La rebaja de la luz a la industria, supeditada a que haya presupuesto y a la descarbonización
Las ayudas dependerán de que el Gobierno logre apoyo político para sus cuentas y de que las empresas apuesten por la transición energética
El hecho de que las ayudas dependan del apoyo político al Ejecutivo choca de lleno con la reclamación de las empresas de un precio de la electricidad «competitivo, estable y predecible». De hecho, incluso las dotaciones del fondo con el que se garantizarán los contratos bilaterales entre industria y eléctricas están supeditadas a que se consignen en las cuentas estatales.
El borrador del estatuto, que desde ayer está sometido a audiencia pública para que se puedan realizar alegaciones hasta el 20 de febrero, incluye también numerosas obligaciones para las compañías, entre ellas el mantenimiento del empleo y la actividad industrial, concentrar el 50% del consumo en las horas valle y que este sea predecible -deberán mandar la previsión del 75% cada mes-, pero también exige inversiones en eficiencia energética y descarbonización, que les llevará a rendir cuentas ante el Ministerio para la Transición Ecológica.
Más allá de mejorar la competitividad de las empresas con una rebaja del precio de la luz, el estatuto «viene a facilitar dicha transición», asegura el estatuto, que se describe como un instrumento de política industrial para ayudar a la incorporación de tecnología innovadora y ecológica y facilitar el camino hacia un escenario neutro en emisiones. Así, obliga a implantar un sistema de gestión de energía auditado y certificado, promover la eficiencia, realizar al menos cada cuatro años actuaciones para la mejora de este desempeño que sean rentables -recuperación no superior a tres años- e informar al Ministerio para la Transición Ecológica sobre las medidas implantadas, el detalle de los consumos, la procedencia de los combustibles, la producción, los ahorros de energía logrados o los proyectos de I+D+i relacionados con la mejora de la eficiencia energética. En definitiva, el Gobierno fiscalizará al detalle la actividad de las principales industrias del país, entre ellas las asturianas.
De hecho, la apuesta por la descarbonización impregna también la obligación de contratar en menos de doce meses un 10% del consumo anual de electricidad con una duración mínima de cinco años mediante contratos de suministro con renovables (PPAs). El importe de las garantías que ofrecerá el Estado podría superar los 500 millones y se espera que actúe como palanca para el fomento de estos contratos, mientras que el ahorro que se espera, según el Gobierno, es de entre 10 y 15 euros el MWh sobre el precio de mercado.
Las ayudas, de competencia estatal y de gestión centralizada, ya han sido sometidas al parecer de las comunidades, que también formarán parte de la comisión de evaluación de la concesión de ayudas.
Por otro lado, el estatuto no hace distinción entre empresas electrointensivas e hiperelectrointensivas, como Arcelor o AZSA, en las que el impacto del consumo eléctrico en sus costes es mayor y como se demandaba desde Asturias. Al rebajar el consumo anual exigido para beneficiarse de las ayudas a 1GWh anual, las compañías que podrán certificarse aumentan, de tal forma que, en el Principado, podrían incluirse otras como Fertiberia, CAPSA, Ilas, Ence, Química del Nalón, DuPont o Saint Gobain. Por tanto, teóricamente, las compensaciones a las grandes pueden reducirse ya que las ayudas se concederán «por el procedimiento de concurrencia entre todas».
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