Feijóo...coordina.

Asturias y siete comunidades más se alían para que Hacienda cambie su propuesta de financiación Ocho presidentes se reúnen hoy en Galicia para fijar una posición común en la que prime la dispersión poblacional en el nuevo modelo EDUARDO PANEQUE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Martes, 23 noviembre 2021, 03:02 Ocho presidentes se citan hoy en Santiago de Compostela con un único punto en el orden del día, el modelo de financiación autonómica. La única línea roja es la de «no permitiré que sea un frente contra el Gobierno», que señalaba Adrián Barbón. Lo dice el asturiano pero lo repiten todos los dirigentes socialistas. También el anfitrión, del PP, Alberto Núñez Feijóo, que deja claro que a la entrada del Parador -donde se celebra la reunión- no se pedirán carnés de partido: «Somos ocho presidentes de tres formaciones unidos por la igualdad de todos los ciudadanos». La camiseta que les une es la defensa de la España vaciada. Lo que se aborda hoy tampoco difiere mucho de lo acordado en la cita de hace tres años en Zaragoza. Allí se concluyó que la financiación de las comunidades autónomas debe fijarse atendiendo «a sus necesidades de gastos reales». Lo que sí cambia es la foto de familia. En Santiago habrá más comensales a la mesa. A los repetidores de Asturias, Galicia, Aragón, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha, se incorporan Cantabria (por mediación de Adrián Barbón), y Extremadura. No importan las siglas de los partidos, dicen, pero las del PSOE siguen siendo mayoría (cinco). Los datos objetivos son que la suma de habitantes de estas ocho regiones representan una cuarta parte de todo el territorio nacional. Pero, y ahí viene buena parte de la batalla, su superficie supera el 60%. Precisamente, el documento que esperan firmar este mediodía exige un modelo de financiación autonómica que impulse el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico. «Se aboga porque se incluya el cálculo del coste real de los servicios públicos para prestarlos con la misma calidad en todo el territorio nacional», dice el ejecutivo asturiano. De cumplirse la promesa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la propuesta del gobierno estaría lista para finales de noviembre, y salvo novedad, Moncloa sigue apostando por tener como base el criterio de población ajustada donde la dispersión solo es una variable más. En este impasse, estas ocho comunidades no son las únicas que han conformado un bloque con intereses compartidos. No queda tan lejos la reunión entre los presidentes valenciano y el andaluz, a los que luego se sumaría Murcia, para pedir que el criterio predominante debe ser el poblacional, el que Hacienda mantiene sobre la mesa. Y luego están las comunidades más ricas, Madrid, Cataluña y Baleares, que aquí sí hacen piña. No han necesitado reunirse. Es más, no lo han hecho, pero son incontables las veces que se han quejado de un sistema que las penaliza. Dicen que son las que más aportan sin que eso se vea recompensado. En concreto, Madrid y Cataluña quieren que se tenga en cuenta el coste del nivel de vida en sus comunidades, más alto que en otras, y que por tanto, necesitan una compensación para garantizar la prestación de servicios públicos en condiciones de equidad. De toda esta batalla quedan fuera Canarias -con determinantes de insularidad-, y el concierto económico de País Vasco y Navarra. Aunque aquí nadie quiere hablar de frentes, casi ni de bloques, sino de términos amigables como «diálogo» o «defensa de intereses comunes», en Ferraz se temió que el encuentro de hoy derivase en un enfrentamiento entre dirigentes del mismo partido. De hecho, en los prolegómenos del 2 de noviembre, cuando originalmente se iba a celebrar esta cita, algunos presidentes del PSOE llegaron a dar un paso atrás. La reunión de la dirección socialista el 5 de noviembre recondujo la situación y ella misma se apuntó a reformar el modelo de financiación de tal forma que se garantice una «solidaridad» entre territorios, una «suficiencia financiera», y donde la «capacidad fiscal» no condicione el igual acceso a los servicios públicos. La FSA marca el paso al PSOE La posición del PSOE es uno de los tantos que se anotó Adrián Barbón en el 40 Congreso de Valencia. La FSA consiguió que se aprobase su enmienda -incorporada al documento político- en la que se defendía un modelo que garantice los recursos suficientes para garantizar a la ciudadanía «con independencia del lugar donde resida, un nivel equivalente de servicios públicos». De esta forma, los socialistas aparcan en su hoja de ruta el modelo de Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y apuestan por el de Asturias, que tiene en cuenta el envejecimiento de la población, la orografía, la dispersión poblacional. A esa posición de fuerza que hará valer hoy el Principado, se suma el acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias en la Junta -excepto Vox- sobre al modelo que debe defender el gobierno regional. Aunque la rúbrica se produjo el 5 de junio de 2020 ninguno de los firmantes ha salido a pedir que se borre su firma del documento. De hecho, desde el ejecutivo regional insisten en mantener vivo ese pacto: «No nos vamos a salir de ese planteamiento», insisten. La presidenta del PP, Teresa Mallada, dijo ayer que sigue siendo válido y que confían en que Barbón «lo defienda convenientemente». De aquel documento también se rescata la búsqueda de una fórmula de coordinación entre agencias tributarias para luchar contra el fraude fiscal. Para alcanzar un acuerdo, lo que se desechó, propuesto por las fuerzas de izquierdas, fue la referencia a una armonización fiscal. Lo que si consta es lo que se escenificará hoy: la necesidad de buscar consenso más amplios con otras comunidades. «Eso nos dará una postura de fuerza», decía la consejera de Hacienda.