OVIEDO
La crisis del sector del acero, el elevado coste de la energía y los planes de descarbonización han situado a la industria asturiana en una delicada situación que este año se ha saldado con el traspaso de Alcoa, el cierre de Vesuvius, el recorte de producción de ArcelorMittal y el adelanto de la fecha de cierre de centrales térmicas.
La incertidumbre se ha acrecentado ante el recorte de la nueva subasta de interrumpibilidad eléctrica y el retraso del estatuto de la industria electrointensiva. Los sindicatos y la patronal alzaron la voz ante el riesgo de quiebra de la industria, que en Asturias da empleo a cerca de 50.000 trabajadores, factura más de 13.000 millones de euros y representa el 24% del valor añadido bruto de la región. También se sumó el Principado, que hace pocos días urgía al Ejecutivo en funciones a implementar más medidas de apoyo a las empresas electrointensivas.
La nueva subasta de interrumpibilidad -el mecanismo por el que se bonifica a las grandes consumidoras de energía que están dispuestas a suspender su consumo en caso de necesidad- ha reducido la oferta de los 2.340 megavatios de la anterior a sólo 1.000. También ha suprimido los bloques de 40 MW, que son los que más benefician a las grandes empresas asturianas, como ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o Alu Iberia (antigua Alcoa), que suman cerca de 7.000 puestos de trabajo.
También Asturiana de Zinc, que emplea a 800 personas, anunció una inversión de 100 millones de euros para renovar las naves de electrolisis en su planta de San Juan de Nieva, pese a su dependencia del precio de la energía.
Las térmicas aceleran el cierre
Los nuevos planes de descarbonización impulsados desde España y Europa, inmersas en la batalla contra el CO2 han empujado a las empresas energéticas a rediseñar su estrategia para adaptarse al nuevo escenario, lo que tendrá consecuencias inmediatas por el cierre adelantado de centrales térmicas.
Por el momento y en el caso de Asturias, el Ministerio para la Transición Ecológica ya tiene sobre la mesa la petición de cese de Lada (Iberdrola) y Soto de la Barca (Naturgy), que ya llevan meses sin producir energía, aunque las de EDP en Soto de Ribera y Aboño y la de Hunosa en Mieres continuarán funcionando.
La apuesta europea por la descarbonización parece más decidida que nunca. La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó a finales de año sus planes para elevar la meta de reducción de emisiones contaminantes para 2030, del 40% fijado actualmente hasta al menos un 50% y tendiendo hacia el 55%.
Como contrapartida, y para no mermar la competitividad, la UE habilitará un Plan Europeo de Inversiones Sostenibles así como un Mecanismo de Transición Justa para las regiones carboneras, aunque no será hasta enero cuando se fije la dotación de ambas herramientas.
El Gobierno de España elevó este año las ayudas para compensar los costes de emisiones de CO2 de las empresas industriales de los 91 millones previstos inicialmente a 172. En cambio, no pudo dar luz verde al estatuto electrointensivo por encontrarse en funciones, aunque mantiene su compromiso, y justificó el recorte de la subasta por las objeciones puestas desde la UE a este mecanismo.
Por su parte, el Principado reaccionó al recorte de la subasta dirigiéndose formalmente al ejecutivo central para urgir la aprobación del estatuto como una de las primeras medidas a adoptar en cuanto se forme Gobierno y para reclamar «un aumento sustancial» de las compensaciones por CO2 para reducir los costes a las empresas electrointensivas.
El Principado, que está a la espera de la movilización de los fondos europeos, aseguró que no aceptará que Asturias sea un territorio perdedor en el proceso de transición energética y por ello exigirá que se atienda la problemática específica de la región.
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