenciosamente, sin compensaciones de ningún tipo, a cerca de 20.000 periodistas mientras desaparecían periódicos y revistas en todo el mundo y nacían nuevos medios digitales. Las plataformas como Spotify o Netflix y la desaparición de los soportes físicos han convulsionado las industrias culturales y la vida de decenas de miles de creadores e intérpretes. También los intermediarios del turismo y, en particular las agencias de viaje, se cuentan entre los perdedores. Y en los próximos años, la inteligencia artificial puede incorporar a buena parte de los abogados o los médicos ente los descolocados.
De otro lado, el cambio energético ha provocado el cierre de las minas de carbón perjudicando a los últimos 2.900 trabajadores y perjudicará, vía incremento de gasoil, a los autónomos del comercio o el transporte, mientras los trabajadores de las gasolineras estarán sometidos a una doble expulsión digital y ecológica.
La viabilidad política de la “transición justa”.
Afrontar por separado esas transiciones puede provocar la inviabilidad de las soluciones planteadas. La experiencia de Macron con los chalecos amarillos lo confirma: la tasa al gasoil que pretendía podría ser justa desde el punto de vista medioambiental pero, al tiempo, era claramente regresiva desde el punto de vista social. Una conclusión se impone: la primera condición de cualquier medida de transición es su viabilidad política.
Y ello reaviva la idea misma de “transición justa” una aspiración que suele localizarse en un punto intermedio entre “transición rápida” y “transición cara” en términos de recursos públicos. Unas veces, (descarbonización) las transiciones rápidas favorecen la democratización de la economía, vía renovables, mientras perjudican a oligopolios energéticos; otras, (digitalización) una mayor velocidad favorece a los grandes oligopolios tecnológicos de reciente creación.
Bienvenidas sean las compensaciones privadas que ofrecen Cabify, u ofrecía Google, pero obviamente sólo serán significativas si consiguen retener la mayor parte de las ventajas que obtienen en sus negocios. Y lo más importante: el origen de esas ventajas no es tanto por disrupción tecnológica lo que les daría legitimidad para aprovecharse de ellas, sino, cómo bien señala Joseph Stiglitz, su capacidad para moverse en espacios de frontera, capitalizar las lagunas legales y eludir regulación desfavorable. Y es que la nueva oleada de acumulación de capital depende de saber aprovecharse de las ventajas que conllevan situarse en esos espacios desregulados en las que las instituciones tardan en posicionarse.
En momentos de múltiples rupturas con el pasado, la intervención pública tiene la obligación de facilitar cuanto antes un sistema de incentivos y penalizaciones que orienten la dirección adecuada, ralentizando los tiempos y suavizando el sobrecoste social o compensando su incidencia. En eso consiste hacer política hoy.
La cuestión es saber optar por la velocidad adecuada y calibrar esa intervención. Dani Rodrik dice que, en este contexto, «lo que determina el éxito de las políticas no es la capacidad de los gobiernos para reconocer a los triunfadores, sino su capacidad para abandonar a los perdedores”. Parece duro pero, sometidos a la presión simultánea desde tantos frentes, es esencial ejercitarse en el arte de la “doble estrategia de apoyos y penalizaciones temporales”. Solo evitando caer en manos de grupos de interés “regresivos”, que utilizan su poder para retener privilegios y prolongar sus rentas de oportunidad, es posible disponer de recursos para incentivar el cambio positivo.
La cuestión es detectar el interés general a partir de un nuevo sentido común que hilvane las soluciones a las múltiples transiciones en curso. Que las fuerzas progresistas alcancen el gobierno y entiendan la naturaleza del cambio pendiente es, más que nunca, cuestión crucial para el futuro de la humanidad.
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