La UE plantea acelerar el recorte de las emisiones a la gran industria asturiana
Pretende invertir cien mil millones en la transición verde y aplicar el arancel ambiental que pide Asturias a partir de 2021
La prioridad política de la 'era Von der Leyen' ya cuenta con soporte documental y un calendario para desarrollar la futura legislación que marcará el paso a toda la Unión Europea (UE). En el día once de su mandato, la nueva presidenta del Ejecutivo comunitario presentó en el Parlamento Europeo el Pacto Verde, la hoja de ruta que debería convertir a Europa en el primer continente descarbonizado del planeta en 2050 y que pasa por inversiones y ayudas millonarias a las regiones más expuestas, como Asturias, aunque también enormes exigencias, y asumir el arancel ambiental que tanto reclaman sectores como el siderúrgico, una petición que lidera Arcelor.
Von der Leyen se marca un reto ambicioso que exige a la economía transformar en oportunidades los desafíos climáticos. Un giro, en definitiva, de todo el sistema y que para Asturias supondrá toda una revolución por su carácter eminentemente industrial y el peso de instalaciones muy dependientes del CO2, desde sus térmicas a las plantas siderúrgicas, pasando por empresas cementeras o químicas. De hecho, el Principado ya es una de las regiones que opta a captar fondos comunitarios para una transición justa.
Bruselas defiende que hay «una sólida trayectoria» en la UE de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero sin afectar a su crecimiento económico. Se apoya en estos datos: el pasado año, las emisiones fueron un 23% más bajas que en 1990 y el Producto Interior Bruto (PIB) creció un 61% en el mismo periodo.
Von der Leyen compareció ayer ante la Eurocámara para desgranar un proyecto que situó al mismo nivel histórico que «la llegada del hombre a la Luna» y del que viene hablando desde su nominación el pasado verano, aunque siempre haciendo referencia a que ninguna región puede quedar atrás y a una transición que promete justa para las comarcas más afectadas. Así, establece como punto intermedio hacia las emisiones cero, alcanzar en 2030 el objetivo de reducción del 50% o el 55%. Su idea es presentar el próximo verano un plan de evaluación de impacto. Y en junio de 2021, una revisión que comprenderá también el comercio de emisiones, cuyo precio se ha disparado en los últimos dos años y ha puesto en jaque a sectores como el siderúrgico, y la firme apuesta por la silvicultura (cultivo y cuidado de las zonas boscosas).
Hoy el objetivo que tiene establecido la UE para 2030 es reducir las emisiones de efecto invernadero en un 40%. Y llegar a él ya requeriría una inversión anual sustanciosa: 260.000 millones de euros (el 1,5% del PIB de la UE de 2018). Así que ser más ambicioso, 'amarrar' ese 50% o 55%, disparará el gasto. La Comisión Europea aún no ha cerrado su plan de inversión. Lo presentará también en 2020. Aunque ya avanza que el 25% del presupuesto a largo plazo de la UE lo absorberían estos planes.
Tensiones por la aportación
Ayer lo hizo ante el Parlamento y hoy Von der Leyen lo tiene que defender ante unos líderes -en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno que se celebra en Bruselas-, que no se ponen de acuerdo sobre la aportación que cada socio debe hacer a ese presupuesto de largo alcance, el primero a Veintisiete, sin Reino Unido. Alemania y países del Norte de Europa, por ejemplo, abogan por la contención, por no superar más del 1% de la Renta Nacional Bruta de cada país. La anterior Comisión Europea, liderada por Jean-Claude Juncker, apostaba por el 1,11%. Y la Eurocámara presiona para llegar al 1,3%.
La cuestión es que para asegurar que la descarbonización sea «socialmente justa», Von der Leyen necesita dinero. Es por ello que en enero aprobará la creación de un Fondo de Transición Justa, dotado de entre 5.000 y 7.000 millones de euros procedentes del presupuesto comunitario pero que, añadiendo cofinanciación nacional y privada, préstamos del Banco Europeo de Inversiones, que tendría un billón para prestar (entre 2021 y 2030) a proyectos sostenibles, y financiación en los mercados, calculan que puede movilizar 100.000 millones de euros entre 2021 y 2027.
Con ese fondo de transición justa de 100.000 millones, Von der Leyen pretende también salvar las reticencias de países como Polonia, Hungría o la República Checa, muy dependientes de materias fósiles, que temen los altos costes económicos y laborales de la transición. Son los que más frenan su ambicioso plan, que también afectará de lleno a la economía regional.
Más allá de la movilización de esos recursos para potenciar la descarbonización, Von der Leyen hace suya una de las medidas más demandadas tanto por los gobiernos regional y central como por empresas y sindicatos, el arancel ambiental, que la presidenta de la Comisión Europea pretende introducir en 2021. «Un mecanismo de ajuste en frontera para determinados sectores» diseñado para gravar los productos elaborados en países que no cumplen con los estándares medioambientales europeos.
Un alivio para sectores como el siderúrgico, severamente perjudicado por el aumento de las importaciones del llamado 'acero sucio'. Buena prueba de ello son los recortes aplicados por compañías como Arcelor, que también han llegado a sus plantas asturianas. Otra medida que afecta a la multinacional de la familia Mittal es la propuesta de la UE de impulsar, a partir de 2020, la fabricación de acero sin emitir dióxido de carbono. Hito que pretende lograr en 2030, según recogen los documentos presentados ayer por la Comisión Europea y que se votarán hoy.
Por otro lado, está la duda sobre si Europa por sí sola (responsable del 9% de las emisiones globales), sin los compromisos de Estados Unidos, China o India, pueda debilitar su propia su capacidad para competir e incluso si el 'plan verde' favorecerá la deslocalización de empresas.
«Con el Acuerdo Verde Europeo debemos devolver más de los que quitamos (al planeta). Debemos transformar nuestra forma de vivir y trabajar, de producir y consumir», defendió la conservadora alemana. La no acción, añadió, supone 5.000 millones al año por efecto de las inundaciones o 10.000 debido a las sequías. La primera ley climática de la UE llegará antes del próximo 19 de marzo, cuando vencen los primeros cien días del mandato de Von der Leyen. Es el compromiso que adquirió para conseguir que la Eurocámara respaldase su nombramiento. Y lo mantiene.
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