El rescate bancario nos sigue costando dinero a los españoles, cuatro años después del rescate europeo. Según la Intervención General del Estado, ese coste ha sido de 1.959 millones en lo que va de año (hasta julio), que responde a dos conceptos: por un lado, la conversión de la deuda subordinada de Sareb en capital, a causa de las fuertes pérdidas del banco malo en los últimos años, que se han 'comido' todos sus fondos propios; por otro, a la devolución del dinero de la salida a bolsa de Bankia a los inversores minoristas y las condenas por preferentes, cuyo coste se reparte entre la entidad cotizada y su matriz, BFA, 100% propiedad del Estado.
Hay que tener en cuenta que el sector público no se rige por las mismas normas contables que las empresas y entidades financieras privadas, por lo que los conceptos que considera pérdidas no coinciden con los habituales; ni siquiera con las que se anota en sus resultados el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), el vehículo a través del que se instrumentan las ayudas públicas al sector. El FROB registró pérdidas de 1.293 millones en 2015, lo que eleva elquebranto acumulado a 41.872 millones (según su contabilidad), más del 4% del PIB español.
La obligación impuesta por el Banco de España a Sareb de volver a tasar todos sus activos a partir de 2015—y de provisionar distintos créditosen los ejercicios anteriores— ha consumido todo el capital inicial de la entidad (1.200 millones) y ha obligado a transformar los 3.600 millones que tenía en deuda subordinada en acciones. Según fuentes de la Administración, la contabilidad del sector público obliga a tener en cuenta la parte correspondiente al FROB (tiene el 45% del capital) de esa conversión como gasto. Esto supone996 millones en 2016.
Pagar a los preferentistas... y a sus abogados
En cuanto a Bankia, el gasto se divide en dos conceptos: las condenas judiciales por preferentes y subordinada, y la devolución de la salida a bolsa a lo inversores minoristas. El primer concepto se lleva aplicando desde el rescate de la entidad en 2012, puesto que existe un acuerdo entre el FROB y la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri para repartirse los costes de estas condenas entre Bankia y BFA. En dicho reparto, le corresponden 234 millones a BFA, es decir, al Estado.
Este concepto disminuye año tras año, ya que solo quedan vivas las demandas de aquellos que fueron rechazados en el arbitraje o no acudieron a él; para el conjunto de los españoles, ese último caso supone que, además de devolver al cliente el dinero invertido (que habrían recuperado en el arbitraje gratuito), tenemos que pagar los honorarios de sus abogados (como el famoso Arriaga, que ha encontrado una mina en estas demandas).
Los ciudadanos pagamos 800 millones de la OPV
En cuanto a la OPV (oferta pública de venta) que lanzó Rodrigo Rato en 2011, como es sabido, Bankia decidió en febrero devolver todo el dinero invertido por particulares tras ser condenada por el Supremo, que consideró que sus cuentas eran falsas pese a que la Audiencia Nacional no ha finalizado la instrucción de esa causa. A esta devolución se ha aplicado el acuerdo que se alcanzó entre Bankia y el FROB en febrero de 2015 sobre quién debía pagar las posibles condenas por la salida a bolsa, después de un durísimo enfrentamiento entre Luis de Guindos y Cristóbal Montoro que incluso obligó a la entidad a aplazar la presentación de sus cuentas anuales.
Dicho acuerdo estableció finalmente que Bankia se haría cargo del 40% del coste total y el público BFA del 60% restante, pero solo después de que se agotara la parte de Bankia hasta un tope que, después de elevarse en 2015, se fijó en 780 millones. A partir de ahí, corremos con la cuenta todos los ciudadanos, una cuenta que ha ascendido a 806 millones hasta julio, ya que se han devuelto ya más de 1.500 millones a los afectados.
Como se puede observar, la suma de estas cantidades (996+234+806=2.036) es superior a los 1.959 millones anunciados por el Ministerio de Economía. Según las fuentes consultadas, esto se explica de nuevo porque la contabilidad pública sigue criterios diferentes a la privada y porque la Intervención General incluye otros conceptos como intereses o ajustes. En cualquier caso, la cuestión es que elrescate de las cajas se ha incrementado en otros 2.000 millonesaproximadamente en 2016, que tendremos que pagar los ciudadanos, aunque no compute como déficit público gracias a que las normas europeas lo dejan fuera (es decir, el déficit superaría todavía más el límite si se incluyera).
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