Curioso el contrafactual de Varoufakis...

El rostro antipático de Madrid Antonio PapellPor ANTONIO PAPELL 15 horas 0 El rostro antipático de Madrid 1 Madrid está de elecciones, como es bien sabido, convocadas por un rapto defensivo de la presidenta de la Comunidad, quien temía, probablemente con razón, que Ciudadanos y el PSOE le presentasen una moción de censura. El precedente de Murcia, que ha conducido a una aberración política por la venalidad de los unos y la falta de principios de los otros (el propio PP), así lo hacía presagiar. En cualquier caso, la opinión pública tiene razones para irritarse por el hecho de que se celebren unas elecciones innecesarias cuando la principal ocupación de toda la clase política debería ser la lucha contra la pandemia. Dicho esto, no sólo la pandemia es el trasfondo dramático de este proceso electoral, cuya campaña ya ha comenzado de facto hace semanas (Madrid es importante, y el futuro de la oposición depende de los resultados que se obtengan en el ámbito capitalino), sino que también será la estrella del debate. Y en Madrid se están desahogando las más bajas pasiones políticas por esta causa. Como es bien evidente, el gobierno popular de la Comunidad, presidido por Díaz Ayuso, que cabalga a lomos de Miguel Ángel Rodríguez y se ha convertido sin duda en una estrella de la derecha, capaz de competir ventajosamente con Casado, está jugando desde hace tiempo a un negacionismo discreto pero igualmente peligroso, con el ánimo de conseguir la mayor popularidad posible por el procedimiento de permitir la actividad económica y de no obligar demasiado a los jóvenes a recluirse en odiosas cuarentenas. El hecho de que Madrid se haya convertido en el destino de miles de jóvenes europeos, franceses y de otras nacionalidades, que han venido a la capital de España a emborracharse y divertirse porque se lo prohíben en sus países de origen, generando de paso un suculento negocio hostelero, demuestra la falta de escrúpulos del poder madrileño ante la pandemia, que ha sido mucho más dura en la comunidad de Madrid que en el conjunto del Estado (la posibilidad de morirse ha sido en la CAM un 54% mayor que en el resto del Estado, según el candidato socialista Ángel Gabilondo, quien no ha sido contradicho en su cálculo). Estas cifras no pueden salir gratis en las urnas. Lea también: Entrevista a Ángel Gabilondo Ese negacionismo, convenientemente manipulado, ha servido para señalar a los demás mediante el imaginable derroche de demagogia: siempre el frívolo consigue más popularidad que el reflexivo y el sensato. Pero la ligereza de Madrid ha molestado profundamente a las demás comunidades autónomas, es decir, al resto del Estado, ya que Madrid, por su situación estratégica, ha irradiado alegremente el virus a toda la península. Mediante la espléndida red radial de transportes de que disponemos, que conducen a las segundas residencias de los opulentos madrileños. Madrid no quiere pagar impuestos, dicen Ayuso y su séquito, en lo que constituye una manifiesta inequidad: Madrid, que se beneficia objetiva y subjetivamente de la capitalidad, tiene tantos recursos que puede permitirse impuestos bajos Este agravio se ha superpuesto a la bonanza de que hace gala Madrid, sobre todo desde que ha conseguido desbancar a Cataluña en el ranking de comunidades. Madrid no quiere pagar impuestos, dicen Ayuso y su séquito, en lo que constituye una manifiesta inequidad: Madrid, que se beneficia objetiva y subjetivamente de la capitalidad, tiene tantos recursos que puede permitirse impuestos bajos, con lo que atrae todavía más actividad de la periferia en un movimiento centrípeto claramente insolidario. No sólo es nocivo el nacionalismo étnico allá donde se practica: también lo es el nacionalismo económico de que hace gala la gran metrópoli, Madrid y su gigantesca área metropolitana. Ayuso, que se ha convertido en musa de los liberales del Estado mínimo (a pesar de las carencias de la sanidad madrileña, que se han puesto de relieve cuando ha estallado la gran pandemia) es en sentido económico tan dogmática como Puigdemont o Junqueras en lo político. Porque lo público es lo que, en estos momentos de grave dificultad, ha hecho posible auxiliar a los más desfavorecidos, frenar el derrumbe de la estructura productiva, encontrar en la solidaridad europea la fuente de recursos que ha de sacarnos del agujero a que nos ha arrojado el virus chino. Madrid, en definitiva, empieza a generar recelos en toda España porque muchos de sus ciudadanos, alegremente, han viajado sin tasa con el virus en la mochila, ante la complacencia más o menos disimulada de quien hubiera debido impedirlo. Así las cosas, la pandemia, además de los muertos ya irreparables, dejará secuelas imprevistas en el sistema de relaciones de nuestra desequilibrada estructura cuasi federal. Y quién sabe si alguna vez habrá que hacer balance de los muertos que hubieran podido ser evitados. Azar frente a partidismo Con este mismo título, Emilio Albi, miembro de FEDEA, publicó hace tiempo en “El Cronista”, nº 65, (2017) un sugestivo trabajo sobre las ventajas de recurrir al azar en la designación de cargos públicos si realmente se quiere renunciar en ciertos casos a los intereses partidistas y conseguir nombramientos neutrales, sin necesidad de recurrir a la excepcionalidad de los cargos vitalicios (la mayor independencia de criterio se logra cuando quien ostenta la capacidad de decisión la posea de por vida, como es el caso por ejemplo de los miembros del Tribunal Supremo norteamericano, que actúa también en funciones de tribunal constitucional). Albi no es ni un chisgarabís excéntrico ni un ‘moderno’ con ideas sin contrastar: es Catedrático emérito de Hacienda Pública y Derecho Fiscal de la Universidad Complutense, y tiene sobre sus espaldas una intensa labor investigadora en España y fuera de España, así como una vasta bibliografía. Albi plantea las cosas de este modo: “Los partidos políticos tienen la decisión final en la elección de altos cargos, desde el Tribunal Constitucional, o el de Cuentas, hasta la CNMV, o el Banco de España. El problema surge si los partidos, atendiendo a sus propios intereses, deciden colonizar las instituciones del Estado, seleccionando a candidatos afines. La política, en lugar de mejorar el bienestar social eligiendo a los mejores expertos, persigue intereses de partido. Esto es lo que la experiencia nos hace sospechar que ha ocurrido a menudo en España”. “Una pregunta inevitable en este asunto –continúa diciendo Albi- es si resulta factible el cambio en el comportamiento de los partidos, que se confirmaría por su admisión del incentivo del azar a tal cambio y no por meras declaraciones de buenas intenciones. No creo que los políticos cedan con facilidad su capacidad de decisión sobre los puestos directivos de las altas instituciones del Estado. Además, estas nuevas ideas suponen cambios constitucionales y de las leyes orgánicas que crean casi todas las instituciones, lo que requiere mayorías considerables a favor. Sin embargo, la imprescindible regeneración institucional que se intenta en estos momentos, la mayor competencia entre los partidos por el voto y una presión decidida de la sociedad civil, ofrecen buenas posibilidades a ese cambio en el comportamiento partidista”. Hace más de dos años que ha caducado el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y también están pendientes de renovación otras instituciones, como el Defensor del Pueblo, en lo que constituye una dejación inaceptable. Y en medio del barullo generado por estos incumplimientos, se ha recordado que el Constitucional, que convalidó la elección parlamentaria de los doce miembros del Consejo de procedencia judicial del CGPJ, ponía como condición que las fuerzas políticas no se repartieran los cargos de acuerdo con su representación parlamentaria. Pues bien: esto es precisamente lo que se hace mediante el vigente sistema de cupos: se efectúa primero el reparto de plazas, proporcionales a la dimensión de cada grupo parlamentario, que después se cubren con incondicionales de los respectivos partidos, que ya cuentan con el apoyo de todos los confabulados.