El Gobierno justifica el recorte a la industria para evitar una sanción de la Unión Europea
Ribera presume de reducir la factura eléctrica por debajo de la francesa y las empresas insisten en que pagan hasta un 30% más que sus competidores
El Gobierno justifica los cambios en la nueva convocatoria de la subasta eléctrica, que implicarán que se desplome la retribución a la gran industria, en que con ellos intenta evitar una sanción de la Unión Europea. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, aseguró ayer desde Bruselas que había viajado a la capital belga, precisamente, para «dar explicaciones para evitar ese procedimiento de infracción», tras los reparos puestos por la Comisión, que quiere que España establezca otros mecanismos de respaldo por el lado de la generación o la demanda.
El Gobierno, ya en tiempos de Mariano Rajoy, se había comprometido a reformar este mecanismo, que con distintas variaciones existe en la mayoría de países, pero desde entonces los cambios se han limitado a ir reduciendo la potencia interrumpible y el tamaño de los bloques para elevar la competencia. Con ello, la retribución a la gran industria por prestar este servicio -dejar de consumir electricidad si el operador del sistema lo necesita- se ha desplomado desde los más de 700 millones de 2013 a los menos de 200 este año. Domínguez Abascal avanzó también que se prevé alguna convocatoria más, «pero con gran dificultad y forzando mucho las reglas» de la UE.
La nueva convocatoria plantea una subasta de 1.000 MW, menos de la mitad que la anterior, y con únicamente bloques de 5 MW, los menos rentables, por lo que el sector calcula que la compensación bajará de los 50 millones de euros. Este sistema es de los escasos mecanismos de los que dispone la industria, como Arcelor o Asturiana de Zinc, para rebajar su abultada tarifa eléctrica, junto con las compensaciones por los costes indirectos de los derechos de emisión. «Hemos logrado ya que haya una reducción de los precios de la electricidad significativos para los consumidores industriales que nos ha puesto ya por debajo del precios de Francia», defendió ayer en la Cumbre del Clima la ministra para la Transición Ecológica. Teresa Ribera pidió también a las empresas «un esfuerzo» dentro del marco comunitario para ser eficientes y destacó su colaboración con el Gobierno del Principado.
El precio de la electricidad cayó en noviembre un 33% con respecto al mismo mes del año anterior y por debajo del coste en Francia, debido a un incremento de la producción fotovoltaica y eólica, acompañado por un descenso de los precios del gas y el carbón, pero la industria niega que pague menos que las plantas galas, ya que esta rebaja es un hecho muy puntual que no les afecta, dado que las compañías realizan sus compras en el mercado de futuros. En este sentido, aseguran que los costes de suministro eléctrico en España son hasta un 30% más caros que los de sus competidores y auguran que el diferencial crecerá en 2020. «Esto genera una gran incertidumbre que perjudica a la competitividad de la industria y pone en riesgo la actividad de sus plantas», señalaron ayer desde su patronal Aege.
Además, esta asociación de grandes consumidores volvió a reiterar la necesidad de que el Gobierno apruebe el estatuto para las electrointensivas, incluso estando en funciones, igual que dio luz verde al real decreto que fija «una rentabilidad razonable» para las renovables. Otra cosa, afirman, «supondrá un enorme perjuicio y podría provocar el próximo año nuevas y serias tensiones en algunas plantas con los perniciosos efectos en sus comarcas».
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