El sector inmobiliario considera que regular el precio del alquiler en Asturias «es injustificado»
Las agencias sostienen que las rentas aumentaron el pasado año un 4,3% y piden a la Administración más inversión en vivienda pública
La medida que prepara el Gobierno central para permitir a comunidades y ayuntamientos limitar la subida de precios de las viviendas en alquiler no cuenta con el respaldo de la patronal de la construcción y los agentes inmobiliarios de Asturias. Este índice de referencia, que el Ejecutivo de coalición prevé tener listo en el primer semestre, se aplicaría solo de forma temporal y extraordinaria en las áreas más tensionadas. Pero CAC-Asprocon y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Asturias consideran que no es la mejor manera de evitar que los precios de los alquileres se disparen. De hecho, ambos apuestan por que las administraciones promuevan y faciliten la edificación de bloques residenciales.
«Desde CAC-Asprocon creemos que una de las mejores maneras de que el alquiler no suba o se mantenga estable es permitir la construcción de vivienda», señala el presidente de la patronal que aglutina a contratistas, promotores y empresarios de la industria auxiliar. Para ello, Joel García pide a las administraciones que agilicen la concesión de licencias, una reclamación en la que insiste desde su llegada la presidencia de CAC-Asprocon. Al igual que subraya la necesidad de que los planes generales de los municipios «no acoten tanto la edificabilidad».
A su juicio, «esta sería una gran solución más que poner coto a lo que se cobra por alquilar. Creo que la mejor manera de generar vivienda barata es que haya más cantidad de viviendas». Precisamente, este es un problemaque afrontan las ciudades, «que no hay sitio para construir vivienda». El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Asturias, Antonio Vega. «Lo que tienen que hacer los gobiernos regional y nacional es promover viviendas asequibles para toda ciudadanía porque estamos de acuerdo en que hay un problema en este aspecto», indica. Rechaza frontalmente el real decreto ley del Ejecutivo por tratarse de «una medida intervencionista e injustificada», que no tiene en cuenta que «el alquiler se rige por el mercado libre, en función de la oferta y la demanda».
«En límites normales»
«En condiciones normales, el mercado de alquiler se suele calcular mediante un porcentaje del valor de la vivienda en el mercado de compraventa», indica Vega. Explica que la demanda se disparó debido a la crisis, años en los que buena parte de la población no podía permitirse comprar un inmueble. Problema que empeoró por el auge de los pisos turísticos, sobre todo en el centro de las ciudades, aunque en Asturias la situación no ha llegado a niveles preocupantes, añade. No obstante, asevera que los alquileres han subido «en límites normales» en la región -según portales especializados, alrededor de un 4,3% en 2019-, donde «no hay precios desorbitados como puede ocurrir en Madrid y Barcelona». De hecho, asegura que tanto en Oviedo como en Gijón se pueden encontrar viviendas por 300 euros al mes». Eso sí, «no en el centro ni en primera línea de playa».
Asimismo, Vega considera que poner límites a los precios de los arrendamientos podría fomentar «la picaresca». A lo que se suma la incertidumbre existente sobre el procedimiento con el que se calculará el índice y el alcance del real decreto ley. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana elabora el índice de precios que se usará como referencia para el control de su encarecimiento. Debería estar listo en el primer trimestre, una vez acaben la explotación de los datos -procedentes de las declaraciones del IRPF, los depósitos de las fianzas y los precios de oferta- y el proceso participativo con otros agentes del mercado.
El ministerio afirma que solo cuando el índice esté operativo se determinarán las medidas (fiscales o de otro tipo) para «destensionar» el mercado. Pero la letra del acuerdo es clara: recoge la intención de impulsar «las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas precios del alquiler» y que «el objetivo» de los índices precios es que «los ayuntamientos y las comunidades que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas».
Críticas del Banco de España
La controversia acompaña a todo este proceso. El Banco de España abrió la veda de las críticas con un informe que publicó el 23 de enero: los controles de las rentas funcionan a corto plazo, pero, prolongados en el tiempo, provocan efectos perversos como retirada de oferta, reducción de la inversión en mantenimiento de los pisos, economía sumergida y segregación social. La letra del acuerdo bipartito parece haber contado con esos efectos secundarios, ya que la calificación de «zona tensionada» en la que podrían aplicarse los límites de precios se realizará «con carácter temporal y excepcionalmente».
A esta crítica se sumó la expresada por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien afirmó que las ciudades que regulan el alquiler no están teniendo éxito y anticipó que el Gobierno se centrará en el aumento de la oferta de vivienda este año para mejorar su accesibilidad. Por su parte, el Tribunal Constitucional respalda el grueso del proyecto del real decreto ley, contra el que el PP presentó un recurso de
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