Y ahora...Cercanías porfa!

Más allá de la alta velocidad: los retos de Asturias para el nuevo gobierno de Sánchez L.O. ASTURIAS F. Sotomonte Desde la pugna por la caza del lobo al desarrollo del Corredor Atlántico, los deberes del Principado para la administración central 21 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h. Comentar · 8 No hay ministros asturianos en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez y la oposición corrió rauda a pinchar a Adrián Barbón con estas ausencias toda vez que el Principado es, junto a Castilla-La Mancha y Navarra, las únicas comunidades cuyos ejecutivos son socialistas. En todo caso todavía quedan bastantes escalafones, entre secretarios de Estado y directores generales, por nombrarse y además, el estreno del segundo mandato de Pedro Sánchez para con Asturias será por la puerta grande con la inauguración en una semana de la Variante de Pajares y la llegada de la alta velocidad ferroviaria al Principado. Aún así, hay varios retos y demandas pendientes con la comunidad que deberían abordarse en los próximos cuatro años. En primer lugar porque la apertura de la Variante de Pajares y el inicio del AVE asturiano sólo es un punto de partida para una reforma mucho más ambiciosa de la red ferroviaria en la comunidad. La alta velocidad llega hasta Pola de Lena y aunque no hay que hacer ningún transbordo y los mismos vehículos llevarán a los viajeros a las ciudades del centro de la comunidad, a Oviedo, Gijón y Avilés, el compromiso del Estado es que haya una renovación de la red de Cercanías. Cercanías El Plan de Cercanías para Asturias, que fue firmado por el anterior gobierno de Sánchez, está presupuestado con una inversión de 1.500 millones de euros, unos plazos que se extienden hasta el año 2025 en lo que atañe a la renovación de las vías, y uno más para la renovación de la flota. Asturias debería empezar a recibir en 2026 lo primeros trenes, hasta un total de 35, arrancados para el Principado al Ministerio de Transportes tras el escándalo de una demora provocada por un error de diseño. Fue la crisis conocida por los 'trenes que no cabían en los túneles' aunque en realidad nunca llegó a construirse ningún tren defectuoso, el error se descubrió en una fase inicial y en lo que derivó (además de cobrarse las cabezas del presidente de Renfe y la secretaria de Estado de Transportes) fue en un retraso en su construcción con la compensación de que habría más vehículos para el Principado (de 17 a 35) y también que se prolongaría hasta su llegada la gratuidad de los viajes. El lejano Noroeste La esquina noroeste de España padece un acentuado problema de envejecimiento, y también de desatención por parte del Estado en las últimas décadas de la democracia, algo que no ha hecho más que acentuar sus problemas y que sólo de forma muy reciente ha comenzado a recibir atención gracias a la presión ejercida en conjunto por las comunidades de la zona. En enero en Oporto se pondrá la primera piedra de la Macrorregión Atlántica, que pretende sumar un lobby capaz de defender ante las instituciones comunitarias los intereses de los territorios al norte de la cordillera Cantábrica, aliados con el norte de Portugal y Aquitania en Francia. Esta iniciativa debe contar con el impulso del Ejecutivo central. Pero además está ligada directamente al desarrollo del Corredor Atlántico. Vital para la conexión con los ejes estratégicos de transporte de Europa con Asturias y Galicia (que han unido esfuerzos para que así se reconozca), este proyecto acumula un retraso considerable frente a su hermano Mediterráneo muchísimo más avanzado. A los retrasos en planificación y financiación, que deberían corregirse -y de hecho esa ha sido la promesa de La Moncloa- en esta legislatura hasta equipararse, se suman los problemas por falta de interés de Francia por cerrar las conexiones por País Vasco. Y ahí hará falta una implicación diplomática de alto nivel a la que no puede llegar Asturias ni por sola ni en alianza con las otras comunidades. Debe ser la Administración Central quien la defienda. Financiación y deuda La reforma del modelo de financiación autonómica se arrastra desde hace ya varias legislaturas, es un cascabel que nadie se atreve a acercar al gato ya incluso desde la presidencia de Mariano Rajoy y con mayoría absoluta. No es extraño, los intereses de las comunidades autónomas son muy complejos de conciliar y, además, no por ninguna razón de color político. Asturias, por ejemplo, comparte los postulados de Galicia, o de Castilla y León, desde hace décadas, mientras que las peticiones de Madrid se asemejan más a las de Andalucía o Baleares incluso cuando en estos dos territorios había ejecutivos socialistas. A grandes rasgos y simplificando el debate, las comunidades con mayor población y más joven quieren un reparto de ingresos en función del número de habitantes, lo que les beneficiaría, mientras que las envejecidas como Asturias hacen valer que el coste de sus servicios es muy superior y que además su geografía es mucho más complicada. A todo esto se une el debate abierto por la condonación de la deuda del FLA recogida en el acuerdo de investidura entre el gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes, hasta un 20% de la de esa comunidad. El acuerdo recoge textualmente que esta cancelación de deuda deberá ser extensible a las demás, pero no todas parten de la misma situación. La de Asturias serían unos 800 millones de euros pero además en términos porcentuales es mucho menor porque el Principado es de los territorios que mejor ha gestionado su deuda. En este debate, el presidente asturiano, Adrián Barbón ha insistido en que exigirá «equidad» en el trato. Es una cuestión espinosa que protagonizará muchos debates en los próximos cuatro años. No viene el lobo Si el lobo se puede cazar o no ha sido una cuestión que ha separado la pasada legislatura al gobierno central y al autonómico a pesa de compartir el mismo color político. El Ministerio de Transición Ecológica defiende que no se poder cazar y el Principado defiende su sistema de cupos. Como no hay acuerdo y no parece que vaya a haberlo, «no confío en que el Ministerio cambie de criterio con el lobo», dijo Barbón al término del último Consejo de Gobierno, cuando ya se había cerrado la investidura, la decisión quedará en manos de los tribunales, porque el Principado denunció y acudió a la justicia para defender sus tesis.