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RÍO DE JANEIRO — Cuando se dispersó el humo, la Amazonía pudo volver a respirar con facilidad.
Durante meses, se cernieron nubes negras sobre el bosque tropical mientras las cuadrillas de trabajadores lo quemaban y talaban. Ahora, cuando llegó la temporada de lluvias, la selva tuvo un respiro y el mundo ha podido entender de manera más clara el daño sufrido.
La imagen que apareció no fue nada alentadora: la Agencia Espacial Brasileña (AEB) informó que en un año habían sido arrasadas más de 958.000 hectáreas de la Amazonía, una extensión de selva casi del tamaño de Líbano que se ha extirpado del bosque tropical más grande del mundo.
Fue la pérdida más grande de bosque tropical en Brasil que se ha visto en una década y una prueba clara de lo mal que le ha ido a la Amazonía, que es una defensa importante contra el calentamiento global, durante el primer año de mandato del presidente Jair Bolsonaro en Brasil.
El dirigente ha prometido abrir el bosque tropical a la explotación industrial y disminuir su protección. Y su gobierno ha cumplido al recortar fondos y personal para socavar la aplicación de las leyes ambientales. En ausencia de agentes federales, han llegado oleadas de madereros, ganaderos y mineros envalentonados por el presidente y deseosos de satisfacer la demanda global.
La deforestación aumentó casi un 30 por ciento en comparación con el año anterior.
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“Eso confirma que en la Amazonía no hay ley”, dijo sobre los datos Carlos Nobre, climatólogo de la Universidad de São Paulo. “Los delincuentes del medioambiente se sienten cada vez más empoderados”.
Advirtió que tal vez la Amazonía pronto rebase un punto crítico y empiece a autodestruirse. “La eficacia en la aplicación de la ley ha llegado a su nivel más bajo en una década”, dijo. “Es una advertencia preocupante para el futuro”.
El gobierno de Bolsonaro en ocasiones ha aludido a la idea de combatir la tala ilegal, pero el presidente ha reafirmado su antigua postura de menosprecio a los trabajos de conservación. Durante su campaña electoral dijo que la política ambiental de Brasil estaba “asfixiando al país”, después prometió que ni un “centímetro cuadrado” de tierra se les asignaría a los indígenas y, en noviembre, hizo caso omiso de los datos oficiales sobre la deforestación.
Su postura está clara en la línea divisoria de la Amazonía, donde el bosque tropical se transforma en terreno para el ganado, la soya y otros cultivos como parte de un proceso que puede ser opaco, en ocasiones ilegal y con frecuencia violento.
“La deforestación y los incendios siempre han sido un problema, pero esta es la primera vez que han ocurrido gracias al discurso y a las actividades del gobierno federal”, dijo Marina Silva. Ministra del Medioambiente de Brasil a mediados de la primera década de este siglo, Silva adoptó medidas enérgicas contra las actividades ilegales en la Amazonía que contribuyeron a que la deforestación se redujera un 83 por ciento de 2004 a 2012.
Alrededor del año 2014, Brasil empezó a caer en una profunda recesión y la deforestación comenzó a aumentar conforme los ganaderos y los leñadores buscaban nuevas tierras que explotar. La Amazonía —que durante siglos proporcionó árboles de caucho, minerales y tierra fértil— era el lugar evidente al cual recurrir.
La agroindustria, que siempre ha sido una fuerza en Brasil, adquirió todavía más poder económico y político: ahora, esta representa casi una cuarta parte del PIB del país, y la región de la Amazonía alberga granjas de soya, minas de oro y hierro, y ranchos que poseen más de 50 millones de cabezas de ganado.
Estas industrias encontraron un aliado en Bolsonaro, quien antes de postularse a la presidencia el año pasado era un diputado de extrema derecha a favor de las empresas. Según Silva, su gobierno “no está luchando por mantener una gestión a favor del medioambiente”.
La deforestación comenzó a aumentar antes de que Bolsonaro llegara al gobierno, en enero de 2019. Algunos expertos temían que, para la época más extrema de la temporada seca en julio y agosto, los madereros y ganaderos ilegales que incendian la tierra con el fin de prepararla para los cultivos y la pastura estuvieran quemando la Amazonía impunemente.
Sus incendios captaron la atención del mundo, en especial cuando se difundieron por internet las imágenes de las llamas en la selva, los árboles calcinados y el humo que oscurecía el cielo de São Paulo, la ciudad más grande de Brasil situada 3000 kilómetros al sureste del bosque tropical. Según las cifras del gobierno, se detectaron más de 80.000 incendios desde el comienzo del año.
Estos incendios provocaron una crisis diplomática importante para Bolsonaro, la cual lo enfrentó a una reacción violenta por parte de políticos, celebridades y la opinión pública a nivel global. Francia amenazó con frenar un acuerdo comercial importante y Noruega y Alemania suspendieron sus contribuciones para proteger el bosque tropical.
Tras mantener una postura desafiante al principio, Bolsonaro movilizó al ejército para combatir el fuego y emitió un decreto que prohibía las quemas en la Amazonía durante sesenta días.
La indignación llegó a tal extremo que a las empresas brasileñas les preocupó su posible impacto. “¿Se dañó nuestra imagen? Sí. ¿Podemos recuperarla? Sí. El gobierno tiene que ajustar su discurso a lo que el mundo desea”, comentó Blairo Maggi, un productor de soya multimillonario y exministro de Agricultura conocido como el rey de la soya.
“Los agricultores, las asociaciones y la industria tienen que reconstruir lo que se ha perdido”, señaló. “Retrocedimos diez pasos; tendremos que trabajar para regresar a donde estábamos”.
La gente que trabaja la tierra ha expresado sentimientos encontrados sobre la deforestación. Para algunos, los incendios son una doble amenaza que disemina un humo peligroso y destruye el bosque que siempre ha sido una fuente de sustento. Para otros, los incendios generan empleos muy necesarios que todavía son más valiosos dentro de la aletargada economía de Brasil.
La presión a la Amazonía también ha sido provocada por la demanda de productos del extranjero. Cada año, Brasil exporta casi quince toneladas de soya, gran parte de ella a China, y más de 6000 millones de dólares en carne de res, más que cualquier otro país en la historia. De acuerdo con la Escuela de Silvicultura y Estudios Ambientales de Yale, las fincas ganaderas representan el 80 por ciento de la tierra deforestada en la Amazonía.
Se han impuesto multas de millones de dólares a las principales empresas de carne de res y soya por comprar materia prima procedente de tierras deforestadas de manera ilegal, pero ha resultado difícil hacer cumplir esas reglas.
La semana pasada, el ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, dijo que el gobierno necesitaba una nueva estrategia para detener la tala ilegal y la minería, pero no ha esbozado un plan.
Y a pesar del tono más conciliador adoptado por Salles y algunos empresarios, como Maggi, Bolsonaro ha vuelto a expresar su visión sobre la Amazonía: un recurso que puede ser explotado.
La semana pasada, acusó falsamente al actor Leonardo DiCaprio de financiar incendios en la Amazonía, y durante meses también negó las preocupaciones de los pueblos indígenas sobre el aumento de las invasiones de tierras protegidas por madereros y mineros, incluso cuando los grupos indígenas han pedido protección al gobierno por el panorama cada vez más violento.
Muchas personas ambientalistas han culpado directamente a Bolsonaro por el aumento de la deforestación. Argumentan que esta crisis ha sido posible por el despido de funcionarios clave en el principal regulador ambiental del país —el Instituto Brasileño del Medioambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama)— y su negativa a respaldar el combate contra la tala.
“Si el gobierno federal no cambia profundamente su postura sobre el tema”, dijo Mauricio Voivodic, director ejecutivo del World Wide Fund for Nature Brasil, la deforestación “crecerá aún más el próximo año, lo que hará que el país retroceda treinta años en términos de protección de la Amazonía”.
El futuro de la Amazonía puede depender de si eso sucede, con serias implicaciones para el calentamiento global.
El bosque tropical almacena un gran porcentaje de dióxido de carbono, que se libera a través de los incendios. De enero a julio, la deforestación y los incendios en la Amazonía brasileña liberaron entre 115 y 155 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, una cantidad casi igual a las emisiones totales para el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, según un análisis del Woods Hole Research Center y el IPAM-Amazônia.
“Los datos de deforestación de los últimos tres meses también muestran un aumento muy fuerte”, dijo Nobre, el climatólogo.
Los científicos también advierten que tantas décadas de destrucción han llevado al bosque muy próximo a un punto de no retorno, en el que temporadas más fugaces de lluvias y sequías más prolongadas convertirían la mayor parte del bosque tropical en una sabana.
De acuerdo con las investigaciones de Nobre, el punto de no retorno se podría alcanzar cuando la deforestación en la cuenca del Amazonas aumente a un 20 a 25 por ciento, o incluso antes. No existe un porcentaje preciso de deforestación actual en los nueve países que contienen la Amazonía, pero muchos investigadores creen que ya se ha perdido alrededor del 17 por ciento del bosque.
En una conversación con periodistas el mes pasado, Bolsonaro predijo que el humo volverá. “La deforestación y los incendios nunca terminarán”, dijo. “Es cultural”.
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