Aún no se conocen las partidas concretas de la prórroga presupuestaria del año que viene, pero el Gobierno sí ha esbozado las líneas principales de las cuentas en el Plan Presupuestario que envió a Bruselas el pasado sábado. Y en el documento, una vez más, deja constancia del problema del sistema de pensiones. El gasto en estas prestaciones subirá el año que viene cerca de un 3%, por encima de lo que lo harán los ingresos cotizaciones (2,5%) y el empleo (2,2%).
Pero lo más preocupante quizás sea que, en realidad, el Gobierno se va a ahorrar unos cuantos millones a costa de los pensionistas gracias a la última reforma del sistema, que desvincula las prestaciones del IPC. De hecho, las va a actualizar lo mínimo que marca la nueva ley, un 0,25%, lo que hará que por primera vez en años los pensionistas pierdan poder adquisitivo, ya que los precios subirán un 1,2%.
Y aun así el gasto en pensiones subirá cerca de un 3%, es decir que rondará los 140.000 millones de euros, un nuevo máximo. Y mientras el sistema seguirá en déficit, porque las cotizaciones sociales no serán suficientes para financiar las pensiones. De hecho, el sistema se anotará este año el mayor déficit de su historia y el año que viene seguirá con un desfase del 1,4%, lo que supondrá, previsiblemente, el agotamiento del Fondo de Reserva.
Las cotizaciones crecerán solo un 2,5%, tal y como figura en el Plan Presupuestario. Además, hay que tener en cuenta que el Gobierno suele pecar de optimista al presupuestar estos ingresos. Para 2016 fijó un incremento del 6,7% y de momento crecen a un ritmo del 2,7%. Aquí se pueden ver las cifras que se han presupuestado en años anteriores.
Y es que el empleo crece, pero no lo suficiente. Además, muchos expertos consideran que la baja calidad del nuevo empleo también está condicionado considerablemente el sistema de pensiones, puesto que los salarios son más bajos y las cotizaciones al sistema también. Mientras que los nuevos jubilados acceden cada vez a prestaciones más elevadas porque han cotizado durante mucho tiempo a la Seguridad Social y por las bases más altas.
A esto hay que añadir también el problema del envejecimiento de la población que sufre España. Según el INE, en 2015 el número de defunciones superó la cifra de nacimientos por primera vez desde 1941 y según un informe del Círculo de Empresarios, dentro de una década, si no se produce un giro demográfico, se jubilarán entre 700.000 y 800.000 personas cada año y solo 400.000 se incorporarán al mercado de trabajo. Es decir, que el gasto en pensiones, que ya está en máximos, seguirá creciendo ejercicio a ejercicio, aunque el Gobierno siga tirando del mínimo del 0,25% para revalorizar las pensiones.
En 2008 y 2009, los primeros años de la crisis, el dinero que se destinaba a esta partida en los Presupuestos crecía a un 8%. En 2010, con la congelación de las prestaciones de José Luis Rodríguez Zapatero, se moderó al 2%, pero después ha seguido creciendo aunque las pensiones hayan subido de forma muy moderada. El año que viene crecerán un 3%, lo que volverá a situar la partida en máximos.
Por eso los expertos creen que esta reforma no puede esperar. Se trata, tal y como sostienen, de un cambio fundamental que afectará a todos los ciudadanos y que puede llegar a modificar hábitos históricos de los españoles, así que hay que abordar el cambio con tiempo e intentar conseguir un gran consenso entre todos los partidos políticos y agentes sociales.
Tanto el PSOE como el Partido Popular han impulsado dos cambios en los últimos años, pero no han sido suficientes. Según los expertos, estas dos reformas han reducido el gasto en pensiones, pero no han abordado el principal problema del sistema, que es la falta de ingresos. Y lo que es peor, han ignorado los derechos morales de los pensionistas haciéndoles cargar con todo el coste del envejecimiento de la sociedad.
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