martes, 11 de septiembre de 2018

El envejecido Norte se planta!



La Comunidad Valenciana ha conseguido instaurar en España el mensaje de que es la región peor financiada de todas las autonomías del régimen común. Probablemente lo sea y, con el método de cálculo actual, lo es seguro. Sin embargo, cinco de las comunidades mejor financiadas se han unido para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez más recursos. Son Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón y Castilla y León, todas ellas con una financiación por habitante superior a la media nacional.
Los datos actuales invitan a pensar que su demanda está fuera de lugar. En el año 2016 (último ejercicio liquidado), La Rioja obtuvo una financiación por habitante ajustado un 15% superior a la media nacional, mientras que la Comunidad Valenciana estuvo casi nueve puntos por debajo. Según este cálculo, elaborado por Ángel de la Fuente, director de Fedea, no tendría sentido que La Rioja pidiese más recursos.
El quid está en la metodología. El cálculo de la financiación por habitante se ajusta al coste de los servicios en las diferentes regiones. Es evidente que la densidad de población o la orografía del terreno afectan al coste de proveer estos servicios a la ciudadanía. Y también lo es que las regiones más envejecidas tienen un mayor coste sanitario y de dependencia per cápita. Es por ese motivo que la metodología que se utilice para calcular la financiación por habitante ajustado influye decisivamente en el resultado final.
¿Quién garantiza que la Comunidad Valenciana seguirá siendo la peor financiada si se recalcula la fórmula del habitante ajustado? Esto es lo que se plantean las cinco comunidades autónomas que se reunieron el lunes para solicitar al Gobierno un sistema de financiación que tenga en cuenta sus necesidades. A estas cinco se unió también Castilla-La Mancha, aunque, en su caso, sí que está por debajo de la media nacional.
La despoblación y el envejecimiento encarecen los servicios para las comunidades del norte, que son, en teoría, las regiones beneficiadas
Todas ellas tienen dos factores en común que encarecen sus servicios. El primero es la baja densidad de población en todo el territorio y el segundo es el envejecimiento de la ciudadanía. De hecho, el primero es consecuencia del segundo, ya que las regiones del interior se están despoblando a medida que los jóvenes emigran a las grandes ciudades.

Contra la despoblación

Las seis regiones firmaron el lunes una declaración institucional para pedir al Gobierno una reforma de la financiación autonómica que tenga en cuenta las necesidades de gasto y no los recursos totales per cápita. Su argumento es claro: lo importante no es que todas las regiones tengan la misma financiación por habitante, sino que cuenten con los recursos necesarios para proveer los mismos servicios.
De esta forma, las seis regiones dan un giro de 180 grados al debate de los últimos años. Para ellas, lo importante no sería cuánto dinero le corresponde a cada región sino cuántos servicios es capaz de financiar. Estas seis regiones ocupan más de la mitad de la superficie de España (el 52,8%), sin embargo, apenas acogen al 21% de la población nacional. Si quieren proveer unos servicios mínimos en todo su territorio, necesitan muchos ingresos en comparación con el número de habitantes.
Además, se trata de habitantes muy envejecidos, que requieren mayor atención, en especial de sanidad y dependencia, dos de las tres competencias más importantes que financian las comunidades, junto con la educación. Por ejemplo, la edad media de Asturias supera ya los 48 años, mientras que la media nacional está en 43 años, y en Murcia (la segunda comunidad peor financiada con la metodología actual), la edad media cae hasta los 40 años. Una gran diferencia que afecta decisivamente al coste de los servicios públicos.
En la declaración institucional firmada el lunes, estas seis comunidades solicitan al Gobierno que adopte políticas de desarrollo regional para las zonas despobladas, así como una mejora del Fondo de Compensación Interterritorial. Un discurso que se opone de forma frontal al que mantienen actualmente las regiones teóricamente peor financiadas, y que la Comunidad Valenciana lleva años utilizando.
Esta guerra por la financiación autonómica no entiende de colores políticos. El dinero está por encima de todo eso y los partidos lo saben. De las seis comunidades firmantes de la declaración, tres están gobernadas por el PP y otras tres por el PSOE. En el caso de las regiones del PSOE, la declaración tiene todavía más peso, ya que va dirigida a un Gobierno socialista que ha renunciado a abordar la reforma de la financiación autonómica en esta legislatura.

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