Wenceslao López liga al «cambio de color político» la acusación por prevaricación de la Fiscalía
El exalcalde asegura que el escrito es «una broma de mal gusto» y Rubén Rosón denuncia un «uso partidista de la justicia» por parte del PP
«No se sostiene ninguno de sus puntos», «sus motivaciones son falsas», «no tienen base alguna» y «lo que han presentado es improcedente». Hasta en cuatro ocasiones, el portavoz del Grupo Municipal Socialista y exalcalde de Oviedo, Wenceslao López, negó ayer los hechos que la Fiscalía del Principado de Asturias le imputa tanto a él como a nueve ediles más del equipo de gobierno tripartito (PSOE, Somos Oviedo e IU), que presidió hasta hace apenas un año por la autorización del Mercáu de la Gascuña en 2018, y para los que han solicitado «una pena máxima de noventa años (nueve para cada uno)», aseguro, de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público «en corporaciones locales» por un delito de prevaricación.
López fue más allá y achacó a cuestiones políticas el contenido del escrito de acusación: «Ese mercado ya existía con anteriores gobiernos; sin embargo, con nosotros ha acabado en la Fiscalía», matizó. «El hecho de haber cambiado de color del equipo de gobierno ha hecho que la misma actividad cambiase de legal a ilegal y de no punible a punible», reiteró el ex primer edil. Un escrito, el de la Fiscalía, «plagado de incongruencias e imprecisiones», enfatizó, y que ejemplificó cuestionándose que si «los hechos son contrarios a a la ordenanza de venta ambulante de 2005, ¿por qué no se actúa en el mismo evento que se produjo años anteriores?» bajo el liderazgo de Agustín Iglesias Caunedo, concluyó.
A su lado, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, el resto de concejales acusados de su formación, Ana Rivas, Marisa Ponga y Ricardo Fernández. «Estamos perplejos y sentimos inseguridad, es una broma de mal gusto», y más, aventuró López, «con lo que ha llovido en este Ayuntamiento en el que se han tirado a la basura 300 millones de euros en veinticinco años», recordó.
En ese sentido, el Ministerio Fiscal sostiene que López y sus concejales de gobierno autorizaron la cita -a celebrar el primer domingo de cada mes- «atendiendo a su mera voluntad personal, con pleno conocimiento de actuar al margen de la legalidad y en contra de los informes técnicos que figuraban en el expediente administrativo, todos ellos contrarios». Además, también advierten que lo hicieron «sin motivar mínimamente la razón que les llevaba a concederla y sin otro fundamento que el designio inevitable de autorizar a toda costa el evento».
«La Fiscalía está diciendo que hemos perdido la conciencia de lo que es y significa la gestión pública, lamentó el socialista. «Los informes técnicos no eran negativos, y ningún técnico expresó que fuese necesario motivar la celebración del mercado», señaló. «Estaba motivado en sí mismo en torno a la artesanía, los productos asturianos y ecológicos, y se celebraba en Oviedo, no en Barcelona», apostilló López.
El código ético del PSOE
Por otra parte, el líder del PSOE ovetense también criticó las «formas» de la Fiscalía, al haber «hecho público» el contenido de la acusación y las penas sin que los acusados lo hubiesen recibido previamente. Eso sí, aclaró, «cuando recibamos el documento, lo pondremos en manos del partido para que este actúe en consecuencia. El PSOE tiene un código ético que hemos asumido (y que incluye dimisión en caso de apertura de juicio oral) y el partido dirá».
Por su parte, el concejal de Somos, Rubén Rosón, incidió en que la decisión judicial obedece a una «utilización partidista de la justicia» por parte del PP. Por eso, no dudó en calificar la denuncia, que ha derivado en este nuevo proceso, que ya había sido archivado hasta en dos ocasiones, de «política», y defendió que el Mercáu de la Gascuña se venía celebrando desde 2012 con «las mismas características».
Más esquemático fue el exconcejal de Contratación, Iván Álvarez (IU), al manifestar que si bien «este tema lleva dando vueltas mucho tiempo y debe esclarecerse jurídicamente para concluir cuanto antes», «seguimos confiando en la justicia». Por eso, expuso, «no dudamos en un final acorde con los hechos», razonó.
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