Impugnan ante el TSJA el decreto de ampliación de terrazas
Los vecinos del Fontán, la asociación Afectados por la Movida y la del Oviedo Antiguo apelan a que la norma «no se ajusta a derecho»
Fue el pasado mes de mayo cuando el alcalde, Alfredo Canteli, firmó un decreto por el cuál se permitía la ampliación de las terrazas en los locales hosteleros para poder reabrir los negocios una vez se inició la fase de desescalada de la crisis sanitaria. Era el encaje para que los bares pudieran hacer frente a las restricciones de aforo impuestas por el coronavirus. Una medida temporal que estará vigente hasta el mes de noviembre, pero que desde el principio no gustó a los vecinos de la zona del casco histórico por considerar que vulneraba la ordenanza de terrazas vigente, amparada por una sentencia del Tribunal Supremo.
Ahora, la asociación de vecinos del Fontán Pérez de Ayala, el colectivo de Afectados por la Movida y la asociación del Oviedo Antiguo han impugnado ante el Tribunal Superior de Jusicia de Asturias el decreto aprobado por el equipo de gobierno. Pendientes aún de si será admitido a trámite y del recorrido judicial que pueda tener, los demandantes esgrimen varios motivos para impugnar esta norma.
Por un lado porque «no se ajusta a derecho», pero también, aseguraron a este diario, porque «se están duplicando espacios sin que haya ninguna limitación», además de incumplir la normativa de accesibilidad que amparaba la ordenanza vigente. El decreto aprobó que los negocios con licencia de terraza pudiesen ampliar su veladores siempre que se respetasen dos metros hasta la fachada; 3,5 hasta los portales o garajes. Además de contar con autorización por escrito de los colindantes, en caso de invadir sus frentes de fachada, pero el equipo de gobierno ha hecho concesiones más generosas en varias zonas.
Las tres asociaciones que han impugnado el decreto temen que se prolongue más allá de noviembre, aunque desde el equipo de gobierno siempre se incidió en que era una «medida temporal y provisional». Los vecinos aseguraron que a día de hoy «no tienen garantías» de que la situación vuelva a la situación anterior al decreto, esto es, al cumplimiento de la ordenanza de terrazas aprobado por unanimidad en el Pleno, en 2015 y avalada cuatro años después por el Tribunal Supremo que desestimó el recurso de Otea.
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