El Gobierno quiere liquidar la minería privada este año mediante bajas y prejubilaciones
Los sindicatos rechazan las ayudas sociales a los trabajadores y exigen alternativas reales para mantener el empleo en las comarcas mineras
Acabar este año con el carbón autóctono sin generar alternativas reales para evitar la pérdida de puestos de trabajo. Esta es la intención del Gobierno central, según denunciaron los sindicatos participantes en la reunión celebrada ayer con representantes del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. El borrador presentado por el organismo público no satisfizo las expectativas de los presentes, puesto que no ofrece un futuro para los habitantes de las comarcas mineras, sino que se limita al reparto de ayudas económicas. En cuanto a Hunosa, la negociación de su futuro corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según fuentes de la hullera pública, sus planes están perfilados, pero aún no se han negociado con los sindicatos.
El documento presentado ayer en Madrid «habla del cierre desordenado y abrupto de la minería a cambio de prejubilar a unos y despedir a otros», criticó el secretario general de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi. Asimismo, lamentó «la falta de compromiso político» del Gobierno de Sánchez por la ausencia tanto de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como del secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. El Ejecutivo cierra así las puertas a una negociación con la Unión Europea (UE) para intentar prorrogar la devolución de las ayudas por parte de las minas rentables más allá del 31 de diciembre.
Esta es la fecha límite que establece la Decisión 2010/787 para el cese de las explotaciones no competitivas. De hecho, los sindicatos piden al Gobierno que solicite a Europa flexibilidad para reintegrar esas cantidades y dar así una opción de continuidad a las minas. En este sentido, Alperi llamó la atención sobre la ausencia de referencias a la minería competitiva en el documento redactado por el Instituto, «cuando está claro que se va a seguir quemando carbón». Porque una de las líneas rojas puestas por los sindicatos es el mantenimiento del mineral autóctono en el mix energético nacional.
Dos tipos de subsidios
En el 'Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras', el Gobierno asume el «alto nivel» de dependencia económica de la industria minera del carbón en Asturias, Castilla y León y Aragón y entiende «urgente y esencial» paliar la repercusión inminente del cierre de aquellas minas no competitivas. Para ello, ofrece dos tipos de ayudas de carácter social. La primera consiste en bajas indemnizadas voluntarias para evitar la salida traumática de aquellos trabajadores que permanezcan en las labores de restauración y clausura de las explotaciones.
La segunda línea de ayudas incluye prejubilaciones, a las que podrán acogerse aquellos trabajadores que tengan cincuenta años o más, al menos tres años de antigüedad en la empresa así como un mínimo de nueve cotizados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. La extinción de sus contratos además deberá llevarse a efecto antes del 31 de diciembre. Estas ayudas se complementarán con aquellas que se incluirán en el Plan de Acción Urgente en Transición Justa 2018-2021, «a consensuar con las comunidades, las entidades locales y los actores sociales». Así las cosas, el futuro para las explotaciones asturianas «se ha cerrado casi de un portazo», indicó el responsable del área de minería de la Federación de Industria de CC OO en Asturias, Jaime Martínez Caliero, también presente en la reunión celebrada en Madrid.
El representante sindical no descartó que se produzcan movilizaciones si el Gobierno persiste en esta postura. «Nunca vamos a ser partícipes del cierre de empresas si hay alternativas», apuntó. Pero la realidad de las explotaciones privadas de la región -Carbonar, Uminsa y Astur Leonesa- no es positiva. Carbonar, en concurso de acreedores, explota un pozo en Vega de Rengos (Narcea). Tiene 47 empleados propios, aunque cerca del 80% están afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Por su parte, Unión Minera del Norte (Uminsa), en la misma situación concursal, cuenta con 27 trabajadores en plantilla y otros tantos de contrata en el pozo de Pilotuerto (Tineo), mientras que la Compañía Minera Astur Leonesa, en Cerredo (Degaña), tiene 180 empleados y 69 de contrata. La administración concursal de esta última anunció en agosto que dejará sin ejecutar el ERE de extinción hasta que se sepa si existe una solución de futuro. USO, en cambio, consideró el documento «esperanzador, pero insuficiente», por lo que requirió mejoras para que «una mayor parte de trabajadores de la minería del carbón pueden verse beneficiados por este acuerdo».
El 21 de septiembre está convocada una nueva reunión entre los sindicatos y el Instituto.
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