martes, 9 de octubre de 2018

Eso eso!...que se cuece.....

«Los ciudadanos tienen que saber qué se cuece en los ayuntamientos»

«Los ciudadanos tienen que saber  qué se cuece en los ayuntamientos»
Carlos Granados, en el Palacio de Congresos de Oviedo. / ÁLEX PIÑA

Como ponente en las Jornadas de Transparencia, el magistrado habló de las virtudes de un organismo antifraude independiente

ALBERTO ARCE OVIEDO.

Carlos Granados Pérez (Melilla, 1942) visitó ayer la ciudad para ofrecer una ponencia en el marco de las terceras Jornadas de Transparencia organizadas por el Ayuntamiento de Oviedo, orientadas en esta ocasión hacia la contratación pública. El que fuera Fiscal General del Estado (con Juan Alberto Belloch como ministro de Interior y Justicia) en 1994, dirige en la actualidad, desde el pasado 31 de enero, la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, organismo que trató de desgranar para todos los asistentes.

-¿Qué prácticas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Madrid podría incorporar el Consistorio ovetense en materia de prevención de la corrupción y el fraude fiscal?

-La experiencia que tengo desde que fui nombrado director de la oficina municipal contra el fraude y la corrupción es que este organismo es de una extremada utilidad para que el Ayuntamiento supere algunas de las debilidades que pudiera tener, preste un mejor servicio a los ciudadanos, que es, en definitiva, a lo que nos debemos, y se puedan corregir aquellos comportamientos o aspectos de la administración que sean mejorables.

-¿Cuáles son los pasos a seguir en la lucha contra el fraude?

-Principalmente, existen dos objetivos esenciales: la prevención y la investigación. El ADN indudable de la lucha contra la corrupción es la prevención, y esto es así porque la propia investigación tiene unos límites difusos. La oficina no tiene competencias de Policía Judicial ni de Ministerio Fiscal ni de Tribunal de Justicia, por lo que no puede imponer sanciones (si detecta comportamientos irregulares, tiene que ponerlos en conocimiento de las autoridades pertinentes); sin embargo, la prevención no tiene límites. Tras un examen de todas las áreas municipales, y especialmente de aquellas que tienen un mayor riesgo de ser susceptibles de albergar prácticas corruptas (Sanidad, Contratación, Urbanismo o Medio Ambiente), se pueden detectar más fácilmente aspectos del orden de la licitación, la formalización de los contratos o del cumplimiento de los mismos, que es el punto más importante.

-¿De todo este proceso, qué información es más relevante para el ciudadano?

-Aquella que remita a la ejecución de un contrato que se ha llevado a cabo desde la administración, que se cumpla y presente las mejores condiciones tanto para el ciudadano como para los trabajadores, en los casos en los que se trate de cláusulas laborales o sociales. Hay que potenciar, además, algunas de las figuras como es la del responsable del contrato, pues, en ocasiones, cuando se llega a la fase de vigilancia del cumplimiento del texto, que es la más importante, el proceso ya está agotado y ya han precedido las fases realmente relevantes (justificación de necesidad, nombramiento de las mesas, anuncio de licitación, adjudicación, formalización, etc.).

-Usted también ha hablado de la necesidad de prohibir la contratación en los casos de incumplimiento de las cláusulas de un contrato público, ¿a qué es debido?

-Las empresas, sobre todo las importantes, que no cumplan como se debiera alguna de las cláusulas del contrato, se verían mucho más afectadas si se les prohibe la contratación que si simplemente se les impone una sanción.

-¿Debería haber una oficina municipal contra el fraude y la corrupción en cada ayuntamiento?

-Indudablemente, sobre todo, en los de las ciudades importantes, ya que son los que pueden albergar un mayor número de comportamientos anómalos. Estoy convencido de la utilidad de este organismo tanto por el ahorro que puede suponer para la corporación municipal (de millones de euros en los caso más severos) como por el servicio prestado a la ciudadanía. Por otra parte, estas instituciones antifraude habrán de tener plena independencia del poder político para así poder ejercer sus funciones con plenitud.

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