Belarmina Diaz, todo un....CASO

60.000 toneladas de carbón y una gestión bajo sospecha: el Caso Belarmina Díaz Pieza central del sistema minero asturiano durante más de un lustro, su dimisión deja atrás un rastro de preguntas sin despejar. Por Ismael Juárez Pérez 3 mayo 2025 Belarmina Díaz. Foto: Kike Gallart Recomendados Ismael Juárez Pérez Ismael Juárez Pérez Graduado en Periodismo. Ha escrito en La Voz de Avilés, Atlántica XXII, El Norte de Castilla y El Salto. Fue coeditor y redactor en la revista de cortometrajes Cortosfera. Arranca el L.E.V 3 mayo 2025 Universu Damián 3 mayo 2025 60.000 toneladas de carbón y una gestión bajo sospecha: el Caso Belarmina Díaz 3 mayo 2025 “La Historia es la mayor creación literaria conocida” 3 mayo 2025 La dimisión de Belarmina Díaz tras el accidente mortal en la mina de Zarreú no ha cerrado las dudas que envuelven su gestión como máxima responsable de Minas en Asturias durante siete años. Permisos tramitados sin controles básicos, minas reabiertas por la puerta de atrás, sin devolución de ayudas públicas, y un entorno familiar bajo sospecha, abren la puerta a un posible entramado de decisiones que hoy cuestiona la oposición política, los medios y la ciudadanía. Belarmina Díaz, o “Miny”, como también es conocida, es ingeniera de minas y fue profesora de la Universidad de Oviedo antes de incorporarse a la administración asturiana. En 2017, asumió la Dirección General de Minería y Energía del Principado, convirtiéndose en una de las voces técnicas y políticas más influyentes en el sector minero regional. Su gestión fue caracterizada por un fuerte control sobre los procedimientos, según testimonios de funcionarios que señalan que “ningún papel se movía sin que ella lo supiera”. Su gestión fue caracterizada por un fuerte control sobre los procedimientos, según testimonios de funcionarios que señalan que “ningún papel se movía sin que ella lo supiera” En enero de 2018, en una entrevista con el diario El Comercio, Díaz sostuvo que las ayudas europeas al cierre de minas estaban ligadas a las empresas que las habían recibido, no a los yacimientos en sí. Esta doctrina permitía, en la práctica, que un nuevo empresario pudiera reabrir una explotación cerrada con subvenciones sin devolver un solo euro al Estado. Una interpretación que generó fuertes críticas desde sectores ecologistas, que la calificaron de “invitación al fraude”. Tres años más tarde, la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética refutaría explícitamente esa posición. Su artículo 29 establece que cualquier reapertura o autorización de actividad minera en unidades cerradas con ayudas deberá ir precedida de la devolución íntegra de las subvenciones, más los intereses generados. La norma, además, ordena que el Instituto para la Transición Justa y las comunidades autónomas velen conjuntamente por su cumplimiento. Zarréu: la mina que destapó la caja de Pandora El 31 de marzo de 2025 una explosión en la mina de Zarréu operada por Blue Solving, se saldó con cinco trabajadores muertos y cuatro heridos graves. La tragedia destapó una cadena de presuntas irregularidades administrativas. Blue Solving operaba bajo un permiso de “investigación complementaria”, una figura que, según fuentes internas del sector consultadas por este medio, no está contemplada en la legislación minera vigente. Técnicos y antiguos funcionarios sostienen que dicha figura no existe legalmente y que su aplicación carece de respaldo normativo conocido, por lo que se trataría de un “traje a medida” de empresa para reabrir por la puerta de atrás la explotación. Adriana Lastra, Adrián Barbón y Belarmina Díaz a su llega a la mina. Según estas mismas fuentes, la creación de este permiso se habría justificado en un informe interno elaborado por la Secretaría General Técnica de la Consejería, cuya existencia ha sido mencionada por personas conocedoras del procedimiento, pero que no ha sido publicado ni ha trascendido su contenido. En intervenciones recientes, la entonces consejera Belarmina Díaz se refirió a “acopio y recuperación” de material minero, no a extracción. Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, afirmó en una entrevista que la empresa contaba con una “licencia de investigación complementaria” para evaluar la posibilidad de extraer nuevos materiales, aunque en el área donde se produjo el accidente solo estaba autorizada a retirar material, no a realizar actividades extractivas ni de investigación. Las alarmas ya habían saltado La autorización fue tramitada en solo 33 días, sin plan de labores ni plan de gestión de residuos, algo insólito en el sector. Según la normativa vigente, un permiso de investigación permite únicamente la realización de sondeos y la extracción limitada de material con fines analíticos, nunca con fines comerciales. No obstante, tras la explosión, las inspecciones detectaron frentes mineros abiertos y estructuras de sostenimiento, propias de una actividad extractiva real. Un informe interno de la Dirección General de Energía y Minería del Principado ya había advertido en 2022 de “indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada” en esta misma mina, entonces gestionada por la empresa Combustibles Asturiana y Leonesa, vinculada familiarmente a la actual Blue Solving. El documento, redactado tras un accidente laboral con resultado de muerte en el exterior de la mina, señalaba que el carbón transportado procedía de una zona para la que “no existía autorización de explotación” y recomendaba abrir expediente a la empresa. Este informe también recogía graves deficiencias en seguridad y organización laboral. En aquel momento, Belarmina Díaz ya estaba al frente de la Dirección General. La cantidad de 60.000 toneladas “con fines de ensayo o análisis” resulta inusual para los fines que cubre un permiso de investigación y apuntan más bien a una manera encubierta de autorizar la extracción de carbón en una mina cerrada, apuntan fuentes consultadas por NORTES. Los altos precios del carbón en el mercado harían hoy rentable esta explotación. Proyecto de Investigación Complementario Grupo Cerredo Piso 1º y autorización de Prueba Industrial Los hechos confirmados ayudan a acotar el contexto. Blue Solving no presentó plan de labores ni de gestión de residuos. El permiso fue tramitado de forma excepcionalmente rápida, en apenas 33 días. Las inspecciones tras el accidente encontraron evidencias de labores extractivas incompatibles con un permiso de investigación. Y en 2022 ya existía un informe técnico que advertía de extracciones no autorizadas en esa misma mina. Más preguntas que respuestas Pero hay otras piezas que siguen sin encajar. No se ha determinado si la extracción fue sistemática y deliberada, ni si el permiso fue utilizado como cobertura para una explotación encubierta. Tampoco está claro si hubo fallos de supervisión o decisiones administrativas que facilitaron este escenario. Las evidencias reveladas hasta ahora apuntan a un uso anómalo de las herramientas administrativas destinadas a la investigación minera. Aunque la calificación jurídica de los hechos aún está pendiente, el caso ya refleja una preocupante falta de control en la gestión pública. Las consecuencias superan el marco local y afectan al modelo de supervisión minera en su conjunto. Porque, en cualquier caso, ¿qué se pretendía hacer con las 60.000 toneladas de carbón? El mercado del carbón: un negocio que no desapareció Aunque el cierre oficial de las minas subvencionadas puso fin a gran parte de la producción nacional, el mercado del carbón en España sigue activo en nichos específicos como la calefacción doméstica y ciertos sectores industriales. La antracita, por su alto poder calorífico, continúa siendo uno de los productos más demandados. Según datos del Banco Mundial, el precio internacional del carbón térmico australiano —referencia global— superó los 400 dólares por tonelada durante gran parte de 2022. Plataformas comerciales como Alibaba llegaron a registrar precios de entre 440 y 450 USD por tonelada para antracita en ese mismo periodo. En el ámbito nacional, algunos distribuidores en Asturias reportaron precios de venta al público que llegaron hasta los 700 y 800 euros por tonelada en 2022, especialmente en el mercado doméstico de calefacción. Estas cifras, impulsadas por la guerra en Ucrania y la crisis energética europea, revalorizaron el carbón almacenado y cualquier vía de suministro local. Contexto de opacidad en el mercado del carbón En paralelo, diversos informes han advertido sobre prácticas irregulares vinculadas al comercio y la trazabilidad del carbón. El informe “Las heridas del carbón” (Greenpeace, 2019) denuncia la falta de control en la cadena de suministro del carbón importado en España. El estudio del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) sobre la minería del carbón en España en 2016 también alude a las dificultades de supervisión y al uso ineficiente de ayudas públicas. Aunque estos documentos no se centran en la extracción interna reciente, sí evidencian un contexto de opacidad en el sector. A ello se suman casos documentados de extracción irregular. Además de Zarréu, la mina La Camocha (Gijón) fue objeto de una condena en 2017 por fraude en subvenciones tras simular producción nacional con mineral adquirido externamente. La existencia de permisos de investigación activos o títulos mineros sin explotación efectiva, pero vinculados a operaciones logísticas o de mezcla, plantea dudas sobre cómo se justifica el movimiento de material en este mercado. El carbón procedente de explotaciones con permisos limitados puede, una vez mezclado con mineral importado o reciclado, acabar en el mercado sin dejar huella clara de su origen Estas circunstancias, combinadas con una demanda persistente, incentivos económicos elevados y un marco administrativo poco claro, permiten entender cómo la extracción no autorizada podría integrarse en circuitos de comercialización legal. El carbón procedente de explotaciones con permisos limitados puede, una vez mezclado con mineral importado o reciclado, acabar en el mercado sin dejar huella clara de su origen. Sin poder confirmar estos extremos, en cualquier caso, todo ello abre dudas sobre la eficacia de los controles actuales, la responsabilidad institucional en la supervisión de las operaciones y los límites reales entre legalidad, permisividad e ilegalidad en el negocio del carbón en España. Una empresa fundada por el hermano Como ya ha planteado este medio, a las preguntas sin responder y los lados oscuros del caso Zarréu se suma un contexto familiar que plantea nuevos interrogantes sobre la gestión pública durante los años en que Belarmina Díaz estuvo al frente de la Dirección General de Minería del Principado. Rafael Murillo Quirós, ingeniero de minas y esposo de la exconsejera, deberá declarar como testigo en el juicio por supuestos sobornos vinculados a Duro Felguera, caso instruido por la Audiencia Nacional. Murillo fue directivo de esa empresa hasta 2016, año en que reorientó su carrera profesional. Se doctoró con una tesis sobre minería y geotermia codirigida por su esposa y pasó a colaborar con Ogwe Consulting, firma fundada por el hermano de Belarmina Díaz, José Ignacio Díaz Aguado. Rafael Murillo, esposo de Belarmina Díaz y directivo de Ogwe Consulting. La consultora obtuvo su primer contrato público en 2018. Aunque modesto —4.200 euros para un plan de acción comercial con la Fundación Santa Bárbara—, sería el inicio de una relación más estrecha con la empresa estatal HUNOSA, subvencionada a través de varias convocatorias por el departamento de Belarmina Díaz. En 2021, Ogwe recibió un contrato por 60.984 euros para asesorar en financiación de proyectos, mediante procedimiento negociado sin publicidad. Ese mismo año, HUNOSA recibió una subvención pública de más de 1,1 millones de euros para iniciativas de transición energética, y Murillo fue contratado como asesor en la empresa. Otros contratos bajo lupa En paralelo, Ogwe Consulting fue adjudicataria de un contrato por 105.600 euros para asesoría en energía limpia y economía circular. Aunque se convocó un proceso abierto, la empresa compitió con otra firma de mayor experiencia, que presentó una oferta económica más baja y un equipo de cinco personas. Ogwe fue elegida con un único currículum. El informe técnico justificó esta decisión alegando que “se podría considerar una ventaja que en un mismo perfil se concentre la parte técnica y económica”. Mina de Zarréu En 2023, Ogwe volvió a ser seleccionada para un contrato de 110.400 euros vinculado al proyecto de transformación de la central térmica de La Pereda. En total, la suma de adjudicaciones públicas asciende a 276.984 euros. La web de la empresa muestra un mapa mundial sin contenido funcional y Google indica que la oficina está cerrada de forma permanente. En la Plataforma de Contratación del Sector Público, su único cliente registrado es HUNOSA. ¿Cómo responder a todas estas preguntas? La coincidencia temporal entre los cargos de Murillo y Díaz, la conexión familiar directa con el fundador de la consultora y el volumen acumulado de adjudicaciones han sido señalados por distintos grupos parlamentarios como un posible conflicto de intereses. Aunque no se ha demostrado trato de favor, la opacidad y la falta de mecanismos de control efectivo vuelven a situar la ética pública en el centro del debate. ¿Qué mecanismos de supervisión pueden evitar que la proximidad familiar se convierta en una puerta trasera para influir en decisiones públicas? Por otro lado, Belarmina Díaz ha sido llamada a declarar próximamente como testigo en un juicio por falsedad documental que afecta a uno de sus colaboradores, el jefe de servicio de Minería. Su dimisión llegó poco antes de la comisión parlamentaria de investigación impulsada tras el accidente de Zarreú. Díaz asegura que la Consejería cumplió con sus funciones y que si hubo delito, debe atribuirse exclusivamente a la empresa. El caso Zarreú ha dejado a la luz no solo un fallo en la seguridad minera, sino una red de contradicciones administrativas, decisiones sin supervisión y posibles beneficios cruzados entre la gestión pública y los intereses privados de su entorno más cercano. Belarmina Díaz, pieza central del sistema minero asturiano durante más de un lustro, deja atrás un rastro de preguntas que ni su dimisión ni su testimonio han logrado despejar. La investigación, política y judicial, apenas ha comenzado.