La Abogacía General del Estado, siguiendo instrucciones del Gobierno, tiene previsto reclamar este lunes al Tribunal Supremo la salida de prisión temporal de Oriol Junqueras después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que falló el pasado jueves que el líder de ERC era inmune desde que fue proclamado como eurodiputado tras las elecciones del pasado 26 de mayo. Los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia volverán de este modo a enfrentarse con el criterio de la Fiscalía, que ha solicitado que se le mantenga en la cárcel y se comunique al Parlamento Europeo su inhabilitación, y lo harán después de que Esquerra Republicana reclamara un gesto en este sentido para avanzar en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Ese gesto será fundamental para que la reelección del líder socialista pueda acelerarse y cristalizar antes de Reyes, tal y como ya avanzaban fuentes de la formación separatista durante su congreso nacional, este sábado.
Según informaban ayer domingo fuentes gubernamentales a El Confidencial, el Ejecutivo considera que esta petición de excarcelación temporal guarda coherencia con la postura que ya adoptó la Abogacía el pasado junio cuando se posicionó en un escrito a favor de permitir a Junqueras acudir al Congreso de los Diputados para iniciar los trámites para la obtención del acta y para prometer cumplir la Constitución. Las fuentes consultadas precisan que, aunque el escrito que se llevará al Supremo se está ultimando y se prevé registrarlo a mediodía de este 23 de diciembre, lo más probable es que los servicios jurídicos del Estado se limitarán a apoyar una excarcelación durante el tiempo necesario para que la Eurocámara, que preside el socialista italiano David Sassoli, levante la especial protección del parlamentario. Desde el Ejecutivo se insiste en que lo que sí está ya claro es que no se cuestionarán ni la validez del juicio del 'procés' ni la posterior sentencia condenatoria.
De este modo, la Abogacía no forzará su propia doctrina pues, según fuentes del Gobierno socialista, se seguirá "más o menos" el criterio manifestado en junio, "incorporando lo que dice el TJUE, que es de obligado cumplimiento". "Queremos, como siempre, que se acate la sentencia", sostienen en la misma línea desde el entorno del presidente, sin dar más detalles. Sin precisar, por tanto, si se pedirá la libertad temporal hasta que culmine el suplicatorio, que puede llevar varios meses, o solo para que recoja su acta.
Los pronunciamientos públicos del Ejecutivo, muy escasos y prudentes, apuntaban en estos últimos días a esa dirección, hecho que motivó las denuncias de la oposición. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ya afirmaba el pasado jueves que la Abogacía buscaría "ayudar" al Supremo a cumplir el fallo del TJUE. Planteamiento que reforzaba este sábado desde Córdoba. Se trata, dijo, de una resolución que "obliga a nuestro Tribunal Supremo". "El tribunal de Luxemburgo es también un tribunal para los españoles, no es un tribunal ajeno a nuestra soberanía jurisdiccional" a pesar de que "hay quienes andan diciendo desde la ultraderecha que esto es un ataque a la soberanía española y es justo lo contrario, esto es soberanía española, también soberanía jurisdiccional de nuestro país", remarcó.
Desde el Ejecutivo se insiste en que sí está ya claro que no se cuestionarán ni la validez del juicio del 'procés' ni la posterior sentencia condenatoria
La postura de la Abogacía se conocerá después de que la portavoz de ERC, Marta Vilalta, anunciara que las negociaciones para la formación de Gobierno quedaban congeladas a la espera del contenido de su informe. La opinión de los servicios jurídicos es, sin embargo, una más de las solicitadas a las partes y será el tribunal en el que decida en última instancia qué efectos tiene la resolución del TJUE sobre Junqueras. Fuentes jurídicas apuntan a que, a falta de conocer todas las posiciones y deliberar sobre ellas, el Supremo no tiene intención de sacar al de ERC de prisión ya que se encuentra condenado en firme y, por tanto, apartado del ejercicio de cargo público.
"Muy positivo"
Pese a ese apoyo al permiso mostrado en junio, la Abogacía consideró en sus alegaciones ante el tribunal de Luxemburgo que la inmunidad alegada por Junqueras no tendría efecto alguno. Desarrolló esta argumentación indicando que el Derecho interno español solo contempla esta protección para aquellos parlamentarios sometidos a procedimiento judicial en fases anteriores a la apertura de juicio oral. Cuando Junqueras fue elegido, el juicio del 'procés' ya entraba en su recta final.
Aragonès señaló que si la Abogacía coincide con ERC "ayudará a ver que hay una voluntad de abrir camino hacia una resolución política y no penal"
Una vez que la Abogacía registre su escrito, el siguiente paso lo deberá dar ERC. La formación de Junqueras habrá de valorar si ese gesto directo del Gobierno a través de sus servicios jurídicos —no pidió que lo hiciera la Fiscalía, cuyo funcionamiento es autónomo— es o no suficiente. Este sábado, en TV3, el 'vicepresident' de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, aseguró que si la propuesta de la Abogacía coincide con la postura de su partido será "muy positivo".
"Que liberen a Oriol Junqueras, que pueda ir a recoger el acta de eurodiputado porque disfruta de inmunidad. Así lo ha dejado bien claro la sentencia del TJUE", indicó, añadiendo que seguirán defendiendo la nulidad del fallo del Supremo del juicio del 'procés'. Por tanto, una postura de los letrados del Ejecutivo en línea con lo manifestado por ERC "ayudará a ver que hay una voluntad de abrir camino hacia una resolución política y no penal del conflicto en Cataluña", ya que "no es viable" un mecanismo de diálogo entre gobiernos "si se mantiene una dinámica represiva".
La Abogacía no pedirá la anulación del juicio del 'procés', pero sí se inclina por demandar esa excarcelación temporal de Junqueras para que pueda recoger su acta. "Los servicios jurídicos están en su sitio y nosotros cerrando el acuerdo", señalan en el equipo del presidente. Si ERC considera que el gesto basta, se reanudarían formalmente las negociaciones —las conversaciones no se han detenido y la interlocución entre los portavoces parlamentarios, Adriana Lastra y Gabriel Rufián, es constante—, con vistas a desbloquear la investidura lo antes posible. Los obstáculos ya habrán quedado removidos. Fuentes del partido separatista ya advertían durante el congreso que si se cerraba finalmente el pacto con el PSOE, la reelección de Sánchez podría llegar antes de Reyes, aunque no descartaban del todo que pudiera materializarse antes de fin de año. El afán de los socialistas en los últimos días ha sido apremiar a los republicanos a que separen la vía política de la judicial, porque además el 'procés' es una "herencia" de la estrategia seguida por el anterior Gabinete, el de Mariano Rajoy.
El punto clave, la mesa de gobiernos
El Gobierno presiona para que todo el proceso se culmine ya. No renuncia, en consecuencia, a que el debate arranque este viernes, 27 de diciembre, de suerte que la primera votación, en la que se requiere mayoría absoluta, se produzca el 28 y la segunda, en la que hacen falta más síes que noes, sea el lunes 30, lo que permitiría a Sánchez tomar posesión de su cargo el martes 31, Nochevieja. La otra alternativa, que a ERC le parecía hasta ahora más plausible, es aprovechar la primera semana del año. Es decir, que el pleno comience el jueves 2 de enero, siga el viernes 3 con la primera votación y concluya el domingo 5, víspera de Reyes. Esa ventana de oportunidad ya fue abierta por el PSOE para dar un mayor margen a los republicanos, para que pudieran aterrizar a la abstención de manera más suave. Ocurría después de que el secretario de Organización, José Luis Ábalos, enturbiara las conversaciones al mostrarse "convencido" de que ERC renunciaba a la vía unilateral. Palabras que irritaron a la formación secesionista.
El día clave es este lunes. Si hay acuerdo, ERC convocará a su 'consell nacional'. Batet necesita unas 48 horas para convocar el pleno por las fiestas
En cualquier caso, la jornada clave será este lunes. Pasada la decisión del TJUE, y pasado el Rubicón del congreso de ERC, que discurrió sin contratiempos y en el que la cúpula se vio reforzada en sus planes por las bases, todo ya se puede acelerar. La dirección tendría que convocar su 'consell nacional', su máximo órgano, para ratificar el acuerdo con los socialistas. Los socialistas, en cambio, no tienen claro que les dé tiempo a convocar a su comité federal. Para el presidente, la prioridad es amarrar la investidura cuanto antes, porque ya tiene el visto bueno de su militancia al Gobierno de coalición con Unidas Podemos. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, necesita señalar la sesión con unas 48 horas de antelación por las dificultades de desplazaminto de sus señorías en Navidad, lo que obligaría a que si se quisiera que el debate arrancara el viernes 27, habría de fijarlo mañana martes, como tarde.
El punto clave del pacto entre PSOE y ERC será la mesa de negociación entre gobiernos, la encargada de abordar el futuro encaje de Cataluña. Los socialistas ya habrían aceptado que ese foro sea de nueva creación, y no cobijado en la comisión bilateral Generalitat-Estado, la recogida en el Estatut. Los republicanos demandan que no haya vetos temáticos —los independentistas defenderán en esa mesa su propuesta de autodeterminación, que el Ejecutivo no aceptará, aunque a su vez los socialistas llevarán su propia oferta—, que se trabaje con un calendario claro y con garantías finales de cumplimiento. "Evidentemente que se debe hacer otro referéndum. Necesitamos un instrumento reconocido a nivel internacional", señaló Aragonès en TV3. Horas antes, el mismo Junqueras, en un mensaje a la militancia grabado desde la cárcel de Lledoners, había asegurado que la independencia es "irreversible" y un nuevo referéndum, "inevitable".
Los republicanos insisten en el referéndum, que el Gobierno repite que no asumirá: el acuerdo que se alcance será "público" y dentro de la Constitución
La ponencia política, aprobada por el 93% de las bases, plantea tres vías para alcanzar la consulta. Una primera, pactada y negociada con el Estado, que sería "imposible" ahora mismo por la negativa del Gobierno a permitir ese camino. La segunda, "forzar" al Estado a convocar un referéndum, combinando la movilización constante con acciones de "desobediencia civil no violenta, más el fortalecimiento de las instituciones catalanas, el avance reiterado en las urnas y la generación de complicidades internacionales". La tercera opción no es la "apuesta prioritaria" para ERC, pero no se descarta: es el 'ho tornarem a fer' ('lo volveremos a hacer'), un referéndum sin la autorización del Estado. O sea, una consulta unilateral, aunque ese término no aparece en el documento.
Sánchez ha venido insistiendo en que el acuerdo que se pueda alcanzar con la formación de Junqueras será "público" y estará dentro de la Constitución. En el marco de la "seguridad jurídica", eufemismo que recuperó como otra señal más de las concesiones semánticas en esta difícil, prolongada y opaca negociación. La dirección es consciente de cuáles son las demandas de máximos de ERC, pero también ha reiterado, dentro y fuera del partido, que los republicanos saben cuáles son los límites que nunca traspasará el presidente en funciones.
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