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Según el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ordena reabrir la pieza 5 del caso Villarejo, en la que se investigan unas grabaciones entre José Manuel Villarejo y Corinna Larsen, queda corroborado que el Rey Emérito no ha presentado declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero y tampoco hay constancia de que poseyera cuentas corrientes en el extranjero.
Tal y como recoge Infolibre, la resolución judicial de este lunes relata cómo el 4 de septiembre de 2018 el magistrado Diego de Egea se dirigió a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria para recabar información sobre el rey emérito. Al día siguiente, 5 de septiembre de 2018, llegó la respuesta que señalaba que el Rey Emérito no ha presentado declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 720) y tampoco hay constancia de que el Rey Emérito poseyera cuentas corrientes en el extranjero.
Dos días después, el juez Diego de Egea, que sustituía en esa pieza a García Castellón, dictó el sobreseimiento provisional, pero dos años más tarde la investigación de la Fiscalía suiza aportó datos sobre la sociedad panameña Lucum Foundation en la que Juan Carlos de Borbón aparece como primer beneficiario y que fue creada presuntamente para ocultar los casi 65 millones de euros de fondos procedentes de Arabia Saudí que en 2012 fueron transferidos a Corinna Larsen.
El modelo 720, en vigor desde 2013, obliga a los contribuyentes a declarar sus bienes y derechos en el extranjero por lo que los expertos sostienen que los 65 millones, aunque fuesen un regalo del rey de Arabia Saudí, tendrían que haber sido declarados a través de ese modelo. Aun si esa transferencia le hubiese dejado sin un euro oculto fuera de España, «su obligación era presentar el modelo 720 haciendo constar que hasta junio de 2012 había tenido 65 millones», afirma José María Mollinedo, portavoz de la asociación de técnicos de Hacienda Gestha.
No se sabe aún si la Fiscalía suiza ha encontrado datos que permitan atribuirle al emérito la tenencia de fondos ocultos a partir de su abdicación, antes de la cual gozaba de inviolabilidad. Ni la Casa Real ni los abogados del rey emérito se han pronunciado respecto al tema de la tributación en España por el patrimonio destapado por la investigación suiza.
Las ganancias patrimoniales no justificadas y localizadas en el extranjero no tienen caducidad a efectos de sanciones y de persecución, ya que según la ley que rige el Modelo 720, el dinero no declarado que se localice pasa a formar parte de la «base liquidable general» del IRPF del ejercicio «más antiguo entre los no prescritos», que en el caso del rey es de 20115, fecha en la que ya no gozaría de inviolabilidad.
Sin embargo, otros expertos tributarios señalan que se podría librar de delito quien oculta sus fondos en una sociedad instrumental extranjera si logra demostrar que como beneficiario no era el dueño de las acciones de dicha sociedad.
La pieza Carol fue archivada porque en septiembre de 2018 no se conocían las cuentas bancarias a las que aparece ligado el rey emérito ni sus vínculos con la fundaciones Lucum y Zagatka, simplemente existían los audios de Corinna. Las revelaciones sobre el papel del emérito en las fundaciones Lucum y Zagatka provienen de la investigación paralela desarrollada por la Fiscalía de Ginebra.
Ahora, la Fiscalía del Supremo mantiene al anterior jefe del Estado sometido a una investigación penal por supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales y aunque la pieza se reabre por asuntos ajenos al rey emérito se hace sin perjuicio de que ello pueda llevar a otro tipo de infracciones.
Lo cierto es que solo el Supremo goza de potestades para abrir causa contra el rey y para ello es necesario que la Fiscalía transforme sus pesquisas en querella.