Barbón busca unir fuerzas con Feijóo para que el Gobierno mejore la rebaja de la luz
El Principado se acerca a Galicia, que acusa a Madrid de primar a catalanes y vascos l "Sin Presupuesto no habrá estatuto", avisa Maroto
Oviedo, M. Palicio / L. G. 20.02.2020 | 01:21
El Gobierno asturiano ultima sus alegaciones a la propuesta del Ministerio de Industria para rebajar la luz en el sector fabril (proyecto del Estatuto del Consumidor Electrointensivo) y lo está haciendo, según reveló ayer el presidente regional, el socialista Adrián Barbón, tratando de unir fuerzas con otras regiones y en particular con la Xunta de Galicia, comunidad donde, como en Asturias, está muy comprometida la competitividad de grandes empresas por los costes energéticos.
Durante una intervención en la Junta General y a preguntas de la oposición, Barbón prometió que su Gobierno tratará de mejorar el borrador del estatuto para la industria electrointensiva en defensa de los intereses de las empresas afectadas en Asturias. Añadió que su ejecutivo trabaja en contacto con otras autonomías. En una respuesta a la portavoz del PP, Teresa Mallada, Barbón remarcó en concreto que el Principado está "trabajando con la Xunta de Galicia y compartiendo información". El propio Barbón habría hablado con su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo (PP), "para que las alegaciones se parezcan". Teresa Mallada dio por hecho que "el objetivo del Gobierno central es cargarse la industria" ante "la pasividad del Principado".
La aproximación de Barbón a Feijóo a cuenta de la industria electrointensiva remite a la alianza que su antecesor, Javier Fernández, formó en 2018 con el presidente gallego y con el entonces líder castellano-leonés Juan José Lucas (PP), en defensa de la continuidad de las térmicas de carbón. Con Galicia en clima preelectoral, la Xunta ha sido el gobierno autonómico más crítico con el contenido del estatuto electrointensivo, sobre todo en aspectos que, han explicado las empresas y los sindicatos, también perjudican a Asturias: la ampliación del número de beneficiarios a más de 600 -lo que ha favorecido de manera notable a las industrias de Cataluña, Comunidad Valenciana o País Vasco-, y la negativa a dar un trato preferencial a las fábricas con mayores consumos y que por ello están más expuestas a los precios, casos en el Principado y Galicia de la antigua Alcoa (hoy Alu Ibérica). Tales fábricas, entre las que también están las asturianas de ArcelorMittal y Azsa, reciben en el estatuto la compensación más baja (54 céntimos por megavatio/ hora) de los costes relativos a las energías renovables y otros cargos.
"El Gobierno está utilizando la política energética como un instrumento de discriminación territorial", ha llegado a decir el conselleiro de Economía de la Xunta, Francisco Conde, para quien el estatuto prima a Cataluña y el País Vasco.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, pidió ayer en el Congreso al PP y al Gobierno gallego que "dejen de bloquear y mentir" y "hagan política útil" respaldando el estatuto electrointensivo. "No es para una sola empresa, ni para un solo sector, ni para un solo territorio, sino para toda la industria electrointensiva", apostilló. "La Ministra defendió en la Cámara su plan para la luz - "garantiza la competitividad de la industria", dijo- y justificó que las medidas de apoyo al sector se hagan depender de los Presupuestos del Estado y con ello de la negociación política y de las incertidumbres que lleva asociadas. "En otro caso, los costes de rebajar la luz a la industria lo soportarían los demás consumidores y en concreto los más vulnerables", argumentó. Y previno a la oposición: "Si no aprobamos los Presupuestos, nos quedaremos sin instrumentos para ayudar al consumidor electrointensivo".
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