Adrián Barbón, el noveno presidente de Asturias, el primero nacido después de que se aprobara la Constitución, tomó posesión de su cargo, como es de rigor, en una ceremonia solemne en la escalinata de la Junta General preparándose para una legislatura que abordaba con cierto optimismo: había alcanzado una mayoría notable, de 20 diputados, y se perfilaba en el horizonte una probable coincidencia (y así fue aunque meses más tarde lo esperado) de color con el Ejecutivo Central. Era el 20 de julio. Pero, probablemente, la segunda vida de este primer año de mandado comenzó en unas atribuladas horas a caballo entre el 10 y 12 de marzo, cuando comenzaron a dispararse los primeros brotes de la pandemia en Asturias, cuando se decidió cerrar los colegios (primero unos puntuales en Oviedo y luego la generalidad en toda la comunidad) y cayó como una losa el primer muerto por covid-19 en la región. Faltaban también apenas unas horas para que se decretara el Estado de Alarma en todo el país y todos los planes y estrategias de todo el mundo saltaron por los aires.
Pese al horror inmenso de los estragos de la pandemia (con más de 300 fallecidos en Asturias), el Principado presentó hasta el momento una gestión notable de la lucha contra la enfermedad, fue uno de los territorios en los que más pruebas PCR se realizaron por habitante del Estado (e incluso en una escala internacional), y también de lo que ha logrado contener mejor la aparición de rebrotes. Si en las explicaciones para la suerte de Asturias se cuentan en muchas ocasiones su falta de conexiones internacionales o incluso se habla de «aislamiento», también tuvo que afrontar el virus con una de las poblaciones más envejecidas del continente y, por lo tanto, con mayores riesgos. Un sólido sistema sanitario público, sostenido a través de muchas décadas, y un grupo de profesionales altamente cualificados en los hospitales de Asturias son principalmente la clave de la buena respuesta de la comunidad a la pandemia.
En el haber político de Barbón, antes del estallido de la enfermedad, se contaba uno y no pequeño: aprobar el primer presupuesto de su mandato tras muchos años de prórrogas y bloqueos parlamentarios. A sus 20 diputados sumó con facilidad los dos de Izquierda Unida y, con no pocas revueltas internas, logró unir también a una diputada de Ciudadanos (el grupo naranja en Asturias había cerrado un acuerdo que luego vetó Madrid) y una abstención de un Foro en vísperas de escindirse.
En el debe, y tampoco es pequeño, Barbón arrastra (y no todas las demoras las explica la pandemia) un hueco cada vez mayor en la falta de respuesta a los problemas de la transición energética en Asturias. No es sólo que el Ejecutivo Central no haya aprobado el ansiado estatuto de la industria electrointensiva sino que el Principado asiste como convidada de piedra a la presentación de alternativas de las eléctricas que cierran sus centrales térmicas en la comunidad. Mientras Naturgy (en Soto de la Barca) e Iberdrola (en Lada) y han ido anunciado proyectos e inversiones en otros territorios para compensar las clausuras de sus plantas, la descarbonización amenaza, al menos por el momento, por castigar de forma desmedida a Asturias en fuentes energéticas y también en empleo.
Las notas de la oposición
Los grupos de la oposición le han puesto nota a este primer año de Gobierno de Adrián Barbón. El más favorable su principal aliado parlamentario, Izquierda Unida, que en términos globales, según su portavoz Ángela Vallina, cree que «hay claroscuros, pero creo que hay que hacer una valoración positiva en líneas generales». Desde IU se valora el interés por pactar con la izquierda pero han advertido del, a su juicio, conformismo del presidente con lo concedido a Asturias en el fondo de compensación de los gastos de la pandemia (más de 200 millones de euros entre pérdidas de recaudación y compras extraordinarias) «creemos que sigue siendo insuficiente: necesitamos más recursos que los comprometidos y, además, se primó a Comunidades que no habían apostado, como Asturias, por la sanidad pública y por servicios sociales públicos de calidad, prefieriendo en cambio una fiscalidad complaciente con los más rícos, que luego tratan de suplir con donaciones que, al mismo tiempo, les sirven para desgravar a quienes no pagan sus impuestos. Con la salud no se juega bajando impuestos y luego pidiendo limosna», destacó Vallina. La portavoz lanzó también una alerta repecto al futuro inmediato con una reforma de la administración pública que para la coalición «no puede enmascarar recortes. Debe hacerse respetando os derechos de la plantilla sin renunciar a lograr más eficiencia y eficacia. Hay que empezar a valorar al personal público, porque en esta pandemia se ha visto que es fundamental y que trabaja para toda la sociedad. Sin esos trabajadores y trabajadoras no habríamos podido responder a la pandemia como se ha hecho».
Mucho más dura fue la calificación de este primer año para el Partido Popular, un año «de una gestión inexistente» para su portavoz Teresa Mallada. La diputada insistió en que «nadie duda que en los peores momentos de la pandemia, la prioridad era atajar la crisis sanitaria, pero también es cierto que en paralelo, debieron comenzar a tomarse medidas de índole económico, social y educativo para ir sentado las bases de la recuperación. Asturias ya se encontraba a la cola en la mayoría de los índices económicos y tras esta crisis, salimos en desventaja».
Mallada apuntó especialmente a la falta de influencia que, en su opinión, demuestra Barbón dentro del Ejecutivo Central en aspectos económicos. «el presidente alardea de influencia en Madrid, pero lo cierto es que no ha conseguido absolutamente nada relevante para Asturias y el ejemplo más definitivo es que seguimos sin Estatuto de la Industria Electrointensiva, pese a ser un instrumento imprescindible para la supervivencia de nuestra gran industria y para garantizar miles de empleos».
Podemos, que no alcanzó un acuerdo para los presupuestos con Barbón pese que en Madrid se fraguó un gobierno de coalición entre morados y socialistas, también destacó las carencias en materia de transición energetica a la hora de hacer balance. Así, su portavoz Lorena Gil, señaló que «Sin alternativas de empleo, la transición será injusta. En Asturies tenemos a miles de personas y empresas que solo piden una oportunidad. La labor de los gobiernos es trabajar para que la tengan. Los ERTEs o el Ingreso Mínimo Vital aprobados por el Gobierno de coalición están siendo medidas fundamentales para paliar los consecuencias más directas e inmediatas de la pandemia en Asturies. La tarea más importante que como sociedad tenemos por delante es la de reconstruir un país, un proceso que ha de ser caja de resonancia de las ideas y propuestas de una sociedad que tiene que participar en sentar las bases de su futuro».
Gil destacó también la preocupación de su grupo por la situación del asturiano y el gallego asturiano y reclamó pasos firmes para avanzar hacia la oficialidad y una consecuente reforma del Estatuto de Autonomía.
Desde Ciudadanos, su portavoz Laura Pérez Macho, hizo hincapie en que «queda pendiente que demuestre que su lealtad a Asturias está por encima de su lealtad a Pedro Sánchez». Así, la diputada naranja incidió en que no se ha aprobado el estatuto de las electrointensivas pero tampoco se conoce si se han aceptado las alegaciones presentadas por Asturias en alianza con Galicia y Cantabria y añadió que sin ellas «erá un fiasco para el sector industrial asturiano, será papel mojado, no servirá para ayudar a la industria asturiana que está en una situación crítica». Pérez Macho tambièn criticó el reparto de los fondos de compensación del Covid desde el Estado «que hoy por hoy ni siquiera van a cubrir el agujero presupuestario que tenemos a mitad de año». La, a su juicio, «mala negociación» de Barbón en Madrid sienta un mal precedente en «la antesala de la negociación de la financiación autonómica, que nos coloca en una posición delicada para negociar esa financiación autonómica de la que depende el futuro de los servicios públicos y del Estado de Bienestar en Asturias».
En el balance de Foro, su portavoz Adrián Pumares también achacó a Barbón un exceso de seguidismo ante el gobierno central y en la gestión de la pandemia «hemos observado un excesivo triunfalismo por parte tanto del presidente como del consejero de sanidad; no debemos olvidar el drama vivido en la residencias de ancianos, que ha sido terrible y que seguimos sin contar con las cifras oficiales de fallecidos en la región». Pumares insistió en que su grupo espera una reforma fiscal en el Principado con incentivos especialmente destinados «para las personas que viven en la zona rural o que quieran instalarse en ella porque necesitamos cuidar esa parte tan importante de nuestra región».
Por último, la calificación más negativa ha sido de la Vox. Su portavoz Ignacio Blanco, señaló que, desde su punto de vista, la gestión de la pandemia en Asturias ha sido inexistente y se limitó a seguir las indicaciones del Ejecutivo central. Por otro lado apuntó que «no se ha hecho nada en términos de reducción de la energía, se ha optado por la peor solución para Alcoa con el asunto de Partner que acabó siendo la elección del Principado, dicen que por lealtad, aunque todos sabemos que es por sumisión al Ministerio de Industria y lo que ya nos faltaba es que se discriminen a 30.000 alumnos ahora de la educación concertada, no sólo en términos de educación sino en términos sanitarios porque si se aplican parámetros distintos de alumnos por aula en la pública y en la concertada, que es una pública de gestión indirecta, se estará atentando contra la salud de 30.000 niños y sus familias. Este primer año es muy decepcionante en el que se ha introducido también el bable como arma arrojadiza entre los asturianos».
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