La gran industria perdió 354 millones en la subasta eléctrica en cinco años
Las ayudas por interrumpibilidad cayeron en 2019 hasta su mínimo histórico y para la primera mitad de 2020 apenas se adjudicaron 4,3 millones
Los escasos mecanismos que ayudan a competir a la industria española siguen debilitándose con el paso de los años. Los altos costes de la energía en el país, que repercuten en la competitividad de los grandes consumidores frente a países de dentro y fuera de las fronteras europeas, suponen uno de los mayores quebraderos de cabeza del sector, que en muchas ocasiones ya han alertado de que la producción no es viable a medio plazo con estas diferencias. Las compensaciones por interrumpibilidad se crearon, precisamente, para aportar ingresos a las compañías siempre y cuando estas cedan parte de su potencia contratada en caso de que el sistema eléctrico lo necesite para el abastecimiento general.
El sistema, que desde 2014 funciona a través de una subasta a la que las empresas acuden adquiriendo paquetes de 5 y 40 MW, es sin embargo cada vez menos provechoso para las empresas, que ya tildaron de «desastre» la última convocatoria, relativa al primer semestre de 2020. Esta caída en picado de los ingresos se debe a la decisión del Gobierno de sacar a subasta un 57% menos de bloques tras el toque de atención de la Unión Europa, que considera que se pervierte la libre competencia dentro de las fronteras comunitarias con lo que, a su juicio, son ayudas de Estado.
Según los datos de Red Eléctrica de España (REE), el pago por interrumpibilidad se inició en 2012 con 494 millones de euros. Al año siguiente, se llegó a la cuantía máxima registrada, con 682 millones de euros. Sería en 2014 cuando daría comienzo el sistema de subasta que se conoce en la actualidad. En esta primera convocatoria, el Ejecutivo ofreció paquetes suficientes como para repartir 550 millones de euros. Comparándolo con los datos finales de 2019, esta compensación ha dejado de aportar 354 millones de euros. En otras palabras, las dos subastas de este año apenas repartieron 196 millones.
Las perspectivas para 2020, asimismo, son aún peores. A falta de que se subasten los paquetes correspondientes al segundo semestre, las cifras de la subasta para la primera mitad del año se han traducido en un recorte del 90% respecto a este ejercicio. En concreto, el Ejecutivo repartirá 4,3 millones de euros durante este periodo para las empresas que acudieron a la puja. Uno de los únicos mecanismos que funcionaban como compensador de los altos costes del sistema español, por tanto, ya apenas tiene relevancia en las cuentas de la industria.
«Daña la competitividad»
Las quejas del sector han venido elevándose en los últimos tiempos hasta que este jueves pusieron el grito en el cielo. Esgrimen casos como el de Alcoa, que este verano firmaba la venta de sus plantas de Avilés y La Coruña al fondo suizo Parter Capital. Y lo hizo, entre otras razones «por los elevados costes fijos» como el de la energía.
Ese ha sido el caballo de batalla de la industria con los últimos gobiernos: lograr una reducción de su factura eléctrica para evitar cierres, despidos y deslocalizaciones. De hecho, la patronal siderúrgica (Unesid) ha avisado de que este recorte «daña la competitivdad del acero español y perjudica la sostenibilidad del sistema eléctrico».
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