Reino de España: la toxicidad política reaccionaria del Coronavirus
Daniel Raventós
Gustavo Buster
Miguel Salas
12/04/2020
De igual manera que la mortalidad del Covid-19 está determinada por el debilitamiento del sistema de salud público por las políticas de austeridad, la capacidad de respuesta política a la crisis social y económica esta lastrada por la crisis del Régimen del 78.
Una crisis que, como ha recordado estos días Javier Pérez Royo, es posible que no la vean los ciegos, pero está ahí: 4 elecciones en cuatro años, gobierno por decreto, falta de presupuestos, gobiernos minoritarios, bloqueo de la renovación de los órganos judiciales, bloqueo del sistema de financiación del Estado de las Autonomías, crisis constitucional en Cataluña, deslegitimación de la monarquía. En este caldo de cultivo tóxico es en el que hay que interpretar el llamamiento de Pedro Sánchez a unos nuevos Pactos de Moncloa para la Recuperación post-confinamiento pocos días antes de levantar el cierre de la producción no esencial el “Lunes de resurrección”, como venía exigiendo la patronal, sin levantar por ello el Estado de Alarma.
Desde las elecciones del 10 de noviembre de 2019 y la formación del Gobierno de Coalición Progresista (GCP) minoritario, apoyado en la coalición de la moción de censura contra el gobierno Rajoy que incluye esencialmente al PNV y ERC, las derechas sociales y políticas han lanzado una campaña de deslegitimación contra lo que consideran una “coalición socialista-neocomunista” que atenta directamente a sus intereses y es un “peligro reputacional” para el mantenimiento de su dominación de clase y la unidad del Reino.
Acabar con el Gobierno de Coalición Progresista
Su primer objetivo es la división del PSOE y la dimisión de Pedro Sánchez. Sánchez es considerado un “traidor” al no haber aceptado una fórmula de gobierno de “unidad nacional” o de pretendido “extremo centro” con el Partido Popular y Ciudadanos. En estos días, aludiendo a una “gestión ideológica” de la emergencia sanitaria impuesta por la presión interna “neo-comunista” de Unidas Podemos en el GCP, la propuesta de gobierno se ha vuelto a afinar de la mano de los ideólogos de la fundación de Aznar FAES, y los tertulianos de los múltiples medios de comunicación que responden a las tres derechas, cada vez mas extremas: dimisión de Sánchez, constitución de un gobierno PSOE-PP-C’s, con el apoyo parlamentario de Vox, que aísle política y socialmente a Unidas Podemos y vuelva a aplicar el artículo 155 en Cataluña.
Desde la declaración del estado de Alarma el 13 de marzo, esta cantinela ha ido subiendo de volumen, hasta su apoteosis de la sesión parlamentaria del 9 de abril para la prórroga del Estado de Alarma hasta el 26 de abril. Abascal, dirigente de Vox, ha roto todo contacto con el gobierno, insumiso contra el confinamiento, y solo exige la dimisión de Sánchez. Casado y el PP ya han advertido que su apoyo a la lucha contra la emergencia sanitaria del Covid-19 no se extienden a las medidas sociales y económicas para paliar las consecuencias del confinamiento y la parada de los sectores económicos no esenciales. Arrimadas, portavoz del disminuido C’s, pone como condición para cualquier colaboración con el gobierno su ruptura y el cese de los ministros de Unidas Podemos.
Mientras tanto, el GCP tiene que negociar en la Unión Europea el mecanismo de cobertura financiero que permita el margen fiscal necesario para la aplicación de los cuatro reales decretos ley (6,7,8 y 11/2020) con sus medidas más urgentes. Unas medidas diseñadas y aprobadas como ya hemos señalado en SP al ritmo de los debates en el Eurogrupo y el BCE para la flexibilización del Pacto Fiscal europeo y cuyas ambigüedades, dificultades administrativas de solicitud y carencias han sido señaladas por los sindicatos y organizaciones sociales como la PAH (1). En esta situación, las derechas sociales y políticas han actuado como una “quinta columna” de los sectores más reaccionarios del ordoliberalismo en la UE -como ocurrió en su día en Grecia en los debates del Tercer Memorándum con la derechista Nueva Democracia y los neonazis de Amanecer Dorado-, priorizando la caída del GCP a la flexibilización de un margen fiscal que será esencial para la reactivación económica. La razón no es otra que el “proyecto de país” de nuestra oligarquía, ante el “capitalismo de amiguetes” debilitado al que se enfrentan, es la venta al capital internacional y los fondos buitres de sus activos, lo que ha obligado ya al GCP a limitar las operaciones a corto y las inversiones en empresas estratégicas de inversores no comunitarios por encima del 10% de su capital. Se trata, por otra parte de una tendencia que ya ha hecho que el 50% del IBEX 35 esté en manos del capital internacional.
Las encuestas y el detonante de la Renta Mínima Vital
El 3 de abril se comenzaron a publicar los primeros datos de los sondeos de Metroscopia sobre la popularidad de los líderes políticos. A diferencia de lo ocurrido en la mayoría de los países de nuestro entorno, donde la respuesta inicial a la emergencia sanitaria ha reforzado el apoyo a los gobiernos y los dirigentes políticos, en el Reino de España se ha producido un desplome general. La aprobación de Pedro Sánchez ha caído del 64 al 51%, para instalarse en el 39% a comienzos de abril. La de Pablo Iglesias, del 44 al 30%. Pero los dirigentes de la oposición de la “derecha trifachita” están en el 32% (Arrimadas), 28% (Casado) y 20% (Abascal). Pero las disparidades del conjunto de los sondeos muestra la inestabilidad de la opinión pública en esta primera fase de la crisis del Covid-19, a la espera de ver la eficacia de las decisiones adoptadas.
Hasta ese momento, la táctica de Pedro Sánchez había sido la de ignorar la campaña de calumnias y ataques de las derechas sociales y políticas, confinado en el Palacio de la Moncloa y con el Boletín Oficial del Estado a su disposición. Desde la moción de censura de junio de 2018, su proyecto político ha tenido un marcado carácter “cesarista” o “bonapartista”, situándose por encima de los conflictos sociales como árbitro para gestionar la crisis del Régimen del 78 sin cuestionar sus límites. Desde las elecciones de noviembre de 2019, este papel se ha visto limitado por la campaña de ataques frontales de las derechas sociales y políticas, pero Sánchez ha intentado mantener ese papel de arbitraje en el terreno político y social de las fuerzas que apoyaron la moción de censura, incluido el PSOE (cuya vida orgánica ha quedado congelada y sometida al aparato de asesores de Presidencia del Gobierno ante su división fraccional) y el propio GCP.
Los ministros de Unidas Podemos quedaron excluidos del núcleo de la gestión de la crisis, pero han ido ganando protagonismo -en especial Pablo Iglesias y Yolanda Díaz- en la medida en que las medidas aprobadas afectaban a sus departamentos. Un twitt del reaparecido Pablo Iglesias tras la cuarentena el 29 de marzo recordando que:
provocó una conmoción mediática en los medios de comunicación de la derecha, declaraciones de Aznar y de Felipe González y desencadenó la actual fase de la ofensiva reaccionaria. Pocos días después, el inicio de las consultas con los sindicatos y ONGs, pero no con la patronal CEOE, para la preparación de un proyecto de Renta Mínima Vital, como se ha calificado al programa para pobres condicionado, en el Ministerio de Trabajo pareció concretar la amenaza “neo-comunista”.
Se nos permitirá un pequeño desvío argumental en este punto. La propuesta de Renta Mínima Vital es, como indica su nombre un programa para pobres condicionado que supondría el reparto de 1.500 euros en tres entregas mensuales a unas 500.000 personas con rentas inferiores a los 200 euros mensuales o 450 por unidad familiar, con un coste aproximado de 750 millones de euros. En ese periodo se prepararía la entrada en vigor de un programa definitivo de Renta Mínima Vital. En el Reino de España, el 23% de la población se encontraba antes de la crisis del covid-19 en situación de pobreza, el mercado negro laboral alcanza al 20% de la economía y en menos de un mes se han producido 900.000 bajas en la seguridad social y 600.000 trabajadores afectados por los ERTEs. No vamos a repetir una vez más los argumentos a favor de una Renta Básica Universal no condicionada, que el lector puede encontrar en abundancia en SP.
Solamente lo vamos a hacer desde una perspectiva muy concreta: la erosión de la base social del gobierno relacionada con los subsidios condicionados para pobres. Quienes perciben ayudas como “merecedores” y quienes no la perciben como “no merecedores” se distancian muy acusadamente en su evaluación sobre el gobierno: entre los primeros aumenta un 0,6%, en los segundos disminuye un 10,5%. Dicho de forma más cruda: la valoración negativa del gobierno es 17,5 veces superior que la positiva. Un gobierno tan inestable como el GCP y tan acosado por las derechas extremas y la extrema derecha debería tener muy presente algo tan elemental. Lo que intentamos señalar es que la reacción de boicot de las patronales a esta iniciativa de RMV ha sido para acusar al GCP de marginar a los representantes del capital cuando lo prioritario es asegurar el acceso de empresarios y autónomos a las subvenciones aprobadas, exigiendo el retraso y la condonación de impuestos corporativos y contribuciones empresariales a la Seguridad Social. Si la patronal es envidiable es por su claridad de objetivos y la consecuente defensa de los mismos. Y esto contrasta con la ambigüedad y falta de firmeza del GCP. El conflicto de intereses de clase es evidente.
Nuevos Pactos de Moncloa para recuperar la iniciativa frente a la derecha
A partir del 3 de abril, el presidente de gobierno Pedro Sánchez ha intentado frenar la ofensiva política de las derechas -en medio del debate europeo que será el determinante para el margen fiscal disponible-, con la oferta de unos Pactos de Reconstrucción a partir de un amplio diálogo social interclasista y con las comunidades autonómicas gobernadas por el PP y el PSOE, además de Cataluña y Euskadi. Como definió la propuesta el ministro de transporte y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ese diálogo tiene que partir “de unos principios básicos compartidos”, refiriéndose a las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas. En su definición inicial, la propuesta de Pactos de Reconstrucción responde a la estrategia cesarista de “congelar” y gestionar por encima el conflicto de intereses sociales para que la tensión acumulada no ponga en peligro o desborde al Régimen del 78.
En este sentido, la analogía y la evocación melancólica de los Pactos de la Moncloa preconstitucionales de 1977, adquieren todo su valor. Como han recordado diversos comentaristas desde la izquierda (2), fue la propuesta de Adolfo Suarez la que le permitió convertirse en el árbitro de la “transición pactada”, que fue posible ante todo por la sumisión del PCE de Santiago Carrillo a esta estrategia. El pacto económico, que fue el único que firmó Alianza Popular, la derecha neo-franquista, se concretó en un congelamiento de salarios que desmovilizó la reconstrucción sindical y la movilización obrera en el momento mismo del debate sobre lo que acabaría siendo la Constitución de 1978. A través de los Pactos de la Moncloa los “poderes fácticos” económicos del tardío-franquismo impusieron sus intereses y la perpetuación del “capitalismo de amiguetes” corrupto que ha sido una de las características del Régimen del 78 hasta nuestros días.
Este es el atractivo melancólico con el que los estrategas del GCP querían atraer a las derechas sociales y políticas a un Pacto de Reconstrucción en situación social y política muy distinta y con Pedro Sánchez en el papel de Adolfo Suárez. Esta ensoñación parece haberse estrellado en el brutal debate parlamentario del 9 de abril (ver aquí), una semana más tarde, sobre la prórroga del Estado de Alarma. Ni Casado, ni Abascal ni una contenida Arrimadas variaron un ápice la línea política de acoso y derribo del GCP y Pedro Sánchez, cediéndole la altura moral de quién llama a la unidad en una situación trágica con 15.000 muertos acumulados. Fue la portavoz socialista Lastra la que entró a saco con los datos en la mano de la gestión de las Autonomías gobernadas por el PP, comenzando por Madrid, epicentro de la tragedia sanitaria y con el mayor número de muertes por habitante del planeta hasta ahora.
La convocatoria a los nuevos “Pactos de la Moncloa” parece condenada de antemano en su objetivo declarado de reducir la tensión política y contener la estrategia de acoso y derribo de la derecha “trifachita”. Los presupuestos de 2020, que serán el verdadero terreno de negociación para la reconstrucción tras la crisis del Covid-19, no pueden aspirar a contar – y esto es esencial comprenderlo- con más fuerzas que las que se sumaron a la moción de censura, convertida en el verdadero punto de inflexión de la crisis política del Régimen del 78. La derecha “trifachita” no cuenta hoy con otra alternativa que la ruptura del GCP y la dimisión de Sánchez por la presión combinada de la presión de la derecha social, de la oligarquía económica y el estrangulamiento fiscal de la Unión Europea. De los tres factores, el más importante es hoy el debate europeo sobre la gestión del déficit fiscal que, en el caso del Reino de España, se proyecta ya de alrededor de un 9% del PIB y unos 100.000 millones de euros. Y este debate se ha saldado por el momento con un bloqueo de cualquier intento de mutualización de la deuda, empezando por los “coronabonos”. La voluntad de acuerdo político de la UE ha quedado limitada a ayudas no condicionadas ante la emergencia sanitaria, sin avanzar un ápice en una respuesta comunitaria a la reconstrucción económica y social posterior en nombre de la rigidez de las políticas de austeridad. Lo que solo puede favorecer unos nuevos Pactos de la Moncloa en ese mismo sentido austeritario.
La primera concesión de los Pactos: el levantamiento del cierre
Sin embargo, y ese es el aspecto más peligroso de la propuesta de los Pactos, puede suponer una división en el bloque social y político de las izquierdas y la coalición parlamentaria de la moción de censura. Porque ante la presión política de la derecha, Pedro Sánchez se verá obligado a hacer concesiones a la derecha social que representan las patronales y a las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP. De hecho, la primera gran concesión ha tenido lugar como anzuelo para la convocatoria de la cita en la Moncloa, como venían exigiendo las patronales: el levantamiento del cierre de la producción no esencial el lunes 13 de abril tras solo dos semanas de decretarse, aunque manteniendo el Estado de Alarma.
La reacción de Unidas Podemos ha sido de resistencia a esta decisión, intentando aumentar la exención de la vuelta al trabajo para los grupos de riesgo. Pablo Iglesias ha retuiteado el mismo día un artículo sobre las consecuencias del mantenimiento de la producción en Bérgamo por las presiones de la patronal local con un significativo encabezamiento sobre la oposición de intereses entre sindicalistas y empresarios. Los partidos de las izquierdas nacionalistas ya habían señalado en el debate parlamentario del día 9 su oposición a esta medida, así como la Generalitat de Catalunya. Y es evidente que ha cogido a traspiés a los sindicatos en su campaña por asegurar la salud laboral. Las invocaciones de Pedro Sánchez a los expertos parecen chocar abiertamente con las condiciones expresadas por la OMS para la recuperación de la actividad productiva. Las consecuencias de esta decisión, que no cuenta con un respaldo parlamentario, pueden ser trágicas por la acumulación del número de personas contagiadas a pesar de la reducción de la tasa de contagios anunciada. En pocas semanas se pueden perder los avances conseguidos y obligar a un nuevo cierre, con consecuencias mórbidas para la credibilidad del GCP.
El futuro inmediato se juega a partir de los diferentes elementos de gestión de la crisis aquí expresados. Por eso, la necesidad de ampliar alianzas, tanto en lo político como en lo social, debe hacerse en base a una salida más favorable a los interesas de las clases trabajadoras. Uno de los baremos para medirlo está en la interrelación que se establezca con los movimientos sociales, o, dicho de otra manera, si las medidas que se toman responden a las necesidades vitales de amplias capas de la población. De momento, ese balance, como muestran las encuestas, está todavía en el alero y dependerá mucho de la aplicación práctica de las medidas decretadas y de la superación de sus carencias evidentes.
Frente a la necesidad de salvar vidas, de planificación democrática, del reforzamiento de lo público para la defensa de los intereses de la inmensa mayoría, la narrativa de la derecha oligárquica se centra en la necesidad de recuperar la actividad económica cuanto antes, si es necesario al coste de vidas, la vuelta a las políticas de austeridad que recorten el aumento inevitable del déficit público, la suspensión y condenación de impuestos, el trasvase de capital en forma de subvenciones a los ERTEs y crédito avalado por el estado, la flexibilidad de despido, en un régimen de “paz social” que supone un recorte paralelo de las libertades fundamentales y una reconstrucción autoritaria del Régimen del 78.
Nos acercamos, por lo tanto, a ese momento en el que, como señalaban Marx y Engels: “los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas”. Las izquierdas harán bien en tenerlo en cuenta.
Notas:
(1) La PAH y los movimientos en defensa de una vivienda digna opinan que “Desde su aprobación, estamos diciendo que la moratoria hipotecaria es insuficiente, que todo lo que no sea exonerar los pagos y que los bancos también arrimen el hombro, no deja de ser un nuevo rescate a la banca. Exigimos al autoproclamado gobierno progresista que modifique los decreto ley 8/2020 y 11/2020 para realmente no dejar a ninguna familia vulnerable sin cobertura. La obligatoriedad actual de cumplir con los 4 requisitos de vulnerabilidad dejan a la inmensa mayoría de unidades de convivencia sin ningún tipo de protección como ya se está comprobando. […] diariamente son miles las peticiones para acogerse a la moratoria y casi 9 de cada 10 las que se quedan fuera, por la dificultad de cumplir a la vez los 4 supuestos de vulnerabilidad”.
Desde las asociaciones que luchan contra la pobreza energética se exige “desde la entrada en vigor del estado de alarma la gratuidad de los suministros para las familias que ya eran vulnerables antes de la crisis sanitaria, así como para todas aquellas afectadas por la misma. Consideramos también que el coste debe ser asumido por las mismas compañías”. Son solo tres ejemplos, que podrían ampliarse a temas tan sensibles como mantener los planes de lucha contra la violencia de género o las políticas de igualdad.
La aplicación de los decretos sobre los ERTEs, según fuentes sindicales, solo ha permitido a 36.000 trabajadores cobrar la prestación en el mes de abril. La mayoría de los afectados, unos 659.791 trabajadores hasta ahora según el SEPE, tendrán que esperar hasta el 2 de mayo para percibirlas.
Son solo tres ejemplos, que podrían ampliarse a temas tan sensibles como mantener los planes de lucha contra la violencia de género o las políticas de igualdad.
(2) El balance objetivo de lo que supusieron los Pactos de la Moncloa de 1977 ha sido uno de los elementos claves en el desarrollo de la visión política del 15-M y su distanciamiento de las corrientes mayoritarias “filipistas” y “carrillistas” en las izquierdas sindicales y políticas en la constitución del Régimen del 78. La literatura política es muy abundante y conocida sobre este tema. Sin embargo no podemos evitar la tentación de citar un estudio concreto sobre su efecto en la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores y sus sindicatos de José Babiano y Javier Tebar: “Dices tú de los Pactos de la Moncloa…” lhttps://www.1mayo.ccoo.es/9b1331ee27287c9a9e39a0f0beb81ff9000001.pdf
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