La descarbonización destruyó en Asturias más de mil empleos directos en dos años
Puestos asociados a térmicas y minas desaparecen, pero las actividades alternativas no se darán hasta «el medio o largo plazo»
La previsión era cambiar de manera progresiva de un modelo productivo ligado al carbón hacia una economía sostenible que hiciera uso de energías renovables y medidas de eficiencia energética. Los empleos no se destruirían sino que serían compensados con la creación de nuevos puestos de trabajo ligados a las renovables. Sin embargo, el fin de la extracción del carbón y la desconexión de las centrales térmicas del mismo mineral han supuesto para Asturias la destrucción de más de 1.100 empleos solo en los dos últimos años. Un impacto que, de momento, no está siendo mitigado.
Así se desprende del informe realizado por la Comisión de Evaluación del Impacto de la Transición Energética en la región, en el que han participado tanto el Gobierno central como el autonómico, así como agentes económicos y sociales. En este se incide en que aunque se pueda crear empleo por las oportunidades que se abren en sectores industriales emergentes relacionados con la transición, «ello ocurrirá en el medio y el largo plazo» mientras que en el corto se darán «efectos negativos en pérdida de empleo». Ese impacto ya se deja sentir en el mercado laboral asturiano.
Si nos retrotraemos a la llegada de Gregorio Rabanal al cargo de presidente de Hunosa, la plantilla de la hullera ascendía a 1.051 trabajadores, mientras que ahora se queda en 700. Con la obligación de cierre de las minas del carbón, en el suroccidente asturiano se perdieron también 380 empleos –200 en Cerredo y 180 en la mina de Cangas–. Respecto a los empleos en las centrales térmicas del carbón, Lada contaba en junio de 2018, con 90 puestos directos y 125 de auxiliares, mientras que Soto de la Barca, en Tineo, en la misma fecha tenía 90 trabajadores directos y 150 de subcontratas.
El personal de plantilla será recolocado –no así el de auxiliares–, pero muy probablemente fuera de Asturias. De momento no hay alternativas para esas zonas. La única esperanza en el corto plazo es la actividad que se derivará del desmantelamiento de las térmicas.
Ahora en todas esas instalaciones apenas quedan media docena de trabajadores en funciones de mantenimiento o realizando labores de cierre. Mientras, la cantidad de empleos inducidos perdidos en esas comarcas podría superar los 2.500.
Pese a que la hullera pública trabaja ahora para reinventarse, el plan de Hunosa 2019-2027 contempla prejubilar a la mitad de la plantilla hasta 2023. El grueso de prejubilaciones, alrededor de 400, tienen lugar entre el año pasado y el próximo y otro centenar en los dos ejercicios siguientes. No son salidas traumáticas, pero sí empleos que desaparecen.
Otros trabajadores no ven ningún plan de futuro. Es el caso de los empleados de las subcontratas, que no se pueden acoger a los mismos beneficios que las plantillas de las explotaciones mineras. Algo que también les pasa a los de las auxiliares de las térmicas, sin posibilidad de recolocación.
Para otros en esas centrales, trabajadores de Naturgy o Iberdrola, la alternativa pasa por hacer las maletas. De momento, las eléctricas no han presentado proyectos alternativos para Langreo y Tineo con lo que tampoco hay opciones claras de empleo. Según los acuerdos firmados con el ministerio, las empresas deben recolocar a sus trabajadores fijos –muchos de Naturgy ya se han trasladado a otras comunidades– mientras que los indirectos deben ser contratados para las tareas de desmantelamiento y también para los nuevos proyectos que se desarrollen en las centrales. Todo queda en el aire.
Una de las oportunidades que tiene la región para relanzar la nueva economía son los fondos de transición. Por ello, la Consejería de Industria insiste en que el objetivo es que la cantidad que perciba España se incremente al máximo posible y que Asturias «sea una de las regiones más beneficiadas» en el reparto. Desde el Ejecutivo regional son conscientes de que estamos en una de las zonas «más perjudicadas»por el proceso de descarbonización. El problema es que, como pasó con los fondos mineros, el dinero recibido no siempre se materializa en actividad económica.
En el estudio de la Comisión de Evaluación se señala que la minería del carbón en el año 2017 mantuvo su actividad extractiva y representó el 39% de la producción de energía primaria–369.295 toneladas de hulla y 180.000 de antracita–. El carbón representa «casi la mitad de la energía primaria producida en Asturias, un rasgo único si se compara con otras regiones de España».
Un problema distinto es el de la garantía de suministro con el fin de la era del carbón. Según arroja el estudio, Asturias cuenta, en el ámbito de la generación eléctrica, con una alta capacidad que en 2017 ascendía a 4.574 MW, basada en las térmicas (2.222 MW operativos en 2017).
La comisión cree que el cierre de las centrales del carbón no podrá ser compensado con la nueva generación prevista, aunque pone de relieve recursos como la biomasa, el hidrógeno, la eólica 'offshore' o la geotermia. Así, pese al crecimiento esperado de renovables, no llegarán a generar la potencia instalada de las térmicas.
Respecto al empleo 'verde', está presente en la región pero pierde la característica de estable que tenía hasta ahora. Un ejemplo de ello son los últimos contratos firmados por Iberdrola por 200 millones de euros con seis empresas asturianas para llevar a cabo nuevos proyectos de renovables y redes eléctricas.
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