El 23 de abril de 2014, el diputado Álvaro Anchuelo (UPyD) anticipó el actual debate sobre las pensiones. No fue el único, pero sí el primero en llevar una propuesta formal al Congreso -en forma de proposición no de ley- para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo por el alza de los precios. Pinchó en hueso.
La mayoría absoluta del PP rechazó la idea de elaborar un IPC específico de pensionistas en función de sus hábitos de consumo. O lo que es lo mismo, que se tuvieran en cuenta las características de la cesta de la compra de los jubilados a la hora de hacer la revisión anual de las pensiones y evitar, de esta manera, que los precios erosionen la capacidad de compra de los pensionistas. Ni el PSOE, ni la Izquierda Plural de Joan Coscubiela, ni la antigua CiU de Carles Campuzano, vieron necesario ese IPC de mayores.
“La situación respecto del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones ha empeorado con la última reforma de las pensionesintroducida unilateralmente por el Gobierno”, dijo de forma premonitoriael economista Anchuelo. “Esta reforma”, concluyó, “va a dar lugar a un incremento mínimo de las pensiones, prácticamente una congelación, camuflada temporalmente por la baja subida de precios, cercana a la deflación”.
Cuatro años después de aquella intervención en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, la actualización de las pensiones ha estallado. Y, de hecho, ha entrado en la agenda política como un misil que amenazacon descargar toda su potencia en la línea de flotación del electorado principal del PP.
¿Qué pasaría si se elabora un IPC específico para los pensionistas? Lo primero que hay que hay que decir es que si estuviera disponible los pensionistas hubieran perdido algo de poder adquisitivo entre 2014 y 2016. Es decir, los tres primeros años desde la entrada en vigor del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP).
Vivienda y alimentos
Hay que tener en cuenta que, a la luz de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), más de la mitad del gasto de los mayores de 65 años se destina a dos partidas: vivienda (38,67%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (17,04%). En total, un 55,71%. Ahora bien, detrás de la rúbrica vivienda no está solo el coste del alquiler (aunque sea autoimputado en caso de tratarse de una vivienda en propiedad), sino también el gasto en agua, gas, electricidad o cualquier otro combustible necesario para calentar la casa.
Pues bien, entre 2014 y 2016 esas rúbricas han crecido de forma muy heterogénea, sin que se pueda observar un patrón muy definido. La vivienda y el resto de productos asociados, por ejemplo, cayeron en 2016 un 4,2%, mientras que el IPC general descendió un 0,2% en media anual. Es decir, los pensionistas, de contar con un IPC específico, hubieran perdido poder adquisitivo. No hubiera ocurrido así en el caso de los alimentos, que tanto en 2015 como en 2016 subieron más que el IPC. Por encima del 1,2% en ambos casos.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que tampoco el gasto en alimentación es homogéneo. Y, de hecho, la propensión al consumo se concentra en los no elaborados, que son los que más han subido en los últimos años frente a los alimentos elaborados. Un ejemplo. El IPC general (con base 100 en 2016) se ha situado el pasado mes de febrero en el 102,2 puntos, pero es que en el caso de los alimentos no elaborados se ha alcanzado el nivel de 104 puntos, lo que supone que los productos más consumidos por los mayores de 65 años han subido casi el doble.
En 2017, sucedió algo distinto. Los alimentos (media anual) crecieron un 1,2%, por debajo del 2% en el conjunto de productos que componen la cesta de la compra. Por el contrario, la vivienda se encareció un 3,9% el año pasado (básicamente por el aumento del gas y la electricidad), muy por encima del 2% que creció la inflación.
Un factor de inestabilidad
Esto significa que un IPC de pensionistas se comportaría de forma muy irregular, lo cual sería un factor de inestabilidad para hogares con rentas muy precarias. Habría años, incluso, en que el Gobierno de turno debería rebajar la nómina del pensionista, algo que ningún Gobierno se ha atrevido a hacer por razones obvias. Ni siquiera a finales de los años 90, cuando el IPC (todavía indicador para la revalorización de las pensiones) fue inferior a la subida concedida con anterioridad a modo de pago a cuenta.
¿Quiere decir esto que el IPC es el mejor indicador para actualizar las pensiones? Depende. Hay que tener en cuenta que los precios no son elásticos a la variación de las rentas. Es decir, que si fallece el cónyuge que recibía la pensión, el superviviente cobra una pensión de viudedad sensiblemente inferior -el 52% de la cuantía de la base reguladora-, pero ni la luz, ni el gas, ni el agua, ni otros costes que soporta la vivienda -tampoco el recibo del IBI u otras tasas y tributos-, se ajustan a la nueva realidad económica.
O expresado de otra forma: los gastos fijos en bienes de primera necesidad (como el mantenimiento del hogar o los impuestos aparejados a la vivienda) no son sensibles a la caída de las rentas que se produce cuando fallece uno de los cónyuges. Los gastos en vivienda, como se ha dicho, representan casi el 40% de la cesta de la comprar de un jubilado, y es la mayor partida de los hogares sustentados por mayores de 65 años, como ponen de relieve los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero es que en el caso de los viudas/viudos llegan a representar el 53%. Es decir, que algo más de uno de cada dos euros que ingresan se va solo al mantenimiento del hogar.
Ese porcentaje es sensiblemente superior al que realiza el conjunto de los hogares. La Encuesta de Presupuestos Familiares muestra que el gasto medio en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles equivalía en (últimos datos publicados) a 8.706 euros, lo que representa el 31% del presupuesto total del hogar. Es decir, casi nueve puntos menos que en el caso de los hogares con un sustentador principal con más de 65 años. O nada menos que 22 puntos por debajo cuando solo hay un pensionista.
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