Cuando las barbas de tu vecino.....

Inicia sesión La nacionalización del acero se normaliza en Europa Luis Ordóñez L.O. ASTURIAS Después de que el Reino Unido tomara el control de una planta para no perder la siderurgia integral, en Francia surgen voces que llaman a la intervención de la central de Mittal en Dunkerke 17 may 2025 . Actualizado a las 05:00 h. Comentar · Cosas que hace apenas un lustro se consideraban herejías entre el consenso económico liberal europeo (principalmente respecto al recurso a la deuda y además a deuda común) se han ido normalizado a golpe de crisis. Primero con la pandemia, con la compra conjunta de vacunas y los fondos de recuperación, pero en el presente más aún con la inestabilidad provocado por el segundo mandato de Donald Trump que ha arruinado la alianza trasatlántica y llevado a la UE a lanzar un plan de rearme con enorme impacto en Asturias, por ejemplo. ¿Puede ser al acero, y en concreto, la asunción del control de la siderurgia por parte de los estados dado su valor estratégico el próximo tabú en caer? Hay señales de que podría ser así. En Europa, aunque fuera de la UE, el pasado mes de abril el gobierno británico tomó el control de la planta de Scunthorpe, que era propiedad de una empresa china para no perder la capacidad de producir acero, de fabricarlo, no sólo de elaborar productos de esta materia. A eso se refiere precisamente el debate en Asturias cuando se habla de la siderurgia integral en relación a los planes de ArcelorMittal sobre sus factorías en el Principado. Y es que en Asturias, mientras el proyecto del horno eléctrico en Gijón avanza con pasos firmes y se considera ya consolidado, no ocurre lo mismo con la planta de DRI (reducción directa del hierro), una instalación clave para garantizar una producción de acero integral. La iniciativa sigue e en el aire debido a las dudas de la multinacional sobre los precios de la energía verde, en concreto el hidrógeno, en España. La planta de DRI cuenta con todos los permisos administrativos y con una ayuda europea superior a los 400 millones de euros. Sin embargo, la empresa mantiene sus reservas, lo que ha generado un amplio debate en el ámbito político e industrial sobre el futuro de la siderurgia en Asturias y, por extensión, en España. La preocupación por la viabilidad del proyecto ha llevado a algunos sectores a plantear alternativas como una posible intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en alianza con empresas privadas, para asumir el control de la planta y garantizar su desarrollo. Esta semana, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó en Asturias que la actividad siderúrgica tiene que continuar en activo porque la producción de acero es una cuestión estratégica para el país, aunque tenga que ser a través de la intervención del Estado. «Europa necesita acero, España también, y parece razonable que un sector estratégico se mantenga con una intervención directa del Estado o buscando empresas que estén en condiciones de poder asumir la gestión», dijo el líder de UGT, en la clausura del XVI Congreso de su organización sindical en Asturias. Este debate sobre las plantas asturianas ha sido solo parcialmente eclipsado por la guerra comercial y arancelaria iniciada por Donald Trump, que ha afectado al contexto internacional del acero. No obstante, en Bruselas, varios responsables comunitarios observan con inquietud lo que consideran una estrategia dilatoria de ArcelorMittal y de la familia Mittal para obtener condiciones más ventajosas. Al mismo tiempo, crece el temor a una posible pérdida de autonomía productiva en un sector considerado estratégico para la industria europea. Ese ese mismo temor el que ha despertado un encendido debate en Francia sobre la posibilidad de nacionalizar la planta de Dunkerke, también perteneciente a Mittal. La amenaza de la multinacional de suprimir 636 empleos en Francia (295 de ellos en la siderurgia del norte del país) ha provocado una fuerte reacción política y social, incluyendo demandas de nacionalización provenientes tanto de parlamentarios de izquierda como de la derecha. La manifestación del pasado 1 de mayo en Hauts-de-France congregó a miles de personas en apoyo a los trabajadores, con llamadas explícitas a la intervención por parte del Estado. El sindicato CGT advirtió que el cierre tendría consecuencias devastadoras para el tejido industrial local, y dio al Gobierno un plazo de dos meses para tomar medidas. Sin embargo, lo cierto es que el Ejecutivo galo ha descartado la opción de nacionalizar. El ministro de Industria y Energía, Marc Ferracci, afirmó que no consideraba la intervención como la solución más adecuada, dado que, en su opinión, existen vías industriales viables como la inversión y la innovación. A pesar de ello, el respaldo parlamentario a la nacionalización incluye voces de la derecha, que consideran estratégica la continuidad de la siderurgia. Ferracci defendió que las nacionalizaciones sólo se justifican ante la falta de alternativas industriales, lo cual, dijo, no ocurre da en este caso. Los apoyos estatales a ArcelorMittal también han generado controversia. En 2023, el grupo recibió 298 millones de euros en ayudas públicas, incluidos 195 millones en subvenciones energéticas. El senador comunista Fabien Gay criticó duramente esta política de subvenciones mientras se destruyen empleos, cuestionando el sentido de apoyar a una empresa que podría estar desmantelando capacidades industriales. Ferracci, no obstante, defendió que las ayudas están condicionadas a inversiones y gastos en I+D, y no deben considerarse como entregas sin retorno. El Gobierno insiste en la importancia estratégica de la siderurgia para sectores clave como el automovilístico, la defensa y la aeronáutica. En ese marco, ArcelorMittal ha recibido en Francia un total de 850 millones de euros para proyectos de descarbonización. El ministro galo subrayó que el verdadero desafío es lograr que la empresa refuerce su inversión en plantas como la de Dunkerque. Además, señaló la necesidad de una respuesta europea frente a la competencia desleal, especialmente del acero chino, para garantizar la viabilidad del sector siderúrgico en Francia a largo plazo.