El Gobierno condiciona la subida de las pensiones a la investidura
Concluye que sólo con plenos poderes puede subir las pensiones, pero se compromete a que el incremento sea retroactivo a 1 de enero, con independencia de cuándo se forme el Gobierno.
El Gobierno ha decidido aprobar la subida de un 0,9% en las pensiones después de la investidura de Pedro Sánchez para un segundo mandato como presidente del Gobierno. Y así lo comunicará en el Consejo de Ministros del viernes dentro de un Real Decreto Ley, con el que terminará el año, según las fuentes gubernamentales consultadas por EXPANSIÓN.
En la norma, el Ejecutivo adquirirá el compromiso legal de que las pensiones subirán el próximo año un 0,9%. Con ello, pretende transmitir "seguridad jurídica" a los jubilados, para que no teman por el incremento de sus rentas. El nuevo Gobierno tomará la decisión en cuanto tenga plenos poderes para tomar éstas y otras decisiones ejecutivas.
Para ello, el Ejecutivo confía en alcanzar un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en los próximos días para que se abstenga en la segunda votación de la investidura de Sánchez y facilite su renovación como presidente. Al cierre de esta edición se esperaba el pronunciamiento de la Abogacía del Estado sobre el líder de ERC, Oriol Junqueras. La exigencia final de los republicanos para su abstención es que pida que pueda ir al Parlamento Europeo a recoger su acta de diputado. Otra cosa es lo que diga el Tribunal Supremo, porque Junqueras está condenado con sentencia firme a 13 años de prisión por sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos. En todo caso, el Consejo de Ministros que apruebe la subida de las pensiones en un 0,9% lo hará de forma retroactiva, desde el 1 de enero de 2020.
En este contexto, también hay que tener en cuenta que con esta decisión de subir las pensiones después de la investidura, el Ejecutivo también presiona a ERC para que le apoye. Cuanto antes Sánchez pueda renovar como presidente, antes podrá empezar a tomar decisiones de alcance social. No hay que olvidar que el presidente tiene un acuerdo de Gobierno de coalición con Podemos, que está muy interesado en que se note su influencia en el Ejecutivo.
Supensión del IRP
Con todo ello, el Gobierno suspenderá, nuevamente, la vigencia del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). De esta forma, las prestaciones quedarán congeladas momentáneamente hasta que el Ejecutivo apruebe el citado incremento de las pensiones.
Hay que tener en cuenta que, si no fuese así, las pensiones deberían subir lo que diga el IRP. Con una Seguridad Social que tienen un déficit atornillado en los 17.000 millones de euros, las rentas de los jubilados tendrían que desvincularse de la previsión de inflación y, por lo tanto, tendrían incrementos mucho más moderados que el 0,9%.
Hay que recordar que ante las protestas de los pensionistas porque sus rentas sólo subían un 0,25%, el Gobierno del PP acordó con el PNV, en abril de 2018, la suspensión del IRP y el retraso hasta 2023 de la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad. Es decir, de la fijación de la cuantía de la primera pensión teniendo en cuenta, entre otros factores, la esperanza de vida de la generación del nuevo jubilado. Precisamente, el Gobierno ha prometido que, cuando esté plenamente ejecutivo, derogará ambas reformas que el Gobierno del PP promulgó en 2013.
Otro tanto ocurre con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Como en el caso de las pensiones, según las mismas fuentes consultadas, el Gobierno ha decidido que subirá esta renta en cuanto haya un Ejecutivo con plenos poderes y, por lo tanto, después de la investidura. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha recordado varias veces que, en los últimos años, la subida del SMI se ha aprobado entre enero y febrero en seis ocasiones.
Además, Sánchez se ha comprometido personalmente con CCOO y UGT y, sobre todo, con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme a negociar la subida del SMI. Sobre todo con los empresarios, porque fueron éstos los que levantaron la voz la semana pasada ante el acuerdo entre el PSOE y Podemos de subir esta renta desde los 900 a los 1.000 euros mensuales. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, llegó a decir que un incremento como el previsto en dicho acuerdo "rompería todos los convenios" que utilizan como referencia el pacto salarial cerrado en 2018 con los sindicatos.
Enfado empresarial
Los empresarios ya se molestaron mucho cuando en 2018, sin contar con ellos y los sindicatos, el Gobierno pactó con Podemos una subida del SMI de 736 a 900 euros mensuales. Lo que significó que el Ejecutivo ignoró a los agentes sociales y un aumento del 22,3%. Al que ahora debería añadirse un 11% más, que es el incremento contemplado entre los 900 y los 1.000 euros.
Los empresarios temen que si el Gobierno sigue disparando el SMI, CCOO y UGT empiecen a reclamar que suban los salarios más bajos de los convenios en igual cuantía. La razón es que unos dos millones de trabajadores tiene retribuciones comprendidas entre los 1.000 y 1.500 euros mensuales.
Es importante destacar que la subida del salario mínimo incorpora un incremento similar de las bases mínimas de la Seguridad Social, como ya ocurrió este año. Precisamente, como esta medida afectaba automáticamente a los autónomos que cotizaban a la Seguridad Social por las bases mínimas, el Gobierno pactó con sus organizaciones que cada año debía haber una negociación al respecto. Por lo menos, hasta que en el futuro haya una reforma para que los autónomo puedan cotizar a la Seguridad Social de acuerdo con sus ingresos. Hay que recordar que el 80% de estos empresarios trabajadores cotizan por la base mínima.
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