OVIEDO
La unión entre los empresarios asturianos no pasa por su mejor momento. La crisis económica provocada por la pandemia les ha cogido con el pie cambiado y sus recetas para volver a la senda del crecimiento son radicalmente opuestas. Unos proponen la creación de nuevos impuestos -los constructores- y otros se oponen radicalmente-los transportistas y FADE-. Esto ha disparado la tensión entre sectores y evidencia que la fractura interna existe.
La polémica surgió el pasado jueves cuando Joel García, presidente de CAC-Asprocon (constructores), planteo a Adrián Barbón que el Principado crease un impuesto finalista que grave a los vehículos de la región y cuyo importe se destinaría al mantenimiento de las vías de comunicación, lo que generaría actividad en el sector. La propuesta no gustó al resto de empresarios de la región y su reacción no tardó en llegar.
El primero en responder fue Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). El líder de los empresarios ha asegurado que, a pesar de entender la situación del sector, es en los presupuestos donde se deben habilitar partidas específicas para el mantenimiento de las infraestructuras «porque si no se hace de forma regular puede llegar el momento que el coste de su recuperación sea inasumible».
«No podemos compartir que para salvar la situación del sector se implante un impuesto finalista que va a aumentar la presión fiscal en una región en la que ya es altísima y que además iría en contra de la competitividad del resto de sectores», ha indicado Feito, que ha añadido que en estos momentos todos los sectores viven tiempos muy complicados, «pero la solución no es que cada sector pida un impuesto finalista para solventar su situación».
«Perplejidad e indignación» de Asetra
Más contundentes han sido las críticas de la Asociación de Empresarios del Transporte de Asturias (ASETRA) desde donde han asegurado que esta propuesta ha provocado «repulsa y colérica exasperación» entre los empresarios del sector. En su opinión es un planteamiento «profundamente injusto, indignante y salvaguarda exclusivamente los intereses de los ámbitos afines a la construcción de grandes infraestructuras, sin importarles un bledo las consecuencias que acarrearía esta medida para el transporte de mercancías por carretera».
Los transportistas recuerdan además que su actividad supone casi un 5% del PIB y es considerado, «al menos sobre el papel», como estratégico en nuestra economía.
En estos momentos «tan dramáticos», en los que toda la economía nacional «está en peligro», Asetra ha afirmado que las soluciones para salir de esta crisis pasan por «la consecución de acuerdos globales que salvaguarden el empleo en todos los sectores». Al realizar su propuesta, CAC-Asprocon ha demostrado «una absoluta falta de solidaridad, no solo con respecto al transporte, sino hacia toda la región y por extensión, a todo el país», sostiene.
Las críticas no se han quedado ahí y desde Asetra han sido todavía más contundentes: «CAC-Asprocon ha puesto en marcha una bomba de relojería que le puede estallar en las manos, porque el sector no va a consentir su hundimiento por intereses partidistas de unos pocos».
El transporte ha pedido al Principado que no atienda el planteamiento de los constructores y ha dejado claro que, si finalmente se implantase, «se emprenderán todo tipo de acciones legales, pero con absoluta contundencia, para impedir la puesta en marcha de la propuesta que ha realizado CAC-Asprocon, replicando en la región el planteamiento de las grandes Constructoras y Concesionarias de SEOPAN, pensando únicamente en su propio beneficio».
No hay comentarios:
Publicar un comentario