La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante un acto en Corral de Calatrava (Ciudad Real).
La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante un acto en Corral de Calatrava (Ciudad Real). MINISTERIO DE DEFENSA A diferencia de otros medios, en CTXT mantenemos todos nuestros artículos en abierto. Nuestra apuesta es recuperar el espíritu de la prensa independiente: ser un servicio público. Si puedes permitirte pagar 4 euros al mes, apoya a CTXT. ¡Suscríbete! El viaje del ministro Bolaños a Cataluña para desactivar la crisis ha sido en balde. Los partidos espiados se mantienen firmes exigiendo explicaciones y, a medida que pasan los días sin que estas lleguen, van subiendo el tono. En ese contexto empiezan a multiplicarse las explicaciones off the record, cada vez menos creíbles: fuentes del CNI insisten en un diario cercano al Gobierno en que no se espiaron teléfonos oficiales y había autorización judicial. Sin embargo, fuentes del Tribunal Supremo niegan en otros medios que se hayan producido esas autorizaciones. A estas alturas lo que parece claro es que el espionaje a través del programa Pegasus (y otros) se produjo. La exhaustiva investigación de Citizen Lab aportaba suficientes pruebas forenses y lo acontecimientos y las declaraciones de estos días lo confirman. El Gobierno está intentando reactivar la comisión de secretos oficiales del Congreso, incluso a través de una reforma de su reglamento, para que la directora del espionaje español pueda dar cuenta de sus actividades directas a los representantes de los independentistas. También ha hecho que el Defensor del Pueblo inicie una investigación sobre el asunto. Ninguna de estas dos vías –diseñadas para alejar las responsabilidades del Gobierno y con la esperanza de demostrar que contaban con autorización judicial– parecen efectivas y, desde luego, ninguna permite una solución satisfactoria en un plazo razonable de tiempo. La cuestión urge porque afecta a las bases mismas de la democracia. El espionaje masivo e indiscriminado a representantes electos, activistas sociales e, incluso, abogados vulnera las reglas esenciales del juego de la democracia. Además de la vida privada y el secreto de las comunicaciones, garantizados específicamente en la Constitución, este tipo de intrusiones socava las bases de la democracia. Implica un uso partidista del brutal poder del Estado que hace imposible la representación política e incluso el derecho de defensa. No es un atentado contra los políticos independentistas sino algo que crea aún más inseguridad y afecta a toda la ciudadanía. Prueba de ello es que algunos de los intentos de intrusión se habrían producido coincidiendo con las negociaciones para que los independentistas apoyaran al Gobierno. Este asunto está poniendo de manifiesto las extraordinarias carencias en los mecanismos de control de las actividades de nuestro servicio de inteligencia. El Gobierno ha llegado a prometer la apertura de una investigación interna, dando a entender que pueden haberse realizado seguimientos y escuchas no autorizadas por el ejecutivo. Si el espionaje español actúa como un Estado dentro del Estado, sin el conocimiento del Gobierno, tenemos un problema que es necesario afrontar cuanto antes y debe hacerse, para empezar, cesando a la ministra que se ha mostrado incapaz de controlar al CNI. La posición de Margarita Robles se ha vuelto insostenible. O bien ha permitido que los servicios a su cargo vulneren impunemente los derechos más básicos sin enterarse, o bien lo sabía y lo ha controlado personalmente. Ambas opciones la incapacitan por igual para seguir ejerciendo su tarea. Le corresponde al presidente del Gobierno dar un paso al frente y hacer algún gesto de asunción de responsabilidades. Sin ello resulta muy difícil que recupere la confianza de sus socios y la legislatura tendrá los días contados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario