El Principado enviará a la UE una propuesta para un nuevo reparto de los fondos de transición justa
Pretende que se modifiquen las bases para que se incrementen los 307 millones de euros que se asignaron a España
Alcanzar el objetivo no será sencillo. Aún queda por delante una larga tramitación y muchas negociaciones entre los diferentes países para que se cierre el reparto definitivo de los 7.500 millones de euros del fondo de nueva creación para el periodo 2021-2027. El Parlamento Europeo y el Comité Europeo de las Regiones deberán pronunciarse sobre un asunto que se negociará finalmente en el Consejo de Europa. Mientras llega la tramitación oficial, el Principado trabaja en la modificación de los criterios técnicos de reparto, que hasta ahora primaron a aquellos países que menos esfuerzos en materia de descarbonización han realizado en los últimos años, castigando a otros como España donde la transición comenzó a desarrollarse con antelación. «No es de recibo que tres países se repartan el 50% de los fondos destinados a diez», criticó Adrián Pumares, el diputado que preguntó al consejero por este asunto.
Más allá de las cantidades que se manejan para la dotación del fondo, el consejero de Industria quiso poner el foco en «la calidad de los proyectos» que optarán a las ayudas. El reparto del dinero se realizará por países, pero luego serán las regiones que Europa ha designado como preferentes en el proceso de transición las que deban presentar los proyectos que optarán a los fondos. La elección de los mismos tendrá carácter competitivo. «De poco serviría tener un gran volumen de fondos si no somos capaces de presentar proyectos que se ajusten a los parámetros», destacó Enrique Fernández. Las cuatro comunidades españolas que hasta ahora están en esa terna son Asturias, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, aunque Galicia y Andalucía también pretenden sumarse. «Lo que siempre planteamos como irrenunciable es que la transición sea justa y el primer reparto no hace referencia a ese precepto», criticó el consejero de Industria.
La deuda del IVA
La sesión del Pleno de ayer sirvió también para incidir en el conflicto que el Principado mantiene con Madrid por la devolución de 75 millones de euros del IVA de 2017. De nuevo fue Adrián Pumares quien preguntó al Gobierno por un asunto que lleva camino de enquistarse. La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, fue la encargada de responder a las críticas de la oposición y lo hizo apelando al «diálogo» como primera solución, después de que el Gobierno central se negase a devolver las cantidades adeudadas a las comunidades autónomas.
El conflicto del IVA se desató en 2017. Un cambio en el sistema de liquidación dejó un mes sin pagar a las comunidades, que reclamaron un dinero que estaba consignado en los presupuestos de 2019 que PSOE y Podemos no lograron sacar adelante, abocando al país a elecciones. El Gobierno aducía el pasado año su imposibilidad de hacer frente al pago al encontrarse en funciones. Ahora, señala que legalmente no es posible afrontar la factura, por lo que ofrece a las distintas comunidades relajar los objetivos de déficit para cubrir la cantidad adeudada. «Aún nos falta información», señaló la consejera para evitar pronunciarse sobre la propuesta de Hacienda. «Cuando tengamos esos datos podremos manifestarnos ante algo que este Gobierno no ha provocado».
La postura que viene manteniendo el Principado con este asunto provocó las críticas de Pumares, que acusó al Gobierno regional de mantener una actitud «servil» con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «No siempre sirve el diálogo. El dinero no está donde debería, que es en el presupuesto de Asturias», afirmó Pumares. La consejera aseguró que se están realizando los estudios jurídicos y técnicos previos a emprender la vía judicial para reclamar el dinero. «Habrá contundencia, pero debe ser con argumentos», aseguró Ana Cárcaba.
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