viernes, 9 de agosto de 2019

Pasítos en la buena dirección...

El Principado exigirá a Fomento que amplíe la bonificación del peaje del Huerna a camiones

Un transporte de contenedores ante las cabinas de peaje de la autopista del Huerna. / DAMIÁN ARIENZA
Un transporte de contenedores ante las cabinas de peaje de la autopista del Huerna. / DAMIÁN ARIENZA

Asume que el rescate «es prácticamente imposible», pero planteará que la tarifa actual perjudica la competitividad de los transportistas asturianos

RAMÓN MUÑIZGIJÓN.
Tras reunirse con la ministra de Industria, Reyes Maroto, y tener contacto con la de Sanidad, María Luisa Carcedo, el Principado prepara ya el encuentro con el responsable de Fomento, José Luis Ábalos. Además de la variante de Pajares, las cercanías y el plan de vías gijonés, el Ejecutivo de Adrián Barbón pondrá sobre la mesa la necesidad de aliviar la carga que supone el peaje del Huerna (AP-66) en la única salida a la meseta por vía de alta capacidad.
Lo apuntó en su toma de posesión el vicepresidente Juan Cofiño y desde entonces la Consejería de Infraestructuras trabaja en una estrategia realista. El contrato de concesión que actualmente explota Aucalsa tiene vigencia hasta el 17 de octubre de 2050 y su rescate se entiende como «prácticamente imposible», indican desde el departamento. «No vamos a engañar a la gente», agregan.
La complicación tiene su origen en la ampliación de la concesión. El contrato original señalaba que Aucalsa perdería la explotación en el 2021, pero el Gobierno de José María Aznar prorrogó el plazo 29 años más. La empresa prevé que durante ese tiempo captará unos ingresos superiores a los 3.000 millones. Privarle de un negocio que tiene adjudicado por contrato obligaría al Ministerio de Fomento a afrontar una indemnización cuantiosa. En su día la propia concesionaria situó en 1.300 millones el dinero a partir del cual negociaría.
Conscientes de la suma, el Principado tratará de llevar al ministerio hasta otro escenario más asequible. «Percutiremos políticamente sobre el coste del peaje y muy especialmente sobre el de los transportistas, que son los que más intensamente hacen uso de la vía», detallan fuentes de la consejería. La carta que se jugará para ello es la desventaja que tienen las empresas asentadas en la región frente a las de otros territorios donde pagan menos o ningún peaje. Los 21,8 euros que Aucalsa exige a los camiones de cuatro ejes o más por circular entre Campomanes y León «es un factor que resta competitividad respecto a otros territorios»,defienden.
Lo prueban los informes de la Delegación del Gobierno en las autopistas de peaje, organismo del ministerio que supervisa el sector. El último chequeo, con datos del año 2017, concretaba que en la AP-66 los camioneros afrontan una tarifa media de 0,2419 euros por kilómetro, lo que supone un 17,6% más que lo abonado en el resto de autopistas de pago y el segundo precio más alto del país. El primero es el que Iberpistas recauda en lostúneles de Guadarrama, autopista que se ven forzados a utilizar los transportistas asturianos que hacen ruta con Madrid.
El Principado confía en que el argumento prevalezca y Fomento sea sensible a esta desventaja que padece un sector protagonista de 1.263 circulaciones diarias en el Huerna. «En esto sí podemos trabajar; veremos hasta dónde se puede llegar en la atenuación del peaje para los profesionales», apuntan en la consejería.

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Hasta ahora la reivindicación asturiana viene tropezando con la oposición cerrada del ministerio. El propio Ábalos ha aludido al respeto al contrato en vigor y al esfuerzo que su departamento ya hace para bonificar a parte de los usuarios de la AP-66. En el año 2000, semanas antes de prorrogar el peaje, se acordó «una reducción de las tarifas del 7% del volumen de ingresos de peaje de la sociedad», según publicó el Boletín Oficial del Estado. Otro real decreto de 2006 redujo en un 30% el precio que Aucalsa aplica a los transportistas. Un año después otra decisión rebajó a la mitad los precios a los vehículos ligeros a partir del quinto trayecto que hagan al mes.
La suma de estos descuentos obligó al ministerio a compensar a la concesionaria con 4,6 millones el pasado año. Con esa indemnización se acerca ya a los 80 millones entregados desde el año 2000.

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