España se encamina hacia el primer Gobierno de coalición de su historia democrática reciente. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tienen ya cerrada la voluntad de confirmar un gabinete conjunto cuya consecución dependerá de que el líder socialista sea capaz de obtener los votos suficientes para la investidura, con la necesaria abstención de Esquerra Republicana de Cataluña como gran incógnita por el precio que los independentistas pretendan ponerle a la presidencia. La discreción en las negociaciones entre PSOE y Podemos es el primer indicio de que la negociación está madura. Si sale, el país replicará en su Administración central un modelo de gestión que hace ya varios años que se aplica en casi todas las autonomías, donde la alternancia bipartidista ha dado paso a la geometría variable.
Por sus semejanzas, el hecho de haber perdurado más de una legislatura y haber sido un claro experimento de corte progresista, el llamado Consell del Botànic en la Comunidad Valenciana podría servir de laboratorio para analizar qué puede salir mal y qué puede salir bien en un Ejecutivo compartido con mayorías ajustadas entre formaciones autodenominadas de izquierdas. Inaugurado en 2015, el propio Iglesias ha puesto más de una vez el modelo valenciano como ejemplo de lo que le gustaría replicar en España, si bien en este caso la coalición se sustentó en PSOE y Compromís, con Podemos como muleta parlamentaria. No fue hasta la segunda legislatura iniciada en abril cuando los morados accedieron al Consell, con una vicepresidencia con competencias limitada a vivienda y aspectos mediambientales y otra ‘conselleria’ de Participación y Trasparencia que ocupa Esquerra Unida (IU).
Lo interesante, por tanto, es analizar cúal ha sido la evolución de la relación entre el ‘president’ Ximo Puig y su partido, el PSOE, y Mónica Oltra y la conjunción de sensibilidades que es Compromís, y qué paralelismos pueden encontrarse en el futuro con el matrimonio político que quieren iniciar Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Mejor un único relato que dos
El primer Pacte del Botánic arrancó con un claro relato de regeneración y levantamiento de la hipoteca reputacional sobre la Comunidad Valenciana derivada de la sucesión de escándalos de corrupción asociados al Partido Popular. Los protagonistas firmaron primero el qué (un programa político para los siguientes cuatro años) y luego pusieron caras al quién (los integrantes del Consell y los distintos altos cargos). Esta hoja de ruta fue clave para fijar prioridades de gestión y agenda política, tratar de evitar las improvisaciones internas y disponer de un discurso con el que afrontar la primera legislatura. Pese a todo, los conflictos competenciales afloraron pronto y han sido una tónica general desde 2015.
La bicefalia interna tiene consecuencias en la política de nombramientos, pero especialmente en la de los ceses
La diferencia es que conforme ha ido pasando el tiempo esta batalla por la defensa o la conquista de espacios ha ido enquistándose y abriendo brechas internas. El último episodio se vivió en la negociación de los Presupuestos de 2020, cuando Compromís se negó a ceder a la nueva consellera de Innovación y Universidades, Carolina Pascual, un importante paquete de ayudas al tejido productivo que dependen de la Conselleria de Economía, frustrando así el proyecto de Puig de crear una gran área de conexión entre el sistema de I+D+i y las empresas. Pascual, una independiente que venía de presidir el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones estuvo a un paso de tirar la toalla. La difultad de poner en marcha nuevos proyectos compartidos y de trasladarlos a la ciudadanía por el celo de unos y otros en mantener sus cuotas de poder es el mayor déficit del llamado Botànic II.
Los ministros están para cesarlos
El primer descubrimiento de un presidente en coalición es que, aunque de cara hacia fuera ostente tal condición, en realidad solamente lo es para la mitad más X de su Gobierno. Sánchez será el presidente de los ministros designados por el PSOE y Pablo Iglesias será visto como el líder para los suyos. Así ha sido en el caso de Puig y Oltra, una bicefalia interna que tiene consecuencias en la política de nombramientos, pero especialmente en la de ceses. Los equilibrios internos (Compromís es una coalición y tiene los suyos propios como Podemos los tiene con Izquierda Unida) complicarán los relevos de carteras y, también, de secretarios de Estado. Sánchez tendrá que pactar con Iglesias cualquier cambio que afecte a su parcela. En Valencia esta circunstancia ha provocado que, pese al desgaste que acumulan algunos ‘consellers’, apenas haya habido cambios en los últimos cinco años, a excepción de salidas más o menos forzosas o voluntarias, como cuando Carmen Montón dejó Sanidad para marcharse a Madrid. Solo cuatro ‘conselleries’ han tenido relevo desde 2015, dos del PSPV-PSOE y dos de Compromís. Una circunstancia que maniata la capacidad de cambio y adaptación en caso de nombramientos fallidos o necesidad de reimpulsar la agenda política en algún momento de la legislatura.
Las infidelidades se pagan
Una de las claves del éxito de cualquier gobierno compartido es la lealtad. Si una de las partes percibe que la otra toma decisiones con la intención de sacar ventaja el ambiente se enrarece. Y mucho. Un claro ejemplo de cómo una decisión puede quebrar la confianza fue el anticipo electoral que Ximo Puig hizo de las pasadas autonómicas para hacerlas coincidir con las generales del 28 de abril. El entorno del ‘president’ sostiene que la salida del poder de Susana Díaz en Andalucía unos meses antes como consecuencia, básicamente, de la desmovilización del electorado socialista disparó las alarmas en el Palau de la Generalitat y que el adelanto tenía como objetivo aprovechar la movilización del electorado de izquierdas el 28-A ante la emergencia de Vox y la posibilidad de que la llamada foto de Colón se instalase en la Moncloa. Sin embargo, el avance de la convocatoria, de tan solo un mes y del que Puig informó a Oltra en el último segundo antes de someterlo al gabinete, fue visto como un golpe y una traición al pacto por Compromís, contrario a sacar la urna de las autonómicas de la jornada de las municipales, donde cree que tenía más opciones. El ‘president’ tuvo que apelar a su voto de calidad para disolver las Cortes Valencianas.
El Consell parece funcionar por inercia y sin agenda propia. Esto explica que se haya visto sobrepasado por polémicas como la del hermano de Puig
Aquella decisión sigue coleando meses después y está en la base del deterioro de la relación entre Ximo Puig y Mónica Oltra. Este es un elemento clave porque la tendencia por debajo de la mesa de un Gobierno es que existan discrepancias de intensidad. Si las hay en un gabinete monocolor entre sus miembros, en uno de coalición las diferencias se multiplican. La buena relación entre los dos líderes es fundamental para resolver los problemas y que no se enquisten porque imponen la disciplina a su propia tropa cuando se alcanza el consenso por arriba. El agotamiento que se percibe entre el presidente y su vicepresidenta en Valencia, cuya comunicación es cada vez menos fluida, está en el origen de la percepción de colapso del proyecto conjunto. El Ejecutivo autonómico da la sensación de funcionar por inercia y su escasa capacidad de generar agenda propia explica que se haya visto sobrepasado por polémicas como el caso de la investigación al hermano de Puig tras una querella del PP por el uso y justificación de centenares de miles de euros en ayudas públicas, un asunto que sigue teniendo recorrido mientras esté en los tribunales y dará más de una noche de insomnio a los socialistas valencianos.
No siempre 'business friendly'
Mantener una buena relación con los poderes económicos ha sido y sigue siendo una obsesión del ‘president’ Ximo Puig, que no pierde ocasión de establecer complicidades. Salvador Navarro, presidente de la patronal autonómica valenciana adscrita a la CEOE, hace un balance en general "positivo" de la relación que los empresarios ha tenido con el Consell de izquierdas. Esta semana afirmaba en una entrevista en TV Mediterráneo que las organizaciones empresariales se han sentido hasta ahora relativamente "cómodas" con el experimento valenciano.
Navarro, no obstante, sí reprocha al Ejecutivo valenciano algunas posiciones poco 'business friendly', aunque dirige el foco hacia una de las patas del acuerdo. Los conflictos más sonados con el universo empresarial han tenido como protagonista a Compromís, como su rechazo frontal al proyecto de megacentro comercial de Intu-Eurofund en Paterna o la presión a la Autoridad Portuaria de Valencia para que frene por razones medioambientales la ampliación milmillonaria a la que aspira el gigante naviero MSC. El pulso mantenido con la concesionaria de hospitales Ribera Salud, especialmente virulento en los despachos durante la etapa de Montón como consellera de Sanidad y ahora reconducido y suavizado, también engrosa esa lista. El proyecto portuario sigue adelante y ha sido aprobado en el consejo de administración. Solo el alcalde de Valencia, Joan Ribó, se pronunció en contra, mientras que el resto de consejeros del puerto respalda la licitación. Intu está teniendo muchos más problemas, pero se ha apuntado una importante victoria con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a la Conselleria de Medio Ambiente a reevaluar los impactos de su propuesta.
Aunque Sánchez no ha destacado hasta ahora por su esfuerzo en trabajarse a los popes del Ibex o las grandes empresas, su apuesta por Nadia Calviño para el área económica del Gobierno es vista como un gesto hacia el mundo del dinero, siempre temeroso de las aventuras políticas. Es al partido de Iglesias al que se percibe como una amenaza por sus propuestas económicas. En la medida en la que Sánchez pueda modular la querencia ‘against business’ de Iglesias ganará o perderá puntos ante los empresarios. No lo tendrá fácil, porque Podemos, a la vez que busca presentarse como partido de gobierno, no querrá defraudar a sus votantes y peleará para sacar adelante sus iniciativas. Soluciones de consenso, como la de elevar el perfil de Instituto de Crédito Oficial como banco de promoción pública renunciando a una intervención fuera de criterios de mercado de la cotizada Bankia, son el antídoto contra las tentaciones rupturistas.
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