Ábalos asume que el coste del peaje del Huerna habrá que «compensarlo»
El ministro se compromete a «ver qué política de bonificaciones y reducción de tarifas» se puede aplicar tras renovar en el cargo
El actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se mantendrá en el nuevo Gobierno, aunque rebautizando su cartera como 'Transporte, Movilidad y Agenda Urbana'. Horas después de conocerse el cambio, ayer por la mañana, formuló su primer compromiso con la región. En una visita a Segovia fue interpelado por los desequilibrios que genera el actual mapa de autopistas de peaje y respondió: «Vamos a intentar hacer políticas compensatorias, no solo aquí, también en Galicia, tendremos que hacerlo en Asturias, en fin, en aquellas comunidades que tienen un sobrecoste sobre este tema». El propósito quedó claro. «Vamos a ver qué política de bonificaciones y reducción de tarifas podemos tener», dijo.
En un paseo por la ciudad el ministro se encontró con dos jóvenes que recogían firmas solicitando la gratuidad del peaje de los túneles de Guadarrama (AP-6). Fomento aprobó este año un recargo especial durante tres ejercicios para financiar unas mejoras en esta autopista de pago, que es la utilizada por los asturianos en su viaje a Madrid. El suplemento provocó que las tarifas se incrementaran un 1,7% el 1 de enero. Ese mismo día quedaron libres de pago las autopistas Sevilla-Cádiz (AP-4) y Alicante-Tarragona (AP-7), acentuando así la sensación de agravio.
«Lo que hemos hecho es no prorrogar las concesiones, no licitarlas de nuevo. Ahora lo que nos toca es igualar y no generar agravios; ver cómo podemos aliviar estos costes», explicó el ministro a los jóvenes. Los ciudadanos le manifestaron su enfado por la existencia de «un sistema mixto» en el que unas comunidades pagan por circular en vías de alta capacidad mientras otras se libran de ese desgaste. «La política es la de acabar con esto; que aquello que termina no se meta de nuevo en el circuito. La autopista de Cádiz era de 50 años, a la de la AP-7 se le metieron 20 años más que no se justificaban», indicó Ábalos. «Compartimos el criterio de igualar el territorio», agregó.
A preguntas de los periodistas, el ministro tuvo que ahondar de nuevo en la cuestión. «En el escaso tiempo que hemos tenido hemos procurado una política que trata de igualar en el conjunto para que no haya diferencias ni discriminaciones», defendió. «Hemos aumentado las bonificaciones al transporte pesado», aseguró. Se trata de una ventaja que en lo tocante al Huerna al menos el Principado le viene reclamando desde verano, sin que por el momento el departamento haya ampliado las bonificaciones que ya financia a los transportistas y usuarios más habituales de la AP-66. Ábalos subrayó que bajo su mandato por primera vez se han dejado de renovar las concesiones de autopista que caducaban. «Es un hito; no seguir en ese bucle de renovaciones de concesiones no es un agravio», trató de sostener. «Algunos territorios lo plantean como un agravio, lo que tienen que ver es lo contrario», instó el ministro. «Lo que queremos es acabar con el sistema de concesiones. Mientras tanto, las que haya, tienen una serie de compromisos que hay que respetar en función de la seguridad jurídica y el coste, pero vamos a intentar hacer políticas compensatorias», avanzó.
Tres décadas de contrato aún
Dejar de renovar peajes aporta poco en Asturias. El contrato de concesión por el cual Aucalsa explota la AP-66 le garantiza el negocio hasta el año 2050. Quedan por tanto tres décadas de pagos por delante, con una tarifa que actualmente es la segunda más alta por kilómetro recorrido entre las autopistas interprovinciales, solo por detrás de la AP-6. Respetar la situación supone que los usuarios del Huerna solo se librarán del peaje tras pasar 75 años abonándolo, el plazo de concesión más largo del país junto a la AP-9 gallega. En la negociación para investir a Pedro Sánchez, por cierto, el BNG ha logrado el compromiso de que esa autopista será transferida a la en el primer semestre y se financiarán descuentos a los usuarios más habituales.
El Principado carece de informes jurídicos que analicen si la prórroga que se hizo al Huerna y su situación actual es del todo legal o cuánto costaría un rescate, pero supone que el desembolso hace prohibitiva la operación. Por eso el Ejecutivo de Adrián Barbón ha centrado sus compromisos en lograr que el ministerio amplíe la bonificación a los transportistas y, si es posible, las que rebajan el coste a quienes pasan más de cuatro veces al mes por la AP-66. Desde 2007 los camioneros pagan en las cabinas el 70% del precio que les correspondería, cargando con la parte restante el ministerio. Esa bonificación le supuso en 2018 una factura de 4,2 millones. La compensación a los coches más frecuentes sumó otra ayuda de 1,5 millones.
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