Y lo que viene de Europa...
España deviene problema
europeo
Dos mensajes llegan con insistencia desde Bruselas:
estabilidad y aceptación de nuevos recortes
España vuelve a ser un serio problema europeo. Un gran interrogante se cierne sobre la gobernabilidad del quinto país más poblado de la Unión, en un momento extremamente delicado para la cohesión del proyecto sellado en Maastricht (Holanda) en 1992. España vuelve a estar bajo atenta observación internacional.
El abrupto descalabro de un modelo económico fuertemente propulsado por el negocio inmobiliario convirtió España en el enfermo de Europa cuando el país parecía haberse acostumbrado a un largo ciclo de prosperidad. “The party’s over”, titulaba la portada del semanario ¡The Economist¡ en noviembre del 2008. La fiesta terminó y el socialista José Luis Rodríguez Zapatero no lo pudo superar. Después de siete años de cura de caballo, el malestar social ha entrado al galope en el Parlamento y no hay números claros para la formación de un Gobierno estable. España se ‘italianiza’ y casi la mitad de Catalunya, la comunidad que más aporta al producto interior bruto, se pronuncia en favor de la independencia. España reaparece como serio problema político. Hay mucha inquietud en Bruselas.
En los últimos quince días, Jean-Claude Junker, presidente de la Comisión Europea, se ha pronunciado tres veces en favor de la pronta constitución de un gobierno estable en Madrid. Primero habló a través de su portavoz, Margaritis Schinas. Insistió después en una entrevista con ‘La Vanguardia’, en la que expresaba sus dudas sobre la viabilidad de un gobierno socialista español a la portuguesa. “Está por demostrar que esa sea una fórmula estable”, dijo el presidente luxemburgués, a su vez miembro del Partido Popular Europeo. Anteayer, Junker volvía a insistir: “Me gustaría que España se dote lo antes posible de un Gobierno estable”. Más claro, imposible.
También se ha pronunciado el presidente del Eurogrupo (conferencia permanente de los ministros de Economía de la zona euro). El holandés Jeroen Dijsselbloem enviaba hace una semana un aviso de lectura imprescindible para entender las dificultades que aguardan al Gobierno que pueda surgir del nuevo Congreso de los Diputados, si es que tal cosa es posible en los próximos dos meses y medio. El holandés de hierro que en julio puso de rodillas al Gobierno rebelde griego de Alexis Tsipras, se expresaba en los siguientes términos: “El presupuesto español para el 2016 incumple las reglas. La Comisión Europea fue clara al respecto. El nuevo Gobierno deberá presentar más ajustes. España deberá hacer más reformas y el control del déficit será el gran desafío del nuevo Ejecutivo”. Este es el verdadero mensaje del Directorio Europeo: daros prisa que hay que recortar.
A España le espera un ajuste adicional de unos 10.000 millones de euros, que podrá acometer mediante un nueva reducción del gasto público, o con una subida general de impuestos, preferentemente del IVA, o con ambas medidas a la vez.
En la misma línea que Dijsselbloem se expresaba el pasado jueves Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos, entrevistado por Beatriz Navarro, corresponsal de ‘La Vanguardia’ en Bruselas. El socialista francés Moscovici no es menos claro que su colega holandés, de filiación laborista. “En su día estimamos que el presupuesto español se halla en riesgo de incumplimiento, puesto que hay una brecha importante respecto a los compromisos de reducción del déficit. Habrá que ver en primavera las cifras definitivas del 2015 y las nuevas previsiones de crecimiento y déficit para el 2016. Si la diferencia se mantiene, el nuevo Gobierno deberá cubrirla. Tenemos una cita con España. No sabemos ni cuándo, ni con quién, esa es la nobleza de la democracia, pero en un momento u otro esa cita tendrá lugar”.
Una cita en los albores de la primavera, o en puertas del verano, si se repiten las elecciones. Una cita con Junker, Moscovici y Dijsselbloem. Una cita con Angela Merkel. Una cita con las tijeras. Este dato es fundamental para enmarcar y comprender mejor las maniobras que se van a producir en las próximas semanas –las maniobras visibles y las invisibles–, de cara a la investidura del presidente. Pese a la claridad con que se están manifestando los principales responsables de la política económica europea, la decisiva cuestión del ajuste presupuestario permanece ajena al debate público, centrado en las combinaciones políticas posibles –e imposibles-, y coloreado por el bebé Bescansa, las rastas de Alberto Rodríguez, diputado canario de Podemos, los disparates de Celia Villalobos, y la implacable ofensiva del bloque meridional del PSOE –los socialconservadores– contra el secretario general Pedro Sánchez.
España se ha convertido en el nuevo eslabón débil del Sur de Europa. Grecia viró fuertemente a la izquierda en enero del 2015 y sigue gobernada por Syriza, pese al duro correctivo de Bruselas al desafío de Tsipras este pasado verano. Portugal acaba de estrenar un gobierno socialista apoyado en el Parlamento de Lisboa por la nueva izquierda y por los viejos comunistas. En Italia, sorprendentemente estable, comanda Matteo Renzi, político de extracción católica que ha convertido el Partido Democrático (formación en la que conviven excomunistas y democristianos progresistas) en una suerte de ‘Partido Nacional’, que hoy va más allá de los límites tradicionales del centroizquierda.
Nada más conocer los resultados españoles, Renzi saltó a la yugular de Merkel, exigiendo una rectificación de la política de austeridad. La relación de Renzi con Bruselas es en estos momentos de máxima tensión. Italia presiona en favor de la flexibilidad y a la vez intenta encabezar políti- camente el bloque Sur, ante la posible ruptura del eje Madrid-Berlín, con tanto esmero cultivado por Mariano Rajoy. Francia, interesada en el reequilibrio de fuerzas con Alemania, sigue con la máxima atención el caso español.
El Vaticano también ha tomado posición. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, un diplomático muy experimentado, acaba de pronunciarse en favor de la pronta estabilidad política en España y de un acuerdo con Catalunya en el marco de la Constitución.
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