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Este jueves se reúne en una cumbre telemática la Unión Europea para abordar la crisis socioeconómica del coronavirus. Para ello España planteará a sus socios europeos crear un «fondo de recuperación» de entre 1 y 1,5 billones de euros financiado con deuda perpetua común distribuída como transferencias, no préstamos, entre los países más afectados por la crisis.
Pedro Sánchez defiende que este fondo de deuda perpetua debería estar operativo desde el 1 de enero de 2021 y las transferencias deberían durar entre dos o tres años.

El importe de esas transferencias no está vinculado a la renta de los países sino a cómo les afecta la pandemia (en relación con criterios como porcentaje de población afectada, caída del PIB o aumento del paro).

En esta financiación a través de la deuda perpetua los Estados miembros solo pagarían los intereses. Esta deuda tendría el respaldo de la categoría AAA que tienen todas las instituciones europeas en los mercados, lo que equivale a intereses muy bajos. 
Para pagar dichos intereses el Gobierno propone recurrir a nuevos impuestos de ámbito europeo, como los que regulan las emisiones de CO2.
En el documento que presentará Pedro Sánchez se propone también que se avance hacia una armonización fiscal para evitar fugas de ingresos, sobre todo, en el impuesto de sociedades, a otros países comunitarios con regímenes fiscales más laxos, como es el caso de Países Bajos, país en el que tributan muchas grandes empresas por este motivo.
España sugiere que el fondo de prioridad a los programas nacionales que busquen financiar las transiciones ecológica y digital, así como impulsar su «autonomía industrial y tecnológica».
En opinión del Gobierno, este fondo de recuperación debe estar incluido dentro del Marco Financiero Plunrianual (MFF) que debe ser acordado «lo antes posible» para que esté preparado para el 1 de enero de 2021.
Y aunque no especifica un tamaño concreto para este presupuesto a largo plazo, considera que debe ser «proporcional a la magnitud de la crisis sin precedentes» y se muestra a favor de elevar el techo de recursos propios de la Unión Europea por encima del 1,2% de la renta nacional bruta actual. 
España reivindica también que el próximo MFF debe mantener las dotaciones de la Política de Cohesión y de la Política Agrícola Común (PAC), tiene que incorporar «flexibilidad adecuada» para transferir fondos entre programas o regiones y contemplar una revisión dos o tres años después de su entrada en vigor.
Por último, considera que el presupuesto de la Unión Europea «debería también incorporar una función real de estabilización para la eurozona» y defiende que el bloque «debería avanzar hacia una armonización fiscal completa» y «la erradicación de todas las prácticas fiscales injustas entre Estados miembros».