AYUDA SOCIAL
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Cuando se quedó sin ahorros, empezó a acudir a la Fundación Madrina. De martes a viernes, de ocho de la mañana hasta que la fila se acaba, una decena de voluntarios reparten sin descanso pasta, leche, verduras o leche de fórmula, especialmente a madres solteras, pero ahora también a otras familias. Cada semana, la fila se agota más tarde: los carritos son más numerosos y diversos a medida que los ahorros se agotan y las ayudas se retrasan. “¿Cuántos de aquí aún no han cobrado el ingreso mínimo vital?”, pregunta Ana, una de las voluntarias. Varios brazos se levantan simultáneamente.
El ingreso mínimo vital era una medida contemplada en el pacto de gobierno, pero que se adelantó precisamente por la emergencia social que iba a dejar tras de sí la pandemia. Cuando se aprobó, el 29 de mayo, se calculaba que beneficiaría a 2,3 millones de personas —850.000 hogares—, pero está tardando más en llegar a los familias de lo que han tardado en acabarse los ahorros.
Según datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Servicios Sociales a raíz de una petición de información de la Asociación Víctimas del Paro, hasta el 7 de agosto solo se han aprobado 3.966 solicitudes para este subsidio, además de las 74.100 que se dieron de oficio el 26 de junio. El volumen total de peticiones llegaba a mediados de julio a las 510.000, según el ministro Escrivá, quien calculaba que la mitad serían denegadas. No hay datos más recientes, pero incluso en un escenario en el que no lo hubiesen pedido más personas durante esas tres semanas —algo altamente improbable—, solo el 0,7% de los casos habría sido aprobado. Y si tan solo la mitad fuesen positivas, como estiman desde el ministerio, solo habría llegado al 1,5% de los que tienen derecho a recibirla desde que se abrió el plazo, el 15 de junio.
"No tiene sentido, se trata de una ayuda urgente y contempla tres meses de plazo para resolver"
“A este ritmo, no sabemos cuándo va a llegar a los hogares que lo necesitan. No tiene sentido, porque se trata de una ayuda urgente y contempla tres meses de plazo para resolver, cuando ya hay gente que lleva cinco meses sin ingresos”, cuenta Joaquín García, presidente de la Asociación Víctimas del Paro. Al margen de los que lo recibieron de oficio, que cobraron a finales de junio, los que lo tienen concedido deberían haberlo recibido el 3 de agosto, pero ni en la fundación ni en la asociación tienen ningún caso que lo haya recibido.
El trámite del IMV está paralizando otras prestaciones hasta que se demuestre si son o no compatibles
Además, el trámite del IMV está paralizando otras prestaciones hasta que se demuestre si son o no compatibles y se suma a otros retrasos, como los de los ERTE. “No solo es que esté habiendo retrasos con el IMV, es que a muchos al concedérselo les han quitado cautelarmente otras ayudas que tenían, como la renta mínima de inserción o las ayudas por ‘hijo a cargo’. Se han visto de repente sin cobrar ni una ni otra”, explica Conrado Giménez, presidente de la Fundación Madrina, mientras llena carros de alimentos el pasado martes por la mañana. Según un estudio que realizaron entre las personas que acuden a su organización, que no ha parado de atender casos ni durante el estado de alarma, las peticiones de alimentos han aumentado en un 50% en el último mes debido fundamentalmente a estos limbos y retrasos.
Además, denuncian que más de la mitad de la población objetivo del IMV no lo recibirá por cuestiones de forma. “Para concederlo, están teniendo en cuenta los ingresos del año anterior, lo cual no tiene sentido porque son personas que se han quedado sin nada ahora, a raíz de la pandemia. Madrid está pasando hambre ya. Nos llegan autónomos, arquitectos, empresarios… Gente normalizada que viene aquí cuando lleva ya una semana a pan y agua. O gente que te dice que no puede venir porque no puede pagar el metro... El que está diseñando esto no está al pie del cañón, porque la ingeniería social de la Administración no funciona”.
“Se han dejado muchos casos vulnerables fuera", añade García. "Por ejemplo, no tienen derecho las personas que comparten piso, ni gente que se queda sin casa porque hace falta un padrón para pedirlo, ni personas con hijos que viven con sus padres…”.
Es el caso de Esther*, que antes de hacer cola para llenar el carrito compaginaba su trabajo como azafata de tierra en Barajas con la empresa de transportes familiar, ahora sin actividad: “En marzo, se me acabó la prestación de maternidad, porque tuve una hija en diciembre y ya no pude volver al trabajo por la pandemia. Solicité el IMV el primer día que se pudo, pero todavía está ‘en estudio’ y por más que llamo a la Seguridad Social no lo coge nadie. Ahora estoy viviendo con mis padres, pero como entre los dos ganan 800 euros, no sé si me lo van a dar…”.
"Estoy viviendo con mis padres, pero como entre los dos ganan 800 euros, no sé si me lo van a dar…"
“Estamos empadronando madres donde podemos para que puedan acceder a la ayuda, pero de los casos que se han tramitado con nosotros, ninguno se ha resuelto todavía”, añaden desde la Fundación Madrina. “Pero es que, encima, si encuentran alojamiento en otro municipio se lo quitan, no tiene ningún sentido”, añade. Ahora mismo reparten siete toneladas de alimentos y material higiénico al día, pero alertan de que cada vez les llegan menos donaciones y la tanda de hoy han tenido que comprarla con sus fondos. "No sabemos cuánto vamos a aguantar así".
Además, el procedimiento para pedir el IMV no facilita el acceso para quienes más lo necesitan. Desde hace semanas, no hay nuevas citas previas, por lo que solo puede hacerse la tramitación telemáticamente, para lo que el interesado debe obtener el certificado digital. Sin embargo, la mayoría de los solicitantes no tienen para pagar una conexión a internet ni conocimientos para presentarla. Así, según alertan las asociaciones, están proliferando los locutorios y gestorías que cobran entre 40 y 60 euros por, en ocasiones, simplemente fotocopiar y presentar telemáticamente la petición de subsidio, fenómeno que ya ocurría con las citas de extranjería hace unos meses. También de ONG y los trabajadores sociales se están encargando de presentar las solicitudes al IMV, porque hasta la atención telefónica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) está colapsada.
Servicio subcontratado a Tragsatec
El ministerio del que depende el IMV, el de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, no ha contestado a la petición de información para explicar la situación del IMV al cierre de este artículo. Según los sindicatos, el motivo principal del colapso es la merma de la plantilla del INSS, una de las más envejecidas y que ha perdido 2.100 funcionarios en 10 años —cuenta actualmente con 10.580, de los que al menos un tercio está de vacaciones—.
El ministerio de Escrivá ha contratado a Tragsa para la recepción de los expedientes del IMV por 7,6 millones
La avalancha de expedientes fue tal que la Seguridad Social ofreció a los funcionarios hacer horas extra a finales de junio, cuando se abrió el procedimiento: “Muchos se apuntaron, pero a los tres o cuatro días renunciaron, porque no daban abasto del tiempo que tardaba cada expediente, hay que comprobar toda la unidad familiar. Es muy complejo y hemos ido aprendiendo sobre la marcha”, explica Juan Zamora, secretario de Organización de la sección estatal del INSS en CCOO y funcionario tramitador de estas ayudas. “Desde el primer momento ha habido muchos problemas con el procedimiento, por ejemplo, se pedía un certificado de empadronamiento histórico pero los ayuntamientos estaban dando el actual”.
Para agilizar este servicio, el ministerio dirigido por Escrivá subcontrató a la empresa semipública Tragsa a mediados de julio —concretamente, a su filial, Tragsatec— por 7,6 millones de euros, quien ha empleado a 500 tramitadores. Ellos se encargan de recibir toda la documentación, clasificarla y reclamar lo que falte para después remitirlo a un funcionario de la Seguridad Social. “Nos dieron varios manuales, pero había mucha variabilidad y no recogían toda la casuística”, cuenta un extrabajador de la empresa que prefiere no dar su nombre. “Era un caos, no sabíamos ni si las cartas de requerimiento las teníamos que enviar a la dirección de la solicitud o del DNI”.
La decisión final sobre cada expediente siempre recae sobre un funcionario, con base en lo recogido por el tramitador, quien también accede a los datos de cada persona en el INSS. “Tragsatec no tramita solicitudes de IMV, sino que ayuda al trámite con la captura de la solicitud y comprobación y reclamación de la documentación que pudiera faltar por parte del ciudadano, es decir, realiza tareas de captura de datos y reclamación de documentación”, apuntan desde la empresa. Sobre los retrasos, remiten al ministerio como responsable de la tramitación.
Además, desde CCOO denuncian que se haya optado por la vía de la licitación cuando no se trata de un subsidio temporal, sino que necesitará de refuerzos estructurales: “Había un gran problema de personal en la Seguridad Social antes de que se aprobase el IMV, pero en lugar de hacer una oferta pública extraordinaria para suplirlo, se ha decidido externalizar por mucho más de lo que supondrían esos salarios en la Administración pública”, explica Juan Zamora, secretario de Organización de la sección estatal del INSS en CCOO.
Tragsatec ya estuvo en el punto de mira del Tribunal de Cuentas cuando fue contratado por Fátima Báñez en 2013 para hacerse cargo de los expedientes atascados del Fogasa, ya que lo consideró “contrario a los principios de legalidad y economía”. Además, puso en duda la legalidad de los expedientes tramitados por personal no funcionario y estimó que si se hubiese hecho cargo la Administración directamente, se habría ahorrado un 91,6% del coste final.
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