La patronal siderúrgica exige que el estatuto priorice a la industria asturiana por su consumo
CC OO y UGT también reclaman en sus alegaciones que el Gobierno distinga a las empresas hiperelectrointensivas
Una herramienta que nació para rebajar los costes energéticos de la gran industria, pero que favorece más a las empresas con consumos menos elevados. Esta es la principal queja de la Asociación de las Empresas Productoras de Acero y de Productos de Primera Transformación del Acero de España (Unesid), a la que pertenece Arcelor, sobre el estatuto electrointensivo. La patronal siderúrgica reclamará al Gobierno, a través de las alegaciones que presentará esta semana, que distinga entre empresas electrointensivas e hiperelectrointensivas.
En esta última categoría se enmarcan, por ejemplo, Arcelor, Asturiana de Zinc (AZSA) y Alcoa. Las plantas de Alu Ibérica de Avilés y La Coruña perdieron esta condición al apagar las series de electrólisis. «Nos sorprende que no se hagan escalones (según el consumo) y que el Gobierno argumente que la Unión Europea no nos deja cuando Francia y Alemania sí tienen esa distinción hacia las hiperelectrointensivas», argumentó ayer el director general de Unesid, Andrés Barceló.
«Mazazo para el sector»
Señaló sin ambages que la propuesta elaborada por los ministerios de Industria y Transición Ecológica es «un mazazo integral para la siderurgia», sector para el que prevé «una rebaja de 54 céntimos» por MWh, mientras que las empresas que se sitúan en el nivel más bajo «van a tener una compensación doce veces mayor». Los contratos bilaterales para la compraventa de energía tampoco resultan eficaces para el sector de manera inmediata. «No van a tener efecto en los próximos años porque, hoy en día, a los productores eléctricos no se les ofrece ningún incentivo para hacer contratos a largo plazo rebajando quince euros», añadió Barceló.
También los sindicatos manifestaron su total desacuerdo con el estatuto en términos similares a los de Unesid. «Es rotundamente falso que el documento no pueda contener otro tipo de medidas más ambiciosas homologables en el marco de la Unión Europea», incidió el secretario general de CC OO de Industria en Asturias, Damián Manzano. Recordó al Gobierno español que «algunas medidas, como la fijación de tasas, dependen directamente del Estado y está renunciando a aplicarlas». Puso como ejemplo una de las propuestas recogidas en su documento: la creación de la figura del consumidor hiperelectrointensivo, que, a su juicio, debería contar con una exención de hasta el 90% de los costes derivados de los peajes de transporte y distribución y del 95% del impuesto eléctrico. «Es una figura reconocida en el ámbito de la Unión Europea», subrayó. Respecto a las compensaciones por emisiones indirectas de CO2, Manzano exigió que «esta partida esté reconocida de forma ordinaria en los Presupuestos Generales del Estado para que no dependa del gobierno de turno o de la inestabilidad política que obligue a prorrogarlos».
Por su parte, UGT también reclama la distinción hacia las hiperelectrointensivas, así como que las compensaciones por emisiones de CO2 se eleven al máximo y se intervenga en otro de los factores claves de la factura eléctrica, el de la vía impositiva, para rebajarla, como explicó su secretario general en Asturias, Javier Fernández Lanero. El sindicato también coincidió con CC OO en exigir a las empresas beneficiarias de las ayudas energéticas un mayor compromiso de mantenimiento del empleo.
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