San Cibrao (Lugo) es un pueblo de la costa cantábrica de Galicia conocido por dos cosas. La primera es la fiesta de la Maruxaina, que se celebra en agosto. La leyenda cuenta que la Maruxaina es una sirena que habita en un castillo submarino y que atrae a los marineros; según estos, para avisarles de los peligros de la mar; según sus esposas, para hechizarlos y que se pierdan y pasen el resto de su vida con ella. Los marineros la traen de noche en una barca a una playa iluminada por antorchas y faroles, donde se la juzga: si se la declara inocente, se la indulta; y si resulta culpable, se la quema. Y al final se celebra una gran queimada, como no puede ser menos.

Alcoa se gastó 14 millones de euros en 2019 en el ERE de sus plantas de Avilés y La Coruña
La segunda cosa por la que es conocido San Cibrao es la única planta de Alcoa que queda en España tras la venta de las de A Coruña y Avilés al fondo suizo Parter Capital este verano. El grueso de la población de la comarca depende, directa o indirectamente, de la fábrica, pero la multinacional norteamericana del aluminio ha amenazado con cerrarla debido al alto coste de la luz en España: fabricar aluminio requiere mucha energía (es lo que se conoce como actividad electrointensiva). Lo cual ha provocado el lógico estallido social y la intervención de los Gobiernos regional y nacional.
Y la cosa tiene muy mal arreglo. Según fuentes de primer nivel del sector eléctrico, solo hay dos soluciones, y las dos son casi imposibles de aplicar. Para entenderlas, hay que saber que Alcoa lleva años recibiendo una especie de subvención encubierta del Estado bajo una figura que se llama interrumpibilidad. Esto consiste en que algunos clientes están dispuestos a no tener el suministro asegurado los 365 días (a que se les pueda cortar la luz, vamos) a cambio de un menor precio del kilowatio/hora.
En la práctica, es un subterfugio en España es difícil que se corte la luz porque existe un exceso de capacidad (salvo catástrofe natural). Y la Comisión Europea, además, quiere desterrar cualquier privilegio que suene a ayuda de Estado, por lo que ha exigido que el precio de la luz para este sistema se fije en una subasta de mercado para no considerarla ayuda de Estado.
Y ahí ha llegado el problema: hay muchos grandes consumidores como Alcoa que quieren esa rebaja a cambio de aceptar la interrumpibilidad pero casi ninguna eléctrica dispuesta a concederla (porque no les compensa dado el exceso de capacidad). El resultado es que la subasta de diciembre arrojó que el precio que tiene que pagar Alcoa por la luz es mucho más alto, con lo que ha desparecido la rebaja de la que disfrutaba históricamente. Con esta factura no le salen las cuentas, por lo que amenaza con cerrar su única planta en España.

OPCIÓN 1: SUBVENCIÓN PÚBLICA

La primera solución posible a este entuerto sería darle la subvención sin disimulos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, olvidarse de la interrumpibilidad y hacer lo mismo que se ha hecho con tantas empresas industriales en el pasado. Pero eso tiene dos grandes obstáculos. El primero es que España no está como para más alegrías presupuestarias con el actual incumplimiento de los objetivos de déficit y en plena desaceleración de la economía. El segundo y más importante es que eso sí sería una ayuda de Estado como una catedral y Bruselas jamás lo permitiría.

OPCIÓN 2: QUE ALCOA NO PAGUE LOS "COSTES"

La segunda opción sería introducir esta subvención en el recibo de la luz de todos los españoles. ¿Cómo se podría hacer? Mediante una parte de nuestra enrevesada factura que se conoce como "costes", donde se incluyen las primas a las renovables, el déficit de tarifa acumulado durante años (porque costaba más producir la electricidad de lo que se pagaba por ella) y la insularidad, es decir, que los habitantes de las islas paguen el mismo precio que los de la península. La idea sería eximir a Alcoa de pagar esta parte del recibo, lo que le supondría una importante rebaja del precio de la luz.
De nuevo, aquí hay problemas casi insalvables. Por un lado, el presidente del regulador del mercado eléctrico (la CNMC, Comisión Nacional de Mercados y Competencia), José María Marín Quemada, se niega en redondo a transigir con esta medida porque supondría una evidente distorsión de la competencia y un trato de favor a un consumidor. Por otro, una de las principales pretensiones de Unidas Podemos es acabar con la pobreza energética, lo que requiere bajar la factura de la luz para el ciudadano de a pie... y con esta medida se le estaría subiendo al tener que pagar los costes que Alcoa se ahorraría (alguien tiene que asumirlos).
En consecuencia, la situación es muy difícil de solucionar y algunas de las fuentes consultadas consideran que la única salida para mantener los 1.145 empleos directos (y los miles de indirectos) en San Cibrao sería la venta de la planta como las de A Coruña y Avilés. Y si no se consigue encontrar un comprador, el cierre sería inevitable. La Maruxaina volvería a tener muchos marineros a los que hechizar.