Principado, empresas y sindicatos se unen para cambiar el estatuto de las electrointensivas
Asturias, Cantabria y Galicia consensúan las alegaciones, en las que plantean bonificaciones en la fiscalidad soportada por la gran industria
Unanimidad acerca de la escasa rebaja de la factura eléctrica que supone el estatuto del consumidor electrointensivo. Principado, empresas y sindicatos coinciden en el grueso de las alegaciones presentadas al documento elaborado por los ministerios de Industria y Transición Ecológica, cuyo periodo de información pública finalizó ayer. Entre los puntos comunes, destaca la diferenciación entre compañías electrointensivas e hiperelectrointensivas, para beneficiar más a quienes más consumen, segmento en el que se encuentran Arcelor, Asturiana de Zinc y Alcoa, entre otras.
El consejero de Industria, Enrique Fernández, desgranó ayer los ejes de sus propuestas, consensuadas con los gobiernos de Galicia y Cantabria, «con los que se ha trabajado intensamente en los últimos días». Un documento «compartido y participativo» que también recoge las sugerencias de las grandes consumidoras de energía del norte de España. Además del establecimiento de dos categorías según el gasto eléctrico, el Principado planteó «una reducción de los cargos en el límite máximo permitido por la Unión Europea y también con mayor intensidad en aquellas empresas que se definan como altamente electrointensivas».
Asimismo, Fernández reclamó mayores exenciones, no solo en estos cargos, sino «también en la fiscalidad soportada por las empresas electrointensivas, de manera que la rebaja en la factura eléctrica pueda ser significativamente mayor» que la prevista con la actual propuesta.
Directrices europeas
Punto en el que coincidió la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), que pidió aplicar la fiscalidad de acuerdo con las directrices europeas en materia de protección del medio ambiente y energía, «que permite limitar al 0,5% del Valor Añadido Bruto de la empresa para aquellas empresas con una intensidad de uso superior al 20%». Además, la patronal asturiana reclamó la exención de los costes fiscales indirectos para la gran industria.
En segundo lugar, el Gobierno regional solicitó un incremento en las compensaciones de costes indirectos de CO2, para lo que es necesario modificar el coeficiente que actualmente aplicar la UE a España y aumentar las ayudas hasta el límite normativo. «Queremos que el estatuto recoja ese objetivo máximo y llegue a unas compensaciones que se sitúen en el entorno de los 300 millones de euros anuales» frente a los 172 que prevé el estatuto.
Una reclamación que compartieron también las patronales de la industria electrointensiva -Aege- y siderúrgica -Unesid-, así como los sindicatos CC OO, UGT y USO. Se trata de que la industria pueda acceder año tras año al tope de estas ayudas y, además, de que la cantidad esté disponible en los Presupuestos Generales del Estado. Por su parte, Fade pidió asegurar los ingresos del 25% de las subastas de derechos de CO2 y desacoplar estas ayudas del estatuto. El último punto de las alegaciones del Principado aludió a la consecución de «más incentivos para facilitar los contratos bilaterales, conocidos como PPAs, entre las industrias y las productoras de renovables». Sobre las obligaciones para formalizar este tipo de contratos, el Gobierno autonómico solicitó que no se apliquen solo a los consumidores, sino también a los proveedores de energía.
En líneas generales, estas propuestas pretenden que la rebaja del precio eléctrico ronde los diez euros «frente a los aproximadamente 2,25 euros por megavatio/hora de media que se calculan con el actual texto del estatuto». Una reducción por el concepto de cargos y peajes que se queda en 54 céntimos en el caso de las hiperelectrointensivas. Con carácter adicional, el Principado instó a recuperar, «dentro de lo legalmente posible», la interrumpibilidad con el formato previo a la última subasta.
Por su parte, el portavoz de Foro en la Junta, Adrián Pumares, rechazó «dejar el precio de la energía al albur de las negociaciones de los presupuestos», mientras que el senador popular Javier Maroto abogó por una bajada de los impuestos eléctricos.
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