La UE anuncia que su plan de descarbonización hará justicia con «los mineros asturianos»
La Comisión propone un fondo de 7.500 millones hasta 2027, que se integra en el Pacto Verde con el que pretende movilizar un billón de euros
«Lo que estamos haciendo es un mensaje para los mineros del carbón en Asturias, Macedonia Oeste o Silesia». Así inició ayer el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, la presentación en el Parlamento Europeo del «Mecanismo de Transición Justa» con el que el Ejecutivo comunitario pretende ayudar a las regiones más afectadas por la descarbonización, entre ellas el Principado. El Ejecutivo comunitario aspira a movilizar un billón de euros públicos y privados en la próxima década dentro de su Pacto Verde, con el que quiere convertir al continente en neutro en carbono en 2050 y, dentro de este ambicioso plan, se integra un Fondo de Transición Justa de 7.500 millones de euros, que espera que llegue a los territorios en el periodo 2021-2027.
Con la presentación ante los eurodiputados en Estrasburgo se inicia así un proceso legislativo complejo, que requiere ahora de la intervención del Parlamento Europeo y del Consejo, que tendrán que presentar sus enmiendas. Los plazos pasan por lograr un acuerdo en el seno de ambos organismos en el primer semestre de este año y dejar el segundo para conseguir dar con la propuesta final. Sin embargo, todo apunta a que será una negociación muy difícil. Los choques de intereses son habituales entre los 28, pero en este caso pueden serlo aún más, aunque ya sea sin Reino Unido.El proyecto de la Comisión tendrá que enfrentarse a las reticencias de los países del este de Europa, los más dependientes del carbón -Polonia ni siquiera se ha comprometido con el objetivo de neutralidad para 2050-, pero también a otros que temen ver perjudicadas sus regiones en beneficio de las de los antiguos estados comunistas. Otro problema es que esa propuesta está directamente vinculada con una batalla que aún está abierta: la del presupuesto de la UE para el período 2021-2027, que tendría que destinar el 25% de sus fondos al plan. Lo que implica hacer ingeniería y reducir el dinero que se dedica hoy a fondos agrícolas, de cohesión o estructurales. Además, choca con los recelos de los contribuidores netos -aquellos que proporcionan al presupuesto de la UE más dinero del que reciben-, puesto que la Comisión reclama 7.500 millones adicionales para ese nuevo Fondo de Transición Justa, a los que se sumarían una parte de los fondos de cohesión -estructurales y sociales- que reciba cada país y aportaciones de los presupuestos estatales. Cada socio del club deberá aportar un euro por cada euro que salga de esa bolsa de ayuda común, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo Plus, «además de proporcionar recursos adicionales». En función de las contribuciones nacionales, se podrían movilizar entre 30.000 y 50.000 millones de euros en siete años en forma de subvenciones.
Criterios esctrictos
Los recursos económicos del Fondo de Transición Justa se otorgarían mediante criterios estrictos, para «garantizar» que «se destinen a las regiones que enfrentan los mayores retos», explicó a los periodistas la comisaria de Política Regional, Elisa Ferreira. Según las claves del memorándum con el que la Comisión detalla su proyecto, Asturias sería candidata en varios frentes, ya que habla de territorios afectados por el fin de las minas, con alta presencia de industria electrointensiva o dependientes de generación eléctrica procedente del carbón.
Más allá de esos 7.500 millones del nuevo fondo, el mecanismo que lo engloba aspira a movilizar para las regiones afectadas 100.000 millones hasta 2027, que se elevan a 143.000 en una década, más de un 10% de ese billón que calcula la Comisión que podría tener que dedicarse para cumplir sus objetivos de descarbonización. Se prevé, así, que unos 485.000 millones de las inversiones salgan del presupuesto comunitario, mientras que el plan 'InvestEU' -sucesor del llamado Plan Juncker- movilice unos 279.000 en apoyo a proyectos ecológicos, sobre todo del sector privado. Otros 115.000 millones se esperan de la cofinanciación de los fondos estructurales y el resto del Banco Europeo de Inversiones (BEI), reconvertido en un 'banco climático'
«El Mecanismo para una Transición Justa contribuirá a apoyar a los más afectados. Este es nuestro compromiso de solidaridad y equidad», defendió Frans Timmermans, que tras la referencia a los mineros asturianos aseguró que saben que «afrontan un camino más empinado hacia la neutralidad climática y que, aunque la perspectiva de un futuro más limpio puede ser bienvenida, el camino hoy parece abrumador (...). La UE está con vosotros en la transición», recalcó.
El eurodiputado asturiano, Jonás Fernández, que intervino durante el pleno, agradeció esa referencia a Asturias, «una región -explicó- que lleva sufriendo desde hace décadas» distintos ajustes y que ahora le toca hacer frente a «un nuevo reto para dar una respuesta a la lucha contra el cambio climático». En este sentido, reclamó ante los comisarios y el resto de eurodiputados un «proceso pautado, equilibrado y que garantice la igualdad de todos los ciudadanos». Aprovechó también la ocasión de pedir un «ajuste en frontera para el carbono, cuanto primero mejor».
Fernández, que se mostró satisfecho con el planteamiento de la Comisión, que llegó menos de cien días después de tomar posesión sus nuevos responsables, reconoce, sin embargo, que el camino que ahora se inicia será complejo y que hay muchos aspectos sobre los que trabajar, entre ellos, aseguró definir mejor qué regiones pueden optar a los fondos, dado que la descripción del reglamento es «demasiado generalista». También apuntó la necesidad de que territorios con rentas per cápita por encima de la media no se acaben beneficiando de fondos que pueden ser más necesarios en otras zonas en pos de la igualdad de los ciudadanos comunitarios.
Aunque el camino es complejo, el objetivo es que las primeras partidas puedan llegar a regiones como Asturias en primavera del año que viene, pero para ello habrá que actuar con diligencia y celeridad, ya que hay que elaborar planes de transición justa regionales y que estos se integren en los planes nacionales para que reciban el visto bueno posterior de la Comisión Europea.
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