El tijeretazo del Gobierno a las retribuciones de la cogeneración supone otro mazazo a la industria asturiana. La propuesta de orden de actualización de las bonificaciones de la cogeneración de energía para 2020 las recorta en un 36% respecto al año anterior. Una rebaja de tal calibre pone en peligro la viabilidad y, por tanto, la continuidad de buena parte de la treintena de plantas ubicadas en Asturias, como señalan las empresas propietarias. A la caída de las remuneraciones -que implica una subida media del 20% en los costes energéticos- se suma el hecho de que un porcentaje elevado de las instalaciones de la región finaliza en dos años su vida útil, según explica el director general de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), el asturiano Javier Rodríguez Morales.
«Las empresas quieren invertir, pero, primero, no hay un nuevo marco regulatorio, y, segundo, las retribuciones bajan tanto que a ver quién quiere invertir. Si no es rentable, la señal que se da a la industria es fatal», señala. Rodríguez hace alusión a la dejadez por parte del Gobierno central tras la reforma realizada por el PP en 2013, que «estableció una serie de normas que a la cogeneración le son enormemente lesivas». Por ello, Acogen reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que «reconduzca» su propuesta y elabore un plan para acometer la descarbonización en el sector.
Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), tal y como adelantó EL COMERCIO, ya anunció su decisión de recurrir como socia de Acogen por la «preocupante» repercusión en su cuenta de resultados. El impacto para la industria lechera asturiana se prevé profundo. Tanto es así que Industrias Lácteas Asturianas (Ilas) -cuya denominación comercial es Reny Picot- considera que «la reducción de aportaciones a las cogeneraciones las hace inviables y, con ello, aumentan los costes de la industria láctea consecuentemente». No es este el único sector perjudicado por el recorte retributivo. Mina Ana, dedicada a la producción de espato flúor en Ribadesella, no tiene unas perspectivas precisamente positivas. Su propietaria, Minersa, que tiene otras tres plantas de cogeneración -dos en Madrid y una en Cantabria-, demuestra el perjuicio con datos. «En enero hicimos números y es el primer mes con pérdidas por las nuevas retribuciones», explican fuentes de la empresa, cuya planta de cogeneración en Asturias data del año 2000.
Con este escenario, Mina Ana decide «día a día si arrancar, según el precio» de la energía. Reconoce la empresa que «muchos días se trabaja con pérdidas», cuando antes del ajuste la actividad de las instalaciones de cogeneración era permanente. En febrero, solo ha estado en marcha un día. «Ahora mismo, con este cambio, corre peligro la planta», apunta este portavoz, porque, aunque la actividad principal es la fluorita, la cogeneración «es un negocio en sí misma, que da algún extra como agua caliente, de refrigeración o los gases de escape que se recuperan».
También Industrias Roko, compañía especializada en la producción de agar-agar -polisacárido que se obtiene de determinadas algas- con instalaciones en Llanera, apunta las dificultades que supone la rebaja que plantea el Ejecutivo. «Calculamos que la caída de la retribución será del 35%», merma que desbarata la planificación presupuestaria, con los perjuicios que conlleva, señala un representante de la factoría. Una maniobra recurrente «porque es la tercera vez que el Gobierno nos hace algo así».
Industrias Roko aún está pendiente de conocer las cuentas finales y, como el resto del sector de la cogeneración, de ver cómo queda el ajuste, dado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuestionó esta semana la idoneidad del cálculo empleado por el Ejecutivo. Otras empresas asentadas en la región también están analizando el impacto, como Nestlé y Hunosa -la hullera cuenta con una planta de cogeneración en la central de La Pereda-, mientras que en Ence se descartan consecuencias, puesto que utiliza biomasa para producir energía eléctrica y térmica y el recorte se centra en otras tecnologías.
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