En cierto modo, Franco también era un tapón. De la misma manera en que los recursos judiciales para impedir la exhumación del dictador, los planteados por su familia, su fundación e incluso por partidos de ultra derecha como Vox, han llegado de forma inane hasta la víspera del proceso este jueves; también ha habido bloqueos y resistencias de todo tipo para impedir que se materialicen los reconocimientos con sentencia firme para que comiencen las exhumaciones de las personas que han solicitado que los restos de sus familiares que reposan contra su voluntad en el Valle de los Caídos y que han solicitado su salida.
La cifra de asturianos que se encuentran en esta situación es conocida y consta en un listado oficial elaborado por el Ministerio de Justicia. Son 1.162 asturianos los que se encuentran en las capillas de la basílica que ha servido de mausoleo al dictador, entre ellos los de cuatro mujeres (y es algo singular) y ahora esperan que la salida definitiva de los restos de Franco hacia el cementerio de Mingorrubio facilite de alguna manera cada uno de sus casos.
Así lo destacó el abogado Eduar Ranz quien resaltó el caso de Aquilino Baragaño, natural de Langreo y que falleció en Salas en abril de 1937. Baragaño fue herido en combate y capturado por el ejército sublevado en la guerra en Asturias y tras su captura fue llevado a un hospital del que nunca salió vivo. En principio fue enterrado en el cementerio de La Barrosa, en Castrillón, pero en 1959 su cuerpo fue exhumado y trasladado al Valle de los Caídos. En 2008, su nieta Maribel Luna Baragaño comenzó el proceso legal para que sus restos regresaran a Asturias. «El caso de Aquilino comenzó con el de los hermanos Lapeña, también conocido en Aragón, fueron simultáneos y ahora mismo ambos tienen el reconocimiento de derecho a exhumar pendiente de la actuación material. A las familias ya se les ha tomado el ADN desde el Instituto de Toxicología del Ministerio de Justicia y están pendientes de una decisión del Consejo de Patrimonio Nacional de empezar los trabajos propiamente de extracción de la caja donde se encuentras los restos»; explicó Ranz.
El abogado indicó que la salida definitiva del dictador prevista para este jueves, «puede ayudar en facilitar las cosas ante el bloqueo de la Iglesia; el decreto de exhumación de Franco es un argumento legal más para fortalecer las exhumaciones del Valle pero desde luego lo que no es de recibo es que el Consejo de Patrimonio Nacional pueda más que el consejo de ministros, por tanto entendemos que falta lo más importante que es materializar los trabajos de exhumación, de extracción».
Y es que las familias de las personas cuyos restos fueron traslados al Valle durante la dictadura en un acto de propagando del régimen se han encontrado con muchos obstáculos, algunos recientes. «Por parte del presidente, no del Consejo, del presidente de Patrimonio Nacional hay una sospechosa actuación de bloqueo que nos ha retrasado un par de años. Lo último que hemos conocido es que, pese a que hay un informe en clave continuista de la exhumación no nos dan traslado de ese informe porque consideran que hay que pedir una aclaración. Pero la aclaración es respecto de otra capilla, no la de Aquilino Baragaño», señaló Ranz.
En diferentes criptas del Valle de los Caídos están enterradas 33.833 personas, de la que 12.410 son de identidad desconocida. Fue a finales de la década de los 50 del siglo pasado cuando el régimen reclamó que llegaran restos de combatientes de ambos bandos para ser trasladados al Valle de los Caídos, en muchos casos, los cadáveres procedentes de fosas comunes, se hacían sin aclarar su identidad y también, aunque se supiera, sin el permiso de las familias.
Muchos años después de la llegada de la democracia varios de ellos emprendieron acciones legales para recuperar los restos de sus familiares y, aunque obtuvieron el respaldo de los tribunales, también se encontraron con la firme oposición de los monjes de la basílica. El hecho de que finalmente esta semana vaya a cumplirse la salida de Franco, y que el prior haya tenido que doblegarse a los decretos del Gobierno y el asintimiento de la jerarquía eclesial, podría facilitar las extracciones de muchas de las personas enterradas allí contra su voluntad.
Lo cierto es que la propia abadía reconoció en estos años que desconocía el número exacto de restos que albergaba. Están registrados los de 33.833 personas, víctimas de ambos lados de la contienda, que desde 1959 hasta 1983 fueron llevados en 491 traslados desde fosas y cementerios de todas las provincias de España, salvo Orense, La Coruña, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Del total, 21.423 solo están identificados.
El listado publicado incluye el nombre y los dos apellidos de los fallecidos enterrados en el mausoleo, su género y la provincia de la que proceden. De Madrid hay 4.083 muertos cerca de Franco. Le siguen Tarragona con 3.902 y Zaragoza con 3.691. Luego hay 2.346 de Teruel, según ese recuento Asturias con más de 1.000, como Lleida y Castellón, aparece justo detrás.
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